Pensiones en Chile

El Gobierno de Sebastián Piñera se enfrenta a una crisis compleja cuya manifestación más destacada es el conflicto suscitado en torno al sistema chileno de pensiones. La oposición está impulsando en el Congreso chileno una reforma constitucional que permitirá a los pensionistas retirar hasta el 10% del capital acumulado en sus fondos de pensiones para hacer frente a las dificultades económicas producidas por la crisis de la covid-19. Conviene recordar que el sistema de pensiones chileno responde al modelo de capitalización; es decir, el trabajador deposita en un fondo al menos el 10% de su salario para constituir su pensión futura. Las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se oponen a la reforma, por razones obvias; el Gobierno de Piñera, en un serio aprieto político, también.

La complejidad de la situación procede de que se han entrelazado en el momento presente una crisis política, que viene de lejos, agravada por la pandemia que se ha cobrado ya 6.800 vidas, con un empeoramiento de la situación económica (el PIB se está contrayendo a un ritmo del 15%) y un hundimiento inquietante del empleo (se han perdido más de 1,5 millones de puestos de trabajo). En esta situación —enconada porque una parte de la derecha gobernante no comulga con la gestión de Piñera—, la reforma constitucional en marcha del sistema de pensiones es el pararrayos donde confluyen todas las tensiones; y, por cierto, no sin razón.

El sistema de capitalización chileno ha demostrado graves carencias que cabe imputar al propio modelo. La capitalización solo es satisfactoria para el conjunto de los pensionistas cuando la rentabilidad de los fondos aportados permite rescates compatibles con una subsistencia digna de los pensionistas. Está claro que en Chile no se está cumpliendo esta condición. Las pensiones chilenas no garantizan un nivel adquisitivo mínimo y, en último extremo, aumentan la desigualdad en el país.

Ahora bien, la iniciativa de la oposición difícilmente resuelve la situación social de fondo. En primer lugar, porque una reforma constitucional debería utilizarse para introducir un cambio de modelo en las pensiones o para imponer condiciones de rentabilidad o para regular la aportación de las cuotas patronales. Pero probablemente no existe consenso político para alcanzar un cambio de esa profundidad. Por otra parte, no está claro que retirar el 10% de un fondo de pensiones sea la solución más adecuada para aliviar las dificultades de la población. De hecho, no solo no lo es, sino que puede considerarse como una trivialidad sustitutoria de lo que deberá ser una política integral contra la recesión: apoyos laborales, programas de inversión y protección a los desempleados. Pero para eso se necesita un sistema fiscal más potente que el chileno y una política de redistribución.