Inmersión, mentiras y autosabotaje

La nueva ley de educación no designa al castellano como lengua vehicular ni menciona la oficialidad de esta lengua en todo el territorio nacional. Podría señalarse que esta omisión —que pretende contentar a los socios independentistas del Gobierno— es un aspecto simbólico. Pero lo mismo podría decirse de otras cuestiones a las que el Ejecutivo da mucha importancia.

El cambio, que parece naturalizar una práctica que ha merecido el reproche de la justicia, incide en una característica curiosa: fuerzas periféricas con un espíritu nacionalizador y un Estado pudoroso. Unos niegan la diversidad interna; otros parecen confundir la diversidad con la disolución.

El problema no es que el castellano esté en peligro: no lo está el catalán, tampoco lo va a estar el castellano, un idioma global que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes. Otra cosa son los derechos de los castellanoparlantes. El objetivo de los gestores nacionalistas, escribe Mercè Vilarrubias en Por una ley de lenguas, es “lograr que, a través del relato de la lengua propia, la realidad sociolingüística objetiva del bilingüismo quede discursivamente anulada”.

Se habla de “blindar la inmersión lingüística”: la mezcla de metáforas suele indicar que hay mercancía averiada. La inmersión lingüística es un eufemismo para una política que margina el castellano. Para unos es un pilar de un proyecto de construcción nacional: la educación y la lengua. Otros la defendían en nombre de la igualdad de oportunidades: la élite habla una lengua, moverte siempre en ella facilita el ascenso social.

Si normativamente ese segundo argumento es muy dudoso, también lo es en cuanto a los resultados. El estudio Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña, de los economistas Jorge Calero y Álvaro Cho, señalaba que la inmersión perjudicaba a los alumnos varones de hogares castellanoparlantes, sobre todo en ciencias y en comprensión lectora y en particular en los colegios públicos. En una segunda lengua se estudia peor, y eso afecta más a quienes tienen menos recursos para compensar. “Los resultados”, escribían, “apuntan claramente a la existencia de un problema de equidad, que genera perdedores de la política de inmersión lingüística en Cataluña”. Parte de la izquierda se engaña o nos engaña y defiende políticas que perjudican a los más desfavorecidos. El Estado se sabotea y no cumple su función: proteger los derechos de sus ciudadanos. @gascondaniel