¿Por qué los matan?

Con algunos pocos días de diferencia fueron asesinados tres líderes sociales en Colombia. En el departamento del Chocó asesinaron a Juana Perea, una lideresa ambiental que se oponía a la construcción del Puerto de Tribugá en una paradisíaca zona en la costa pacifica colombiana. Pocos días después fue asesinado Jorge Solano, un líder social que, además de defender la paz, se caracterizaba por hacer denuncias de corrupción. De hecho, días antes de su asesinato, el líder Jorge Solano, grabó un vídeo denunciando a su posible victimario: un exfuncionario público. Dos días después fue asesinado otro líder: Luis Gonzalo Hincapié. Esta vez, en el departamento de Antioquia.

Desde el año 2016 han sido asesinados más de 600 líderes y lideresas sociales. Se podría denominar una masacre continuada. Recientemente, terminé de escribir un libro que analiza los datos desde 2010 y hace un estudio a profundidad sobre la victimización a los liderazgos sociales. Las conclusiones podrían resumirse en cuatro ejes, aunque lo más dramático del estudio son las proyecciones para el año 2021.

La primera conclusión es que el victimario, el que mata, no es el mismo, pero mata a los mismos. En más del 70% de los casos, los asesinos son sicarios, muchos de ellos no saben, siquiera, quién los contrató y, tampoco, a quién mataron. Solo reciben un dinero, una fotografía y una dirección. Con eso basta. Por 500 dólares pueden asesinar un líder social en Colombia. Sin embargo, al analizar el perfil de la víctima, se puede concluir que matan a los mismos: más del 60% de los líderes asesinados son: A. reclamantes de tierra o de la verdad. B. Líderes que se oponen a economías ilegales. C. Líderes que participan en política o hacen control político. D. Líderes ambientales. La sistematicidad viene dada por el perfil de la víctima.

La segunda conclusión es que la mayoría de los casos queda en la impunidad, como en toda la región, pero allí donde hay capturas y sentencias, en su inmensa mayoría, se refiere a autores materiales de los crímenes y no a los determinadores. Por ejemplo, en el caso de Juana Perea se logró, como en muy pocos casos, una captura rápida, a un miembro del Clan del Golfo. Una estructura criminal ligada a la desmovilización paramilitar. Sin embargo, para los expertos, es claro que alguien ordenó ese asesinato. Resulta difícil llegar a los determinadores. Todo indicaría que, en la mayoría de los casos, a los líderes los asesinan por el papel que cumplen en el territorio. Es decir, la violencia procesa la política en Colombia.

Una tercera conclusión es aún más desesperanzadora. En el libro se analizan decenas de decretos, medidas, anuncios que ha hecho el Estado colombiano para proteger la vida de los líderes y lideresas, son muchos y de todo tipo, pero el impacto es cero. Todo indica que el gran secreto se encuentra en la judicialización de los determinadores. Mientras no se avance en ello, será difícil que se pare la masacre. En las regiones, muchos se sienten con la libertad de mandar a asesinar. La estigmatización por parte de funcionarios hacia los líderes sociales es otro gran problema, los señalan de ser guerrilleros, vagos o mantenidos.

Por último, la investigación muestra que el 2021 será un año violento, más de lo que ha sido el 2020. La explicación es sencilla: 1. La explosión de economías ilegales. Tanto la pasta base de coca, como el precio del oro se han disparado los últimos meses, eso significa que cualquiera que se oponga a estas economías será eliminado. 2. El próximo año comenzarán a salir las primeras medidas de la justicia transicional, por ende, los reclamantes de tierra y verdad estarán amenazados. Son muchos los que quieren que no se sepa la verdad. 3. El 2021 será un año preelectoral y los líderes que participan en política están en riesgo. 4. Además, tanto las economías ilegales, como los diferentes proyectos económicos territoriales amenazarán a los líderes ambientales. Un verdadero baño de sangre.