Frenar la degradación

España atraviesa una de las crisis más profundas que recuerda. Se ha conocido esta semana que sufrirá la mayor contracción económica de entre los países desarrollados —así como el más abultado aumento de deuda de su historia—. El viernes acabó con la cifra récord de 15.000 nuevos infectados por covid. Y la pelea —otra más— a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial puso de relieve la falta de comprensión que muchos dirigentes políticos tienen de la democracia, de sus mecanismos y de las condiciones que la hacen posible. La triple emergencia, económica, sanitaria y social, amenaza con sumir al país en una espiral de desgarro institucional sin precedentes en democracia, mientras la ciudadanía asiste, entre atónita e indignada, a este cortoplacismo irresponsable. De no mediar remedio, esta degradación podría revertir de forma súbita décadas de progreso.

España se sitúa entre los países más golpeados por el virus en Europa. La deficiente gestión de la pandemia es pues un hecho. La tardía y errática reacción de las autoridades en esta segunda ola ha expuesto un conjunto de disfuncionalidades administrativas y políticas sobre las que resulta necesario reflexionar con severidad. Como efecto de la emergencia sanitaria, los datos económicos configuran una situación límite. Según el FMI, España es, de entre las economías avanzadas, quien encara la peor contracción económica en 2020, con una previsión de retroceso del PIB del 12,8% al final del ejercicio. Acumulará, además, un aumento de la deuda de 23 puntos del PIB respecto a 2019, la mayor alza de su historia.

Este desolado panorama —que tiene su correlato en la sanidad y la educación—, así como la impotencia que suscita, trae causa del comportamiento irresponsable de las principales fuerzas políticas, incapaces de entenderse entre sí e incapaces también de asumir que la gestión de la pandemia debe quedar al margen del debate político. En una crisis como la actual, la preservación de la salud ha de primar frente a la confrontación partidista y la obsesión por arrancarle al rival unos puntos en las encuestas. Una actitud, por lo demás, que no puede más que provocar desconcierto en una parte consistente de la sociedad.

Responsables de ello hay muchos, pero conviene ser precisos en la atribución de responsabilidades. Este diario considera especialmente reprobable la actitud del Partido Popular, cuyo único objetivo conocido parece ser derribar el Gobierno. Su retórica tóxica y su rechazo frontal a todo tipo de cooperación, desde la renovación de órganos constitucionales hasta la negociación del Presupuesto resulta desacertado e injustificable. Mención especial amerita el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no solo ha gestionado de forma pésima la pandemia, sino que además se enroca en una obstrucción partidista, ciega e irresponsable a unas medidas que, como se está viendo estos días en el resto de Europa, resultan imprescindibles para frenar la expansión del virus.

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, por su parte, no puede eludir la responsabilidad por los pésimos datos sanitarios y económicos del conjunto de España. El énfasis, correcto, en la protección social a los más desfavorecidos no oculta su deficiente coordinación del esfuerzo sanitario. Tampoco el oscurantismo y la lentitud con los que avanzan los planes económicos que habrán de sacar al país de la crisis en los próximos años. Y para forzar el desbloqueo de las instituciones no se pueden impulsar normas que acaben debilitando la arquitectura institucional.

Mucho de ello —incluyendo el polémico manejo de la agenda del Rey— trae cuenta de la debilidad parlamentaria del Gobierno, obligado a casar empeños contrapuestos, y aun contrarios al interés del Estado, a fin de obtener no ya los votos para los Presupuestos, sino incluso su mera supervivencia. Agrava las cosas que su socio, Unidas Podemos, sea incapaz de entender que en una democracia liberal resulta incompatible participar del Gobierno al tiempo que, día sí y día también, descalifica a los jueces, socava las instituciones o ataca al jefe del Estado.

Con la grave crisis sanitaria y económica que afronta, España no puede permitirse añadir otra de carácter institucional. Tampoco el actual clima de polarización. La animosidad e ineficacia del debate político empiezan a generar niveles alarmantes de desconfianza y desafección entre los ciudadanos. Sentimientos ambos con el peligroso potencial de alimentar actitudes antipolíticas, fomentar el auge de propuestas populistas y abonar ramalazos autoritarios. Urge revertir esta senda. Urge bajar el tono. Urge frenar el achique y la degradación de espacios políticos en los que resultan posibles acuerdos transversales. España no es un Estado fallido. La sociedad española ha demostrado en otras ocasiones difíciles una extraordinaria capacidad constructiva. Es hora de volver a demostrarlo.