Un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales

Un escándalo más sobre las famosas chuzadas o interceptaciones ilegales que realizó el Ejército colombiano a periodistas, miembros de la oposición, políticos, defensores de derechos humanos y hasta magistrados. Algunos militares fueron retirados del servicio horas antes de estallar públicamente el escándalo y nuevamente todo quedó como un trabajo de “desocupados” de algunos coroneles y, tal vez, un par de generales. Fueron calificadas como acciones individuales. Sin embargo, hay preguntas por resolver, en total cinco.

La primera y la más importante es quién dio la orden. La respuesta inicial sería que un general que estaba acosado por las denuncias y escándalos que estallaban en sus manos y resolvió perseguir periodistas e investigadores que lo acusaban. Sin embargo, dicha hipótesis solo cubriría algunos de los interceptados, pero no a todas las 130 personas que fueron víctimas de estas interceptaciones. Políticos de oposición, periodistas que no trabajaban los temas de seguridad y magistrados no entrarían en este paquete. De tal forma que, al menos, hay una duda razonable por determinar si hubo otras personas que ordenaron las interceptaciones ilegales.

La segunda pregunta viene a complementar la anterior y es determinar a dónde llegaba esa información, quién o quiénes tenían acceso a las carpetas. Nuevamente, parece poco probable que apenas algunos pocos coroneles y generales se dedicaran a revisar las carpetas minuciosamente y tenerlas guardadas. Determinar si esa información llegaba a otros sectores será muy importante.

La tercera pregunta se refiere a los fines de utilización de esa información. Según las revelaciones de la Revista Semana, una parte de esa información iría a ciertos portales y periodistas cuestionados, los cuales, posiblemente, la utilizaban para campañas de desprestigio contra algunas personas. Pero, otra vez, hay serias dudas, pues estas campañas ocurrieron en algunos casos y no con todas las carpetas. Es posible pensar que esa información tendría otros fines, como, por ejemplo, existe la hipótesis que fueran a ser utilizadas para montajes jurídicos.

La cuarta pregunta es la que permitiría cerrar el círculo. Se refiere a los enlaces, a las otras personas que conocieron las órdenes, que llevaban y traían información y que revisaban las carpetas. Principalmente, se debe buscar aquellas que no son o eran militares. Todo indica que mucha de la información se pasaba verbalmente para evitar el rastro, por tanto, habría varios enlaces.

La última pregunta se refiere a la fecha de inicio de estas interceptaciones, es decir, los tiempos políticos. Todo indica, hasta el momento, que las interceptaciones comenzaron cuando el general Martínez era comandante del Ejército, es decir, bajo la Administración de Iván Duque. En todo caso, la respuesta aún no es clara. También se debe decir que a pesar de los múltiples escándalos en los que se vio envuelto el general Martínez, el presidente Duque lo mantuvo, sostuvo y respaldó en su cargo. Solo al final, cuando no había solución, aceptó la renuncia del general.

Lo más probable es que estas preguntas nunca tengan respuesta, pero lo cierto es que averiguarlas es definitivo para determinar el entramado de las interceptaciones. Este tipo de actividades son comunes de escenarios dictatoriales, pero no de escenarios democráticos. Además, Colombia tiene una alta tradición en este tipo de comportamientos ilegales y siempre se termina condenando a los chivos expiatorios, pero no a los determinadores.

Si bien es muy temprano para las responsabilidades políticas, también es claro que las interceptaciones ilegales y persecución a la oposición fue uno de los sellos en las dos administraciones de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010. Actualmente, el uribismo es el que está en el poder, por tanto, el presidente Iván Duque debería ir a fondo en estas averiguaciones y aclarar las cinco preguntas fundamentales de este escándalo.