Recuperación, si la crispación no lo impide

El mundo tiene ahora mejor pinta, a pesar de que la renovación de las amenazas derivadas de la nueva ola de contagios y a la reciente mutación del virus en las últimas semanas del año han nublado las evidencias estadísticas de recuperación de las principales economías en el tercer trimestre del año, la española incluida. Sin menoscabo de los daños sobre la salud de las personas, que seguirán siendo significativos, los estrictamente económicos durante estos meses finales se añadirán a un balance desolador para el conjunto del año. Asumir esas dificultades sobrevenidas no puede, sin embargo, limitar la percepción de elementos en el entorno internacional inequívocamente favorables a la recuperación del crecimiento y del empleo. Su completo aprovechamiento requerirá, en el caso de nuestro país, una voluntad de concertación política muy distante de los enfrentamientos que siguen dominando la gestión de la propia pandemia.

La economía española, en mayor medida que la mayoría de las avanzadas, desde luego de aquellas con las que comparte moneda, banco central y la mayoría de sus intercambios, despedirá este año con una contracción sin precedentes en el valor de su producción de bienes y servicios. Las razones que explican ese sufrimiento diferencial son ampliamente asumidas: un contagio y confinamiento prematuros, una estructura productiva basada en los servicios más afectados por las restricciones a la movilidad, un censo empresarial dominado por microempresas con unas reducidas defensas frente a desplomes de la demanda y, no menos importante, una escasa capacidad de maniobra de las finanzas públicas para compensar esos daños. En consecuencia, y también en mayor medida que el resto, la recuperación de nuestra economía depende de que el entorno internacional sea más propicio al crecimiento. Y 2021 inicia su andadura con fundamentos para que así sea.

La posibilidad de neutralizar la propagación del virus es la más importante de esas palancas. La disposición de vacunas en menos de un año, la diversidad de dichas vacunas y el aumento de la población que cree en su eficacia, además de fortalecer la confianza en el progreso científico, asientan unas expectativas más favorables. Sus efectos empezarán a percibirse en la primera mitad del año, de forma más clara en los países desarrollados, como ya están señalando algunos indicadores adelantados, que reflejan las intenciones de los agentes económicos, y en las correspondientes previsiones de crecimiento para 2021.

La anticipación de un entorno geopolítico menos adverso que el vigente hasta ahora es otra de las circunstancias favorables. Está estrechamente asociada al relevo en la presidencia de EE UU y a la reducción de incertidumbre sobre las condiciones de salida de la UE del Reino Unido. De la primera puede deducirse, además de las decisiones de estímulo ya convenidas, una mayor normalización en los flujos de comercio internacional y un respeto a las organizaciones multilaterales, como la OMC o la OMS. Pero también el retorno al Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático. Los términos acordados para el Brexit, por su parte, permiten despejar importantes incógnitas sobre aspectos centrales para las economías del resto de Europa, la nuestra incluida.

El tercer fundamento que permite anticipar un horizonte menos adverso es la inequívoca disposición de las instituciones europeas a evitar males peores a los observados. El BCE ha dado señales suficientes de que mantendrá la adecuación de sus decisiones a ese propósito favoreciendo la disposición de liquidez suficiente y un nivel reducido de los tipos de interés, que encuentran respaldo adicional para seguir haciéndolo en la ausencia de inflación en el conjunto del área. La flexibilidad de las reglas de disciplina presupuestaria o la amplitud de las posibilidades de inversión asociadas al nuevo esquema de presupuestación plurianual de la propia Comisión seguirán complementando el papel de la política monetaria. La instrumentación en los próximos años del fondo Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros, es la manifestación más explícita de ese empeño, pero también lo es de los cimientos de una unión fiscal. A ello, es de rigor admitirlo, han contribuido las propuestas del Gobierno español.

La economía española es una de las potencialmente más favorecidas por esas decisiones. En primer lugar, porque, además de ser la que más ha sufrido la recesión, es la que más necesita del apoyo financiero externo. En segundo, porque las condiciones de acceso a este, en especial a la financiación de los fondos europeos, no son muy distintas a las que deberían presidir la reconstrucción y transformación de nuestra economía con el fin de reducir las vulnerabilidades que ahora se han puesto de manifiesto. Acelerar la transición energética y la digitalización son las dos grandes prioridades de esas inversiones europeas llamadas a contribuir a la modernización de las economías receptoras. La nuestra puede recibir unos 140.000 millones de euros, más de la mitad en concepto de transferencias. La primera de las condiciones asociadas a la normal disposición de esos recursos es un riguroso sistema de asignación y un mecanismo de gobernación eficiente y transparente. La segunda es su acompañamiento con un plan de acción a medio plazo que, además de incorporar un catálogo de reformas que amplifiquen los efectos de las inversiones, favorezcan ese objetivo de modernización. Junto a ello, sería muy conveniente la concreción de un plan de reducción a medio plazo del déficit y de la deuda pública, no necesariamente mediante políticas de austeridad a ultranza. Esas condiciones puede y debe garantizarlas el Gobierno en ejercicio, pero sus favorables efectos sobre las instituciones europeas y sobre los inversores privados, españoles y extranjeros, se verían notablemente fortalecidos si tuvieran un mayor respaldo político. Comprometer que, con independencia de quien gobierne, esas reformas y planes de saneamiento de las finanzas públicas se mantendrán contribuiría a fortalecer las credenciales de la economía española y a reducir la incertidumbre.

Es mucho lo que está en juego. El BCE no dispondrá siempre de la capacidad para abaratar los costes de financiación privada y pública de nuestra economía, hasta el límite de esos tipos de interés negativos y una prima de riesgo en mínimos de la deuda pública con los que despedimos el año. Las contribuciones de la Comisión, por su parte, pueden ser amplificadas por la inversión privada si se acierta a transmitir la credibilidad necesaria. Y eso requiere un amplio respaldo político a esas intenciones para modernizar este país, al mismo tiempo que frenar el más severo deterioro de las condiciones de vida de amplios segmentos de la población.

Las oportunidades son suficientemente explícitas como para que la legítima confrontación política no ponga en riesgo ese propósito más inmediato de aprovechamiento de un entorno que difícilmente volverá a tener una conformación tan favorable para España, para alejar los riesgos de quedar marginada del progreso que presidirá Europa. No dejaría de ser cuando menos paradójico que la mayor cooperación entre los países constituya uno de los fundamentos de la recuperación global y en el seno del nuestro fuéramos incapaces de articularla para recuperar los destrozos de la mayor crisis desde la Gran Depresión y evitar un mayor avance de la pobreza.

Emilio Ontiveros es presidente de Afi.