El atentado del sexenio

El 26 de junio de 2020 quedará en la historia de este sexenio como el día en que el grupo de delincuencia organizada más poderoso del país mandó un puntual mensaje al presidente y lo hizo desde la capital de México. Un atentado mortal, con armas que utilizan los grupos terroristas en otros países, arrebató la vida de agentes especializados e hirió a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, quien en un operativo de la Marina, logró desarticular parte de la célula criminal La Unión de Tepito, asociada con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operador de trata de niñas y niños para la mendicidad, esclavitud sexual y tráfico de órganos, así como de jóvenes para el narcomenudeo y monopolio de la venta de productos de contrabando, falsificaciones y lavado de dinero. Durante la intervención se encontraron dos laboratorios de drogas de diseño, 42 cráneos y un centenar de restos humanos.

No podemos olvidar que el 23 de febrero pasado se extraditó a Washington a Rubén Oseguera, El Menchito, hijo del líder del CJNG, señalado por vínculos con el tráfico de armas, personas y drogas. La Secretaría de Marina documentó dos amenazas por esa extradición, la primera ya se ha cumplido con el ataque a Harfuch. La DEA [agencia estadounidense para el control de drogas] reconoce que el líder del CJNG tiene como centros operativos la Ciudad de México y la zona serrana de Colima. Su hijo, hoy preso, nació en California y tiene doble nacionalidad como muchos de los narco-millennials de los grupos delincuenciales más poderosos del mundo.

Es indispensable entender las razones y la estrategia detrás de este ataque para comprender que la delincuencia organizada no se queda en casa durante la pandemia. Mientras el presidente López Obrador ha enviado el iluso mensaje de enfrentar a los grupos de crimen organizado transnacional con “abrazos y no balazos” o “acusándolos con su mamá”, ha cometido errores graves de seguridad nacional al mostrar información de inteligencia militar en sus conferencias mañaneras, poniendo en riesgo operaciones de gran delicadeza; se contradijo admitiendo recientemente que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio, hijo de El Chapo Guzmán y rindiendo pleitesía frente a las cámaras a la madre del líder del cartel de Sinaloa en territorio narco.

Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, se atrevió a congelar los bienes materiales de los carteles, y el canciller Marcelo Ebrard logró operar la extradición de El Menchito a Estados Unidos. Estas operaciones, que apenas comienzan en un Gobierno dividido estratégica e ideológicamente, se dan frente a la mirada atónita de un presidente que, como el anterior, no entiende de inteligencia militar, y cuya estrategia de no-violencia, propuesta por Alfonso Durazo, no funcionará sin una red táctica y operativa de inteligencia, sin protección de Seguridad Nacional, sin defensa efectiva de los Derechos Humanos, sin redes sólidas de la sociedad civil que cooperen con el Estado. Los ataques presidenciales a la prensa que cubre la realidad del país, y el nivel de impunidad judicial aún intocado por esta administración, favorecen a los criminales, y ponen en riesgo a quienes trabajamos para que la sociedad obtenga información confiable.

Habrá que recordar que García Harfuch, hoy hospitalizado, es experto en antiterrorismo y en desarticulación de grupos paramilitares. Él sabía que el Jalisco Nueva Generación es el grupo criminal con mayor poder económico, táctico y estratégico, que supera casi seis veces al cartel de Sinaloa (quien lo prohijó como su brazo armado).

La entrega de alimentos, cubrebocas y medicinas, documentada y promovida en redes sociales por los miembros de los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, compitiendo entre sí por la visibilidad de ocupación territorial y su evidente aceptación social, fue solo el comienzo de una batalla campal que ha arrojado ya sus primeros frutos para sembrar terror y desestabilidad. El atentado fallido contra de García Harfuch, es apenas el comienzo de la batalla que habrá de enfrentar el Gobierno de López Obrador. El poder hegemónico del cartel de Sinaloa es ya un mito, quienes hemos seguido de cerca la transformación de la delincuencia organizada trasnacional dedicada a la esclavitud (compra venta de seres humanos), venta de armas, producción y trasiego de drogas, sabemos que el crecimiento exponencial del CJNG tiene ya bajo su poder el control de 17 de los 32 Estados de la República y vínculos criminales desde Paraguay hasta Polonia y Camboya. Según los datos de mis fuentes de la DEA y CRS, el cartel JNG tiene ya presencia en el 70% de Estados Unidos.

Las historias nunca se comprenden a cabalidad sin seguimiento, por eso no podemos olvidar que este cartel derribó un helicóptero con un lanzacohetes en Jalisco, y que el secretario Harfuch y su equipo fueron atacados con fusiles Barret calibre .50 que perforan blindajes; es el tipo de armamento utilizado por Al Qaeda y ejércitos de diversos países.

Es un hecho que la Fiscalía General de la CDMX carece de capacidades tácticas y técnicas para enfrentar este primer ataque, por eso tendrá que atraer el caso el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien ha demostrado ser más que ineficaz en procuración de justicia y ha dejado intocada a la delincuencia organizada desde hace 17 meses. El panorama es más que desalentador en un Gobierno que se ha dedicado a desarticular a las instituciones sin estrategias para erradicar la corrupción por las cuales las señala, sin planeación para suplirlas por mejores organismos.

No debería pasar desapercibido que un día antes de este atentado, el presidente López Obrador decidió exhibir documentos de Inteligencia militar sobre la distribución de los carteles en el Estado de México y en Ciudad de México, mismos que le presentaron para consumo y estudio estratégico de operaciones internas durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

El monopolio temático de la pandemia ha dejado a la sociedad con poca información sobre el empoderamiento radical de los grupos criminales, quienes obtienen ganancias de 32.000 millones de dólares al año por comprar, vender y esclavizar personas. Criminales responsables de miles de desapariciones cada año, que reclutan forzadamente, solo en el norte del país, a 40.000 niños y jóvenes para la siembra de drogas y el sicariato; son esos los que cogobiernan e invierten dinero sucio en campañas políticas de todos los partidos. Ellos, efectivamente están aquí hace décadas, el tema ahora es que López Obrador ya no es el candidato que puede opinar a la ligera, es el presidente de una República sometida por la violencia, el racismo, el machismo, el crimen organizado y ahora una crisis económica y una pandemia. No hay excusa que le valga, ni a él ni a sus más fieles defensores. Si no decide reestructurar su gabinete, aprender y escuchar a las y los expertos en temas de narcoterrorismo transnacional, la pandemia será, en verdad, lo menos peligroso que enfrentaremos.

Quienes desde el periodismo hemos cubierto y documentando la expansión y fortalecimiento del crimen organizado en los últimos 30 años, entendemos que nada será igual para México a partir de este ataque. Ojalá el presidente y todo su Gabinete lo entiendan, porque considerar la documentación de hechos como ataques personales, intentar desacreditar a las y los periodistas y a quienes defienden los derechos humanos en lugar de señalar y abatir al verdadero enemigo del país, que es la delincuencia organizada, le hará un daño irreparable a la sociedad y dinamitará ese deseo de prestigio por bonhomía cristiana que tanto le obsesiona al mandatario. La felicidad de un pueblo no se decreta políticamente, se alcanza, acaso por momentos, cuando las mayorías viven una vida estable, libre de violencia y trabajan para que las minorías se liberen de todo yugo que las someta al sufrimiento, la pobreza y la muerte.

Lydia Cacho es periodista y escritora.