Los escándalos de la vicepresidenta

El Gobierno de Iván Duque llegó al poder prometiendo una lucha feroz contra el narcotráfico y el crimen. Para ellos, toda la criminalidad se explicaba por el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, hoy convertida en partido político. Además, culpaban al Gobierno de Juan Manuel Santos de tener mano blanda contra el crimen y, por tanto, una vez ellos llegaran a la Casa de Nariño todo se arreglaría de forma rápida. Casi dos años después de la posesión del presidente Duque, lo cierto es que la cosas en lugar de mejorar, han empeorado. Por ejemplo, Colombia tiene la cifra más alta de cultivos de hoja coca en su historia, con 212.000 hectáreas según el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Pero más allá de los pobres resultados en materia de lucha contra las drogas, el Gobierno de Iván Duque se ha visto envuelto en una serie de escándalos que tiene que ver con el tema del narcotráfico y que, si bien algunos no son de la órbita del presidente, lo han tocado y afectado. El primero es lo que se conoce como la ñeñepolítica. Hace varias semanas el periodista Gonzalo Guillén dio a conocer que, en medio de una investigación por homicidio, se interceptó el celular de un hombre llamado José Guillermo Hernández Aponte, conocido como El Ñeñe. El diálogo fue con la exasesora del senador Álvaro Uribe, quien pertenecía al círculo cercano de la campaña electoral del ahora presidente Duque. Para algunos, esa conversación sugería compra de votos. El Ñeñe, al parecer, era un narcotraficante y testaferro, fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil y el propio expresidente y actual senador Uribe manifestó en un trino que “causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera”. Un hombre cercano a la campaña de Duque.

El segundo escándalo fue cuando en una finca ubicada en el municipio de Guasca, departamento de Cundinamarca, a pocos kilómetros de la capital colombiana, se encontró un laboratorio que procesaba clorhidrato de cocaína que era enviada a Estados Unidos y Europa. La finca era propiedad del entonces embajador colombiano en Uruguay. A pesar del escándalo, el embajador permaneció en el cargo y no fue retirado de forma inmediata cuando se conoció la noticia. No se sabe por qué el presidente lo mantuvo en el cargo tanto tiempo.

El tercer y cuarto escándalos involucran a la actual vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Además del famoso caso de Memo Fantasma, en los últimos días se reveló también por el periodista Guillén que un hermano de la vicepresidenta fue condenado en Estado Unidos por temas de narcotráfico. Bernardo Ramírez Blanco fue capturado cuando recibía una carga de heroína que había sido ingresada por dos “mulas” que fueron reclutadas por el hermano de la vicepresidenta. Esto significa que el hermano de la vicepresidenta era un narcotraficante y no una víctima. Víctima podría considerarse a las mulas.

La palabra mula hace referencia a las personas que trasladan la droga de forma camuflada, muchas veces tragándosela en bolsas o en maletas. Generalmente, son personas que se reclutan con muchas necesidades, y los traficantes se aprovechan de su vulnerabilidad. El hermano de la vicepresidente fue condenado a poco menos de 5 años de prisión, y ella y su esposo pagaron una fianza.

Obviamente, no hay delitos de sangre, pero en este último caso lo que se cuestiona a la vicepresidenta son, al menos, tres cosas. Por un lado, que lo hubiese ocultado. De hecho, todo indica que tanto los expresidentes Pastrana como Uribe sabían del tema (ella trabajó con ambos), y el único que no sabía era el actual presidente Duque. Lo cual podría confirmar muchos rumores que dicen que literalmente se lo pasan por encima. Lo segundo que se cuestiona es lo que sería su doble discurso. Por ejemplo, ella llegó a proponer que se prohibiera la participación en listas colegiadas de familiares de condenados y hablaba duro contra el narcotráfico. Pero lo tercero que se cuestiona es su papel en el Gobierno, pues es el segundo escándalo que en menos de seis meses la cobija, lo cual afecta sustancialmente la imagen del presidente.