Tareas claras

El Congreso de los Diputados aprobó esta semana la última prórroga al estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo. Como en todas las ocasiones anteriores, el debate que precedió a la votación nada tuvo que ver con la razón por la que se había convocado el pleno. De este modo, los ciudadanos han permanecido en el confinamiento decretado para contener la pandemia sin que el Parlamento haya abordado en ningún momento las cuestiones más relevantes de una medida que les ha supuesto un ingente esfuerzo económico y personal, y saldrán de él con idéntica carencia. Las fuerzas políticas no solo no han buscado un acuerdo para hacer frente a la pandemia en mejores condiciones tanto internas como en el contexto europeo, sino que algunas de ellas se han servido de la enfermedad para fomentar la división e, incluso, el odio entre ciudadanos, como medio para sus luchas de poder.

Nadie en su sano juicio dejará de reconocer que, de saber a la altura de los meses de enero y febrero lo que se conoce hoy, las decisiones relacionadas con la pandemia habrían sido diferentes. Pero esta evidencia, válida en España y en cualquier otro país que esté sufriendo los efectos del coronavirus, no permite una descalificación en bloque de la gestión realizada por el Gobierno, ni, menos aún, intentar servirse de la justicia para convertir los errores cometidos en ilícitos penales. Y tampoco la respuesta del Gobierno a estos ataques que están envileciendo la vida pública y dañando las instituciones puede consistir en desplazar el conflicto hacia una confrontación entre feminismo y antifeminismo, o entre el poder civil y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Convertir la manifestación del 8 de marzo en Madrid en la más grave cuestión que deben dilucidar los partidos cuando los riesgos de una segunda oleada de la pandemia no han sido conjurados es más que el resultado de una obscena manipulación; es, simplemente, una burla a los ciudadanos. No solo porque ese mismo día y en esa misma capital hubo otros actos más multitudinarios y funcionaron los transportes públicos, donde se cruzaron millones de viajeros, sino también porque en el resto de España la vida cotidiana siguió con normalidad, y con ella los contagios. Que un juzgado haya aceptado investigar selectivamente los trámites administrativos que precedieron a la manifestación de Madrid no la convierte en la causa de la expansión de la pandemia, como han querido establecer a partir de las primeras resoluciones dos fuerzas de oposición, Partido Popular y Vox, que rivalizan en reclamar de los ciudadanos una furia y un ruido que la inmensa mayoría rechaza.

El desenlace judicial de la manifestación será el que sea, como también el de los efectos políticos colaterales que ha provocado. Entre ellos, revelar que algunos atestados de la policía judicial no se diferencian de resúmenes de prensa sin rigor o colocar al ministro del Interior ante la necesidad de asumir responsabilidades por no explicar en sede parlamentaria las verdaderas razones del cese de un mando de la Guardia Civil. Ninguna de estas dimensiones del problema resuelve, sin embargo, la más imprescindible para preparar al país ante episodios semejantes: establecer cómo y por qué fallaron las alarmas sanitarias, revisando los protocolos y corrigiéndolos.

La estrategia de la crispación recuperada por algunos líderes políticos actuales pretende que la totalidad del país libre un pulso político a cara de perro por asuntos que eluden lo esencial y promueven la fractura, a fin de dividir al país y extraer beneficios electorales. Pero lo que sirvió una vez no servirá ésta, porque también las estrategias políticas quedan al descubierto y se agotan, por más que cuenten con instigadores que conocen su teoría y su práctica. Por su parte, las tareas que aguardan al Congreso están claras: completar un sistema de salud que ha evitado el colapso con mecanismos de alerta que estén a la altura, y abordar la recuperación económica desde las más amplias mayorías parlamentarias.