El Gobierno consuma la ampliación de la prisión preventiva oficiosa pese a la sentencia de la Corte Interamericana

Mientras el país se preparaba para la entrada al 2025, el Diario Oficial de la Federación publicaba los últimos cambios a la Constitución mexicana. En su edición vespertina del 31 de diciembre, el órgano del Gobierno anunciaba la modificación del artículo 19 para incluir la extorsión, la emisión de falsos comprobantes fiscales y los crímenes vinculados a la producción y venta de fentanilo. Era el trámite que le faltaba al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum para consumar la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, el paso definitivo para entrar en desacato con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó hace más de un año eliminar esta figura.

Con el cierre de año se ha cerrado también una de las viejas batallas de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente fue quien propuso el pasado febrero aumentar los delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa y envió su propuesta al Congreso. Hubo que esperar a la aplanadora que consiguieron Morena y sus aliados tras las elecciones del 2 de junio, para que se aprobara sin problema en la Cámara de Diputados y en el Senado, en noviembre. Por el camino se cayeron el narcomenudeo y algunos delitos fiscales, que no se han incluido en esta tanda.

La prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una piedra angular de la estrategia de seguridad de los Gobiernos mexicanos. Creada en el sexenio del panista Felipe Calderón en 2008 y defendida después a ultranza por López Obrador, su adversario político, esta figura envía a la cárcel de forma automática a los procesados de una serie de delitos, que van desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda. Los imputados por alguno de estos crímenes tienen que seguir su proceso judicial dentro del penal mientras la Fiscalía investiga. Al ser de forma oficiosa, el juez no puede entrar a valorar si hay riesgo de fuga o de destruir pruebas.

La Constitución marca un límite de dos años, pero en la realidad, miles de imputados pasan años en la cárcel esperando una sentencia. Daniel García y Reyes Alpízar, que ganaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron 17 años sin condena por un crimen que nunca cometieron. Este tipo de prisión, que es una anomalía en el resto de Latinoamérica, “es contraria las garantías internacionales”, dictaminó la Corte Interamericana, que ordenó en abril de 2023, a raíz del caso de García y Alpízar, a México que tenía que eliminarla, aunque eso implicara modificar su Constitución. Le dio al Estado un año para hacerlo. Ahora, 19 meses después, el país no solo no lo ha hecho, sino que ha consumado su desacato.

El abogado Simón Hernández, que llevó el caso de Daniel y Reyes ante el tribunal internacional, explica a EL PAÍS que esta decisión sitúa a México en un escenario sin precedentes. “Es la primera vez que la Corte Interamericana ordena un cambio constitucional y se va en contra”, señala Hernández, “el Estado aceptó la competencia de la corte y fue condenado a una serie de medidas, al incumplir se genera una responsabilidad internacional agravada, que nos coloca en niveles del Perú de [Alberto] Fujimuri, o en la última de etapa de Nicolás Maduro”.

A final de noviembre, la Corte Interamericana hizo su primera revisión del cumplimiento de las medidas que había impuesto a México por el caso García y Alpízar. El tribunal ordenó 10 medidas y de momento solo entró a valorar tres, relativas a la difusión de la sentencia y la reparación económica para las víctimas. La Corte consideraba que estas se habían cumplido a falta de publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. “El grado de cumplimiento de las restantes siete reparaciones será valorado en una resolución posterior”, señala la resolución del tribunal, que añade que el Gobierno mexicano tenía de plazo hasta el pasado 6 de diciembre para remitir “información actualizada y detallada sobre su cumplimiento”.

“Habrá que ver cuál es la respuesta en la corte”, apunta Hernández. El abogado identifica como uno de los puntos más graves de la reforma recién publicada su apunte final en el que se especifica: “Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.

Este detalle, explica Hernández, impide que los jueces de manera independiente, como estaban haciendo hasta ahora, puedan cumplir con la sentencia internacional. “Les limita de manera de absoluta para aplicar directamente la sentencia de García Rodríguez, lo que va en contra de la prohibición de introducir en el derecho interno disposiciones que vayan en contra de la convención americana”, señala, “en los hechos consideramos que es una forma velada de renunciar a la convención americana”.