Alivio para Assange

La justicia británica ha denegado en primera instancia la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, al que Washington acusa de varios delitos contra la seguridad del Estado que le podrían acarrear penas de hasta 175 años de cárcel. Assange lleva ya una década en su rocambolesca peripecia con la justicia, primero la sueca por un presunto delito de violación, luego la británica por saltarse las restricciones de su libertad provisional y finalmente la estadounidense por violación de la legislación sobre espionaje. La magistrada británica ha rechazado la extradición alegando el riesgo de suicidio del preso si fuera trasladado a cárceles de alta seguridad estadounidenses, pero ha descartado los argumentos de la defensa según los que el caso tiene carácter político y el juicio en EE UU hubiese sido injusto. También ha considerado que las acciones que se le reprochan, si se probaran en los términos descritos por la acusación, serían delictivas bajo los parámetros del derecho británico. Esto es el corazón del asunto que tendría que juzgarse en EE UU; un caso que se mueve en la frontera entre la protección de la seguridad nacional y la libertad de expresión reconocida por la primera enmienda de la Constitución.

Assange no es exactamente un periodista, a pesar de que se haya asociado en distintas ocasiones con medios profesionales —incluido EL PAÍS— para difundir sus filtraciones. De hecho, es un aventurero con escaso sentido de la responsabilidad, especialmente con praxis de publicación temerarias que han puesto en peligro a fuentes que dialogaban con la diplomacia de EE UU en países con regímenes autoritarios feroces. Su asociación con Putin, sus intervenciones en el conflicto catalán o su auxilio a la ofensiva contra Hillary Clinton en el pulso electoral con Donald Trump le han procurado justificadas antipatías. Pero ninguna de estas actividades tiene que ver con las graves imputaciones por las que Washington pide su extradición, precisamente con Trump de presidente.

Pese a sus polémicas conductas en varias circunstancias, resulta sumamente inquietante la voluntad de la Fiscalía de Trump de encuadrar sus filtraciones bajo acusaciones de espionaje y de atentados a la seguridad del Estado. Al contrario, la denuncia de malas prácticas militares en Irak sirvió para mejorar al Ejército de EE UU y su difusión constituye un buen ejemplo del papel de control de los medios sobre los Gobiernos. La resolución conocida ayer puede ser recurrida. Las autoridades estadounidenses han anunciado que lo harán. Independientemente de cuál sea la decisión de segunda instancia de los tribunales británicos, sería adecuado por parte de la nueva Administración de Biden modificar el rumbo acusatorio y alejarlo de una senda que proyecta una espesa sombra sobre la libertad de ejercer el periodismo en EE UU.