Torra, el caos

Después de mí el diluvio, dijo el rey francés Luis XV, tras una sonora batalla. Conmigo, el caos, practica el president de la Generalitat, Quim Torra. Su remodelación del Govern, siete meses después de sentenciar que carecía de recorrido, es un disparate porque incumple su compromiso formal de convocar enseguida elecciones anticipadas. Pero también porque los cambios de titulares carecen de atractivo: el nuevo consejero de Interior es un concejal afecto carente de relevancia, la promoción del nuevo inquilino de Empresa se debe a su labor de estiba en el aterrizaje de Carles Puigdemont en Bélgica, y la nueva consejera de Cultura —una funcionaria desconocida— es la quinta en tan solo cuatro años, lo que revela el alto aprecio del secesionismo hacia la materia.

Nada de eso importa a Torra: lo decisivo era destituir a Miquel Buch, reo de mantener el orden democrático en los fatales disturbios de octubre pasado frente a la familia del president y los CDR. O a la consejera de Empresa, Angels Chacón, por no romper el carnet del PDeCAT (el partido que sucedió a Convergència) y contrariar a Puigdemont. Y a la de Cultura por apoyar a un alto cargo sin adivinar que Torra actuaría como Boris Johnson.

La institución de la presidencia utiliza a la institución del Govern para favorecer a una facción privada que se escinde del partido particular que le apoya, y a un fugitivo que le conmina a aplazar los comicios y obtener así el plazo necesario para organizarse. En esto ha desembocado el, históricamente memorable, autogobierno catalán: en oficina de conciliar intereses particulares, clientelares y sectarios. El único efecto colateral positivo, la división del mundo posconvergente que puede ayudar a la gobernabilidad de España desde el Congreso, se alcanza con demasiadas contraindicaciones.

¿Cuáles? Como Torra no convocará elecciones, sabe que fía la duración de su cargo a su casi segura inhabilitación por el Supremo, por idéntico delito de desobediencia al cometido por otros colegas. Como declara su oposición a que el Parlament elija un sucesor formal, evita que le reemplace el jefe de filas de Esquerra, el relativamente moderado Pere Aragonès. Y como este deberá ejercer su mandato en funciones, podrá ser inquietado, obstaculizado y acusado de traición por los nuevos (amén de los anteriores) consejeros afines al radicalismo de Torra y Puigdemont. Es una estrategia de fraguar el desorden, incluso callejero (para elevar al martirologio al irresponsable presidente), irritar a la clientela con los tribunales, y tratar de impedir el avance de Esquerra que anuncian las encuestas. Nada de eso tiene que ver con los intereses de los ciudadanos ni con la lucha contra la pandemia ni con la reactivación económica. Todo ello dejó de importar hace mucho.