Arriesgarse a cogobernar

El levantamiento del estado de alarma devuelve el foco político a los Presupuestos de 2021 y la agenda de medidas contra la crisis, sin excesiva incertidumbre en su viabilidad: si fracasa su probable aprobación no será tanto por la fuerza de la oposición como por un exceso de soberbia en La Moncloa. Nada parece alterar la nueva configuración parlamentaria favorable a Pedro Sánchez, surgida de los meses de confinamiento (y de los congresos internos celebrados mientras tanto en Cs y Podemos). En tiempos de polarización e impertinencia política, debemos subrayar la predisposición de casi todos los partidos a favorecer la gobernabilidad, en grados diversos y con planteamientos dispares, obviamente. La nueva normalidad no es tan nueva: como en el pasado, son PSOE y PP quienes determinarán cómo resolver la ecuación en este proceso de reconstrucción.

En el lado gubernamental, el presidente encara el problema de quien tiene diversas bazas aparentemente buenas: hay que saber jugarlas. Su principal inconveniente proviene de la inercia que le ha permitido llegar hasta aquí tras su elección como secretario general del PSOE hace ahora casi seis años. Una irrefrenable confianza en sus posibilidades, plasmada en una personalización predominante en la práctica del poder, que le sobreexpone (con la total aquiescencia del protagonista) y le deja con baja protección ante acontecimientos inesperados. No es sanchismo, sino desintermediación política de las democracias contemporáneas, que de momento ha ofrecido resultados desiguales. ¿Es esa la receta adecuada para los próximos meses?

Sánchez y su equipo deberán resolver, o al menos disimular, la contradicción entre la intensa concentración de la autoridad dentro del partido y del propio Ejecutivo que practica el presidente, y la imprescindible consocionalidad que se impondrá por la vía de los hechos en los próximos meses, tanto en el ámbito parlamentario como en las relaciones con autonomías, municipios y agentes sociales. La cogobernanza no es solo un mantra del Ejecutivo, sino una dinámica institucional que exige dividir el poder y que ha evidenciado notables disfunciones estos meses. No es imposible una suma de contrarios en la negociación del presupuesto. Pero exigirá ceder fuerza por parte del jefe de Gobierno. Los gobernantes logran resistir mientras sumen debilidades que consoliden su liderazgo, como sugieren John Keane y Haig Patapan en The Democratic Leader.

La posición de Pablo Casado es más incierta. Parecía comenzar la cuarentena asumiendo el supuesto de que Sánchez no sobreviviría a 2021 en el cargo, y teme ahora que la nueva amalgama parlamentaria propulse a su adversario mucho más allá. Casado no puede reincidir en el error de sumarse a la mayoría gubernamental forzado y sin contraprestaciones, como sucedió con la prolongación del estado de alarma y el ingreso mínimo. Ni rememorar el error de AP en el referéndum de la OTAN de 1986, cuando apareció ante sus socios europeos como un obstáculo castizamente caprichoso. Pero tampoco puede renunciar a liderar la oposición ejerciendo de alternativa tanto a los Presupuestos como a la agenda gubernamental. Ni dejar de representar una fuerte corriente de opinión antisanchista que se extiende mucho más allá de Vox. Esa cuadratura del círculo, aunando responsabilidad y voz crítica, podría aplicarse con una fórmula tradicional: proponer un pacto presupuestario para no ser aceptado, sabiendo que el PSOE lo rechazará en forma para asumirlo sustantivamente. Y centrar sus exigencias no en el diseño de los Presupuestos sino en su aplicación, especialmente cuando toque gestionar los fondos europeos: serán, de hecho, los Gobiernos autonómicos del PP, junto a otros, quienes asuman parte de esa ejecución. La decisión de Casado pasa por situarse a la estela de sus dirigentes territoriales, o al frente de ellos. Como Sánchez, su supervivencia pasará por arriesgarse también a la cogobernanza.

Juan Rodríguez Teruel es profesor de la Universidad de Valencia. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS.