Socio oportunista

Un Gobierno de coalición es una amalgama de partidos distintos y, por su propia naturaleza, es lógico que los socios que lo conforman hablen con acentos diferentes e incluso planteen propuestas no coincidentes en asuntos menores o no incorporados a sus pactos internos. Esa circunstancia, sin embargo, tiene límites claros si quiere garantizarse estabilidad y buen gobierno. Las discrepancias no pueden producir ni (hacia afuera) sensación de desgobierno, ni (hacia dentro) quebrar la confianza entre aliados. La actuación del líder del socio minoritario del Gobierno español, Pablo Iglesias, sobre el Presupuesto, sobrepasa ambos límites. Lo hace además en un asunto esencial para cualquier Gobierno: el documento anual donde se expresan, cuantifican y jerarquizan sus prioridades políticas. Y en un contexto en el que Unidas Podemos primó el consenso interno del Ejecutivo como paso previo a su consideración por los demás partidos.

Pues bien, es en ese contexto que UP ha presentado el martes una enmienda al presupuesto pactado con sus socios del PSOE. Enmienda, por tanto, a su propio presupuesto y acordada con EH Bildu y Esquerra Republicana, que no ha escondido las intenciones: doblegar y torcer la mano al PSOE. La enmienda propone extender la prohibición temporal de los desahucios. Su significación trasciende su contenido: retrata a la vez una, cuando menos, peculiar manera de entender la palabra dada en un pacto, y un redoble en la estrategia de destruir posibilidades de entendimiento con Ciudadanos en materia presupuestaria. Es, esta última, una opción que el socio mayoritario, el PSOE, defiende —al menos verbalmente, aunque los hechos lo pongan cada vez más en duda— y que Iglesias se había comprometido a no torpedear.

La actuación del dirigente de Podemos tiene rasgos indisimuladamente tácticos y partidistas. La mayor protección ante los desahucios en estos momentos de crisis es un asunto serio que puede ser debatido en busca de soluciones que medien entre distintos intereses legítimos: pero es extemporáneo introducirlo en un Presupuesto, máxime cuando estaba ya pactado. Podía haberse debatido en otro foro, en otro momento, y en primer lugar con los aliados. Por ello, cabe deducir que la defensa de los desfavorecidos es solo una de las muchas intenciones de la maniobra. La actuación de Iglesias es desconcertante ante los ciudadanos, a los que se les presentó solemnemente un proyecto para luego pretender enmendarlo; y poco leal ante su socio.

Se trata pues de un episodio no muy edificante para la política española. Cuesta imaginarse una actuación parecida, por ejemplo, entre los aliados de la CDU y el SPD en Alemania, por mucho que la distancia ideológica entre ellos sea mayor que la que separa PSOE y UP. Además, la circunstancia redobla la negativa tendencia a insertar en la negociación presupuestaria asuntos que le son ajenos. En ese sentido, Ciudadanos tiene todo el derecho a pelear contra la ley educativa, pero eso debería ir por otro carril. Con todo, el asunto conlleva una virtud: el plan ya no es un contrato blindado de coalición. Uno de sus socios ha abierto la veda por iniciativa propia. El otro, por tanto, tiene argumentos para acoger enmiendas que, en su juicio, lo mejoren y ensanchen el consenso hacia el centro. Ambas cosas vendrían bien a los Presupuestos: mejoras y más consenso. Los socialistas tienen la palabra.