El deterioro de la democracia en Polonia

Las imágenes de la violenta carga de la policía y de agentes de paisano contra los manifestantes pacíficos del movimiento Huelga de Mujeres (Strajk Kobiet) el miércoles pasado en Varsovia no parecen sacadas en una capital de la Unión Europea, sino en la de Bielorrusia, en Minsk. Los participantes en la marcha protestaban contra la reforma de la ley del aborto. El Tribunal Constitucional (remodelado para estar al servicio del actual Gobierno) ha decidido invalidar la constitucionalidad, hasta ahora vigente, del acceso al aborto por “defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto”. Si alguien no ha seguido las noticias de Polonia en los últimos cinco años, esas imágenes del pasado miércoles dan una idea del tremendo deterioro que ha sufrido su sistema político.

A la vista de todo lo ocurrido en este tiempo, no debería sorprender el sonoro veto del Gobierno polaco (junto con el de Hungría y el reciente apoyo de Eslovenia) al acuerdo sobre las perspectivas financieras y el fondo de recuperación de la UE. Recordemos que este veto responde a la decisión del Parlamento Europeo de vincular el desembolso de los fondos al cumplimiento de las reglas del Estado de derecho, siguiendo las pautas políticas marcadas por el Consejo Europeo el pasado verano.

Desde la llegada en 2015 al Gobierno del partido Justicia y Libertad (PiS), el orden constitucional en Polonia está siendo desmontado pieza a pieza, y los derechos de las minorías y principios de la democracia liberal están siendo pisoteados. Los gobernantes de Polonia son perfectamente conscientes de que ya no cumplen los criterios políticos de Copenhague, la condición indispensable para adherirse a la UE: atacan y vulneran las instituciones que garantizan la democracia, violan sistemáticamente el Estado de derecho. El respeto a los derechos humanos y la protección de las minorías brillan por su ausencia. Y no hace falta enfatizar que las condiciones que se aceptaron en el proceso de ampliación no han perdido su vigencia, y de ahí que todos los países miembros, sin excepción, están obligados a cumplirlas.

La UE ha intentado influir y corregir la deriva autoritaria del Gobierno del PiS, por la vía del artículo 7 del Tratado de la Unión, es decir, por la posibilidad que este artículo otorga de suspender el derecho de voto. Pero este instrumento no es suficiente para disuadir a los dirigentes de Polonia, porque requiere unanimidad. Sin embargo, vincular el desembolso de los fondos al control del cumplimiento del Estado de derecho, haría la supervisión de la UE mucho más eficaz, y esto es precisamente lo que el Gobierno polaco quiere evitar a toda costa. Incluso a costa de pauperizar a sus ciudadanos y de bloquear los recursos que necesitan otros países de la UE afectados por la pandemia. ¡Menudo despliegue de solidaridad por parte de uno de los grandes beneficiarios netos de los fondos europeos!

La UE no puede ceder ante este chantaje. Tiene que mantener su credibilidad como el mayor espacio del Estado de derecho, la base misma de su gran influencia en el mundo. Por eso, la Unión no puede tolerar a Gobiernos que se apartan sistemáticamente de los compromisos adquiridos en su proceso de adhesión. Sobre todo, no puede fallar a los millones de demócratas polacos que resisten este socavamiento continuado del orden constitucional y la destrucción de la convivencia entre los ciudadanos. Estoy segura de que si los otros 25 países de la UE se muestran cohesionados y firmes, se encontrarán soluciones para atajar esta situación, sin rendirse ante los populistas centroeuropeos. De no superarse ambos vetos, y por citar una vía legal alternativa, podría recurrirse al artículo 326 del Tratado de Funcionamiento, que permite establecer cooperaciones reforzadas entre un grupo de países, que quieren y pueden realizar una política concreta, como podría ser esta respuesta solidaria a la pandemia.

La situación actual es muy delicada, por no decir dramática. A algunos dirigentes polacos no les temblaría el pulso al intentar sacar al país de la UE, si ello sirviese mejor a sus intereses. Son conscientes de que para consolidar su poder necesitan una Polonia debilitada y aislada. Para la ciudadanía —me atrevo a decir que para una mayoría—, especialmente para los jóvenes, esto sería una catástrofe de consecuencias incalculables. Y es por esto por lo que las manifestaciones y protestas se mantienen a pesar de la creciente represión. Quienes marchan confían en que la UE se mantenga fiel a sus principios como baluarte de la democracia liberal. Claro está que la UE no puede sacar las castañas del fuego a las fuerzas de la oposición en Polonia de cuya madurez, sentido de la responsabilidad y voluntad de unir fuerzas depende el futuro del país. En Polonia todavía quedan medios de comunicación independientes, jueces valientes que resisten las imposiciones y organizaciones de la sociedad civil que agrupan a los ciudadanos para reivindicar sus derechos. Hay empresarios que crean empleo y riqueza y artistas y escritores que mantienen vivo el espíritu crítico. Y todavía tenemos un sistema electoral que se puede considerar funcional. Pero si la oposición pierde la próxima oportunidad (como en las recientes elecciones presidenciales), puede que sea demasiado tarde para arreglar el sistema por la vía de elecciones libres y universales. Y si no lo creen, miren a Hungría.

Romana Sadurska es jurista.