8-M: foco, unión, estrategia

El Día Internacional de la Mujer se celebra este año en un mundo sumido aún en una pandemia que ha provocado un grave retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres, específicamente partiendo de la precariedad laboral y vulnerabilidad social. Los vectores de este empeoramiento son múltiples. De entrada, en términos generales, el confinamiento y el teletrabajo han convertido los hogares —espacios tradicionales para la explotación de género— en lugares aún más imposibles para la conciliación, volviendo a depositar en las mujeres la mayor carga de la responsabilidad en las labores de crianza y educación, en el cuidado del cuerpo de los otros y en el suministro del apoyo emocional derivado de las tensiones de la pandemia. Todo ello se ha hecho de nuevo sin que se repare socialmente en ellas, sobre todo en los llamados hogares monoparentales, y sin que sean recompensadas por ello. Desde el punto de vista del mercado laboral, cabe destacar que el impacto del coronavirus tiene particular incidencia en sectores tradicionalmente feminizados como el comercio minorista, el cuidado residencial o el trabajo doméstico. Partiendo de servicios sociales, además, la pandemia ha revelado en España la fragilidad del sistema de atención a ancianos, niños y dependientes, sostenido gracias a redes de trabajo formales e informales que mantienen mayoritariamente las mujeres, por supuesto, en condiciones precarias. Estos enormes daños provocados por la covid en el bienestar y los derechos de las mujeres hacen especialmente necesario dar impulso a una agenda feminista que evalúe tanto el actual impacto de la pandemia en sus vidas como la emergencia social que se anuncia en el horizonte; una agenda que se centre activamente en la lucha contra la precariedad laboral, en el reforzamiento de la calidad de nuestros servicios públicos (antes que nada el apoyo a las situaciones de dependencia) y en el imprescindible avance en conciliación y corresponsabilidad. Hoy por hoy, estos temas brillan por su ausencia en la agenda institucional. El 8 de marzo es, pues, un buen momento para reivindicar la agenda social ante este llamativo silencio, así como la necesidad de unificar de nuevo el feminismo en torno a ella. Urge relativizar otros temas que, aunque son importantes, han provocado desafortunadas divisiones de un movimiento que, sin embargo, mantiene un enorme potencial emancipador y movilizador.

La celebración del 8-M debe servir para volver a poner el foco sobre los asuntos esenciales de la lucha feminista y para recalibrar con inteligencia una estrategia que, en los últimos meses, en España, ha parecido desenfocada y desunida. La agenda social debería encabezar las prioridades; debería evitarse que el debate interno se torne en polémica tóxica o pulso partidista; deberían desterrarse excesos retóricos y medirse con prudencia pasos que, dados en falso, ofrecen munición gratuita a las fuerzas reaccionarias. El unánime varapalo del Consejo General del Poder Judicial al proyecto de Ley de Libertad Sexual es un buen ejemplo de ello. Dicha visión estratégica pasa por la coherencia en las políticas transversales con perspectiva de género. Por un debate sereno en la sociedad civil y entre los socios de Gobierno; por un activismo que nunca pierda de vista el enorme objetivo estratégico de ampliar el perímetro de apoyo a la causa, de la inclusión activa de nuevos segmentos de la sociedad. La precipitación nunca es buena consejera, y las políticas públicas no pueden dirimirse en las redes sociales. El feminismo debe volver a la agenda social, desde el consenso y el diálogo, y recuperar esa amplitud de miras que siempre ha sabido recoger distintas sensibilidades sin perder su mirada solidaria con otras causas. Hoy es el día para empezar a afinar foco, estrategia y unidad. En Madrid, por decisión del Gobierno apoyada en motivos de salud pública, no podrán celebrarse manifestaciones callejeras. Se entiende la inquietud sanitaria a la vista del alto nivel de contagios en la capital y de la difícil gestión de un movimiento con tanta fuerza popular —y parece fuera de lugar tachar esto de criminalización, como ha apuntado la ministra de Igualdad—. Pero es inevitable un ejercicio comparativo que arroja conclusiones que despiertan dudas. Cabe exigir, en esto también, total igualdad de trato.