El mercado de la electricidad en España precisa ajustes para reducir el coste para los hogares

La fuerte subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista registrada en estos días ha vuelto a poner en el centro del debate público la cuestión de posibles reformas en el sector. Es positiva la renovada atención de los políticos a variaciones en el precio de los bienes y servicios esenciales. Menos lo es la aproximación simplista y con sabor de aprovechamiento partidista que a veces se hace del asunto.

La subida actual del precio tiene varios factores. Por un lado, el aumento excepcional de la demanda vinculado a las bajas temperaturas. Por otro, en cuanto a la oferta, la ausencia de generación por las fuentes energéticas más baratas, las renovables como el viento o el sol. Cuando no se utilizan esas fuentes, se quema gas, en las centrales de ciclo combinado, o en última instancia carbón. El precio del gas ha subido de forma significativa estos días, en gran medida por la menor oferta derivada de los problemas de suministro de Argelia, pero también por el aumento de la demanda en todo el mundo. Por último, también se han visto elevados los pagos que han de realizar las compañías eléctricas por las emisiones de CO2. No parece que haya anomalías en esto. Sobre todo, la subida coyuntural no es el problema mayor ni el prisma mejor para abordar la cuestión; es precisa una observación sobre los elementos estructurales del mercado.

La electricidad es un servicio básico. Forma parte de cualquier patrón de consumo y de la estructura de costes esenciales de cualquier empresa. Las variaciones en su precio impactan en mayor medida en las familias con rentas bajas y las empresas pequeñas y medianas. Una mirada comparativa ofrece pistas interesantes. España, según datos de Eurostat, fue el quinto país de la UE con el precio más elevado de electricidad para hogares en el primer semestre de 2020. Está, en cambio, por debajo de la media europea en el precio para otros usuarios. El segmento que incide mucho en el mal dato del precio para hogares es la parte impositiva, siendo España el tercer país de la UE con mayor carga. Es esta realidad de fondo en la que se debe fijar la atención. No tiene sentido acusar a los Gobiernos de turno —como ocurre ahora y ocurrió a la inversa en el pasado— de las fluctuaciones de mercado. Hay que buscar soluciones estructurales.

El Gobierno esgrime que en los últimos años el coste ha bajado un 40%. Pero ello no evita el mal lugar de España en la comparativa europea. Toca por tanto seguir mejorando. En ese sentido, no parece una solución eficaz apostar por un actor público en el sector, como plantea el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos. Es cierto que otros países europeos los tienen; pero no es evidente que esto de por sí abarate costes. Otras vías parecen más razonables. Por un lado, revisar el segmento impositivo que pesa sobre la factura. Por otro, tiene rasgos interesantes el plan del Gobierno para crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretende repartir el peso del apoyo a las renovables en todo el mercado energético y no solo en la factura eléctrica. Pueden considerarse aspectos regulatorios, inspirándose en otros modelos europeos, y debe vigilarse la competencia, por ejemplo entre comercializadoras en el segmento del mercado abierto. Es un debate muy importante para el país. Hay que afrontarlo, manteniendo como estrella polar el avance de las energías verdes, y a ser posible sin partidismos de escaso recorrido.