Ante el descontrol

La lucha contra la pandemia ha avanzado en España durante los últimos meses mucho más despacio que los contagios, que han tomado una velocidad de vértigo hasta alcanzar alarmantes récords diarios. Políticas equivocadas, partidismos y reveses judiciales han ralentizado un combate que la sociedad española está perdiendo, según el inquietante juicio de los datos. Es hora de que todos los gestores sin excepción asuman la responsabilidad de adoptar decisiones incómodas o impopulares para revertir esta situación dramática. Varias comunidades autónomas —entre ellas Cataluña y el País Vasco— dieron un paso al frente en ese sentido solicitando ayer la declaración del estado de alarma ante la exigencia de tomar medidas restrictivas de la libertad y los problemas para obtener el aval de los tribunales. El estado de alarma es el marco constitucional adecuado para amparar las medidas que se van a necesitar, y el conjunto de las fuerzas políticas y administraciones debería facilitar su implementación.

Otras comunidades optaron por declarar distintas modalidades de toques de queda a la espera de que hablen sus jueces. El resultado, en este momento, es una maraña de órdenes que van desde el límite a las reuniones desde medianoche hasta las seis de la mañana en la Comunidad de Madrid —una medida a todas luces insuficiente, que además viene acompañada de una ampliación del horario de hostelería con respecto al que impuso el estado de alarma que decae hoy— hasta el toque de queda en la Comunidad Valenciana en ese mismo horario u otros más restrictivos, como en Castilla y León (desde las 22.00) o Granada. El combate contra la pandemia, por tanto, sigue siendo un territorio confuso para el ciudadano en el que algunos Gobiernos exhiben mayor pulso y determinación, como Cataluña al cerrar la hostelería, y otros una laxitud que pasará factura, como Madrid.

El país ha superado esta semana el millón de contagios registrados y a ello suma un escalofriante recuento que día a día rebasa los ritmos anteriores en amplias zonas de España. Los datos retratan el diagnóstico de gravedad que sufre España y que requiere medidas mucho más contundentes que las adoptadas. No se protege la economía permitiendo la conformación de un tsunami sanitario.

El presidente del Gobierno apeló ayer a la responsabilidad individual de todos ante la gravedad de la situación y no le falta razón al señalar la necesidad de doblegar la curva como reto colectivo. Pero eso no oculta la dimensión de la responsabilidad que atañe a los Gobiernos central, autonómos y sus oposiciones, que deben enfrentarse con determinación a esta hora decisiva.

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó el jueves un sistema de semáforos con varios parámetros de los que el principal es el número de contagios por 100.000 habitantes. El nivel “extremo” se ilumina a partir de 250 en los últimos 14 días. España, de media, supera con creces ese umbral. El semáforo rojo se ha encendido y procede la medida sugerida en su caso: el estado de alarma nacional, que cada comunidad debe gestionar de forma eficaz. Ciudadanos ya ha prestado su apoyo. Urge que el PP traslade a hechos su ruptura con la extrema derecha y sus promesas de actitud centrista, y deje de jugar con una crisis que no es ideológica, sino sanitaria. La unidad será, en este caso, clave, al igual que las medidas.