El país de la exclusión

España es uno de los países que han sufrido mayores daños sanitarios y económicos desde que se desencadenó la pandemia del coronavirus. Los económicos se han añadido a las consecuencias todavía no superadas de la Gran Recesión, concretadas en más pobreza, más paro, más precariedad, más desigualdad y menor protección social (por los recortes en sanidad o educación). Todos estos efectos se han agravado en los últimos meses tras el colapso de la economía global. La casi totalidad de los ciudadanos, quizá con la excepción de los más ancianos, no ha conocido nunca una situación tan dramática como esta, llegada de repente.

En el caso de España, su gente, como en la crisis anterior, vuelve a sufrir más que la media de su entorno, dada su prematura infección y el estricto confinamiento, pero también debido a una estructura productiva y un censo empresarial mucho más vulnerables. En este contexto, las autoridades han dispuesto de un margen de maniobra del gasto público mucho menor que en el resto de Europa. El resultado ya se observa en términos de un insoportable desempleo y una elevadísima tasa de mortalidad de las pequeñas empresas.

La exclusión social vuelve a emerger en nuestro país con toda su crudeza y lo hace castigando sobre todo a los segmentos de menores rentas y menor capacidad defensiva: la tasa de pobreza severa asciende al 12,4% de la población (el doble que la media europea); un 26,1% de la población total está en riesgo de pobreza y en 120.000 de los hogares sin ningún ingreso viven niños, lo que da idea de la extensión de la pobreza infantil. El país de la exclusión forma parte del país real.

El objetivo de proteger a la parte más débil de la población tiene que ser multipartidista y es una buena labor para la comisión de reconstrucción

La aprobación de un ingreso mínimo vital en el Consejo de Ministros trata de responder con eficacia, aunque sea parcialmente, a esta coyuntura. Los destinatarios de esta nueva prestación de la Seguridad Social serán aquellos que no dispongan de ingresos suficientes para la supervivencia, 850.000 familias con 2,3 millones de personas. Tendrá carácter permanente, por lo que entra a formar parte de las prestaciones básicas del Estado de bienestar, junto a las pensiones, la educación, el seguro de desempleo, la dependencia, la negociación colectiva… Se trata por tanto de una decisión central de la política económica, un paliativo que reducirá en parte la gravedad de la situación, pero que en modo alguno solventará el problema que afrontará nuestro país en los próximos años. Aun cuando se dé el mejor de los escenarios de una rápida recuperación económica será necesario convenir en actuaciones presupuestarias multianuales específicas, tendentes a reducir cuanto antes y de forma significativa este drama de la exclusión, para evitar males peores.

El gasto público no resolverá completamente la marginación social de millones de españoles, pero su contribución es central. Por ello también lo es que la ciudadanía asuma la necesidad imperiosa de aumentar la recaudación tributaria con el fin de que sea compatible con los compromisos de saneamiento de las finanzas públicas. Recorrido existe, dada la menor presión fiscal existente en nuestro país y la mayor importancia de la economía sumergida (fraude fiscal) cuando se comparan con el promedio europeo. Ello no excluye esa otra exigencia de la política económica que es el aumento del crecimiento potencial de la economía y su asentamiento en bases menos vulnerables que las exhibidas hasta ahora. Serán necesarias sin duda reformas, pero la necesidad de avanzar en la eficiencia y modernización de la economía española no puede excluir la protección de los millones de españoles que han quedado en la cuneta del sistema económico. Anteponer una cosa a la otra es un ejercicio de miopía política que ha quedado completamente desautorizado por la realidad, y por recomendaciones como, por ejemplo, las del Banco de España. Está en lo cierto el gobernador cuando advierte de que la política fiscal no solo es “la herramienta más adecuada como primera línea de defensa”, sino también la forma de “garantizar un mínimo de equidad, para repartir entre el conjunto de la sociedad los costes que una parte de la ciudadanía ya está soportando de una forma muy directa”.

Un objetivo tal, que además de mejorar el bienestar de la parte económicamente más débil de la población reduciría ese malestar latente y la desafección creciente en la misma, ha de ser multipartidista. La discusión parlamentaria del ingreso mínimo vital puede ser una ocasión para fortalecer la confianza de los excluidos, pero también la de inversores españoles y extranjeros. El desmantelamiento de algunas multinacionales del automóvil que observamos estos días es una señal negativa más. Se trataría, finalmente, de fortalecer la democracia. Una buena labor para la comisión de reconstrucción, que es para lo que fue creada.