Una hoja de ruta para la era covid

La pandemia está golpeando de forma severa a millones de personas en todo el mundo. Pero impacta también con igual vehemencia a las fuerzas que conforman las sociedades contemporáneas. Los procesos de digitalización de la economía y de la vida social se aceleran; la globalización y sus líneas de suministros se alteran; el papel del Estado se redefine; la lucha contra el cambio climático se reconfigura, por ejemplo, con los inesperados fondos disponibles en la UE como parte de la respuesta a la crisis, la desigualdad corre el riesgo de dispararse. Naturalmente, estas circunstancias están en un segundo plano ante la prioridad absoluta: la protección de la salud de las personas. Y, en este sentido, las vacunas se despliegan como una promesa de salvación. Pero la inmunización al virus no detendrá de por sí todas las alteraciones en los procesos socioeconómicos, que también tienen un grave impacto. Los efectos de la pandemia sobrevivirán a la crisis sanitaria.

El elemento más inquietante de todos estos desarrollos es el riesgo de un grave incremento de la desigualdad. Esta condición por encima de otras —la sensación de amplias capas de las sociedades occidentales de haber salido perdiendo en las últimas décadas, subyugadas por las élites y abandonadas por la política— es la que ha provocado las grandes desestabilizaciones del último quinquenio, desde el Brexit al trumpismo. Ahora, distintos factores amenazan con exacerbar esa desigualdad. Las clases desfavorecidas son las más expuestas al virus al estar empleadas por lo general en actividades de carácter presencial o al tener peores condiciones habitacionales; son más expuestas también a las turbulencias del mercado laboral o a la disrupción de los servicios educativos; en paralelo, son las menos capacitadas para adaptarse a la digitalización del trabajo.

Las democracias liberales deben entender y asumir que desatender esta lacra representaría no solo una inaceptable injusticia desde el punto de vista moral, sino también la alimentación de una bomba de relojería con potencial desestabilizador. Es a la vez justa y pragmática una vigorosa intervención para compensar esos desequilibrios, disolver ese malestar, hacer sentir a esa parte preocupada y desafecta de la sociedad que no es víctima del cambio, sino parte de él —y que en él hay una promesa para cada cual—. Una promesa de oportunidad, de ascensor social, de premio al esfuerzo, al mérito, a la honradez.

La cohesión social no es solo moralmente deseable; es el puntal de las democracias liberales animadas por un capitalismo decente. Por ello, este periódico ha respaldado iniciativas como el ingreso mínimo vital o sólidos esquemas de ERTE. En cuanto haya remitido lo peor de la tormenta económica, por tanto, resultará oportuno reanudar la senda ascendente del salario mínimo y elevar moderadamente la recaudación fiscal para acercar a España a la media europea. Es preciso sostener mejores servicios públicos que defiendan esa cohesión social, con la educación en lugar destacado.

El papel del Estado tiene en esta etapa una importancia extraordinaria. Además de sostener a los desfavorecidos, debe apoyar al sector privado en una crisis de causas exógenas. Este último es el gran generador de prosperidad y deben propiciarse las condiciones para que así sea. Pero algo ha fallado por el lado de la redistribución y de la garantía de oportunidades para todos. Está en el interés del sector privado facilitar la reducción de la precarización. La apuesta por la construcción del Estado de bienestar en el siglo pasado puede inspirar el camino. En Europa, algunos lo construyeron por convicción; otros, por miedo al avance del comunismo. En cualquier caso, generó un ciclo virtuoso de prosperidad y adhesión. Ese camino debe reanudarse, para sintonizarlo al tiempo moderno. Para adecuarlo a la era covid, que no terminará con la inyección de la última dosis de vacuna. Lo contrario es sembrar el terreno para cataclismos políticos peores que Trump o el Brexit.