La justicia dirá

El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha imputado a Podemos como persona jurídica y a varios miembros de la cúpula del partido por supuesta malversación. El magistrado abrió la causa penal a partir de las denuncias por financiación irregular realizadas por un antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente, que fue expulsado del mismo a finales de 2019. En una declaración por videoconferencia señaló una serie de procesos anómalos que son los que el juez ha decidido investigar. El revuelo tras conocer la iniciativa ha adquirido ya la condición de una imponente batalla que supera con creces el ámbito jurídico y entra de lleno —y se embarra— en el rifirrafe partidista, lo que contribuye a difuminar la verdadera dimensión de los hechos denunciados.

Los adversarios del partido de Iglesias ya hablan de una caja B y el PP, que cuando ha tenido sus propios escándalos lo negó todo y evitó cualquier cese, ha pedido la dimisión del vicepresidente segundo, mientras que desde Podemos se reclama que se declaren nulas las diligencias y se entiende que la formación es víctima de una “causa general” sostenida en simples “suposiciones” y “rumores”. En su recurso se señala también que se trata de una “investigación prospectiva”, la que da ya por culpables a los investigados desde el inicio de la causa, con lo que uno de los partidos del Gobierno de coalición arroja sombras sobre la independencia del poder judicial.

Es inevitable que cualquier investigación que abra la judicatura sobre las actuaciones de un partido genere un debate público sobre las implicaciones que se derivarían de una presunta actividad delictiva, pero también puede abrir fácilmente paso a una espiral de suposiciones y de condenas previas que solo contribuyen a enmarañar aún más un clima político de por sí enrarecido y polarizado. La financiación irregular ya ha sentado en el banquillo a responsables de distintas fuerzas, y la sociedad tolera cada vez menos este tipo de conductas que desvirtúan la actividad de los políticos: Podemos hizo bandera de la lucha contra este tipo de comportamientos.

Lo que hasta ahora se ha sabido de las denuncias de Calvente, apartado de la formación por una acusación de acoso sexual que fue después archivada por un juzgado por falta de pruebas, tiene que ver con “cobros bajo mano”, con oscuros sobresueldos de unos 1.000 euros, con otros 55.000 que salieron sin justificación de una caja de solidaridad del partido, con pagos a unas consultoras con las que colaboraron en las elecciones, con las facturas de una obra. Lo importante ahora es que la Justicia haga su trabajo fuera de las presiones del bullicio partidista y que resuelva cuanto antes un episodio más de supuesta financiación ilícita. Igual la causa sigue adelante o, como pide el partido de Iglesias, queda en nada. Los jueces lo dirán.