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Daniel García y Reyes Alpízar, una vida para demostrar su inocencia: “Tuvo que venir una instancia internacional para que nos creyeran”

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sancionado a México y dado la razón a los dos hombres, que pasaron más de 17 años en prisión sin una sentencia

Beatriz Guillén
Daniel García y Reyes Alpízar
Daniel García (derecha) y Reyes Alpízar, en agosto de 2022.Rodrigo Oropeza

Daniel García ha entrado este miércoles en Ciudad de México por primera vez en 21 años. Le han sorprendido los edificios inmensos, las torres corporativas: “La ciudad parece otra”, cuenta. En las últimas dos décadas, García no había podido salir del Estado de México. La mayoría de ese tiempo estuvo en la cárcel, junto con Reyes Alpízar, a causa de un proceso penal que ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha echado por tierra por haber violado sus derechos. Se ha montado en el coche y cruzado la línea invisible que separa las dos entidades para llegar a tiempo a la rueda de prensa, donde acompañado de Alpízar y de los abogados, han leído la histórica sentencia.

“La Corte declaró la responsabilidad internacional de México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”, se lee en el documento, “esas violaciones a la Convención fueron cometidas en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, y se produjeron en el marco de su detención y privación a la libertad, del proceso penal del cual fueron objeto, de una medida de arraigo que les fue impuesta, y del período durante el cual estuvieron en prisión preventiva por más de 17 años. Los hechos del caso iniciaron el 25 de febrero de 2002 y se prolongaron hasta el año 2023″.

En apenas unas decenas de hojas firmadas en San José, Costa Rica, está todo por lo que estos dos hombres han aguantado en pie las últimas décadas. “Tuvo que venir de una instancia internacional para que nos creyeran, sobre todo, para que supieran lo que dije desde el primer momento: que era inocente”, dice Alpízar, “tuvo que ser un tribunal internacional que llegara a intermediar y hacer justicia”.

En 2001 fue asesinada María de los Ángeles Tamés en Atizapán de Zaragoza (Estado de México), una regidora del PAN en el mismo Ayuntamiento donde Daniel García era el secretario. Un año después los acusan a él y al entonces alcalde, Antonio Domínguez, de haber ordenado el crimen. Meses después es arrestado Reyes Alpízar, un artesano de la misma localidad, quien no conocía a ninguno de estos funcionarios. En la primera versión de la Fiscalía, Alpízar había sido cómplice del presunto autor material, un hombre llamado Jaime Martínez. Cuando se comprueba que Martínez estaba en prisión cuando sucedió el homicidio de la regidora, los agentes cambian el papel de Alpízar: pasa a ser quien disparó el arma.

Una promesa cumplida

Cuando tres años después, el alcalde Domínguez es liberado gracias a un amparo, Daniel García y Reyes Alpízar “solos en un rincón” hacen un pacto: “Hasta donde lleguemos, pero aquí hay que pelear, porque ni tú ni yo matamos a esa muchacha”. Han pasado más de 6.000 días de aquella promesa y hoy, los dos, por separado, la recuerdan.

La Corte Interamericana ha dejado probado que Daniel y Reyes fueron detenidos ilegalmente, que no les leyeron sus derechos, que pasaron —respectivamente— 47 y 31 días aislados sin ser llevados ante un juez, que fueron torturados, amenazados, que les obligaron a firmar documentos que los incriminaban, que no tuvieron asistencia judicial, y que el tiempo que pasaron en prisión no fue gratuito. “El tribunal afirma que la demora en la investigación y el proceso por más 20 años no se puede explicar por la complejidad del proceso ni por la conducta de las presuntas víctimas, sino por una actividad dilatoria atribuible al Estado”, apunta la sentencia.

Daniel García y Reyes Alpízar la noche del 23 de agosto de 2019 en el Estado de México.
El momento de la liberación de Daniel García y Reyes Alpízar la noche del 23 de agosto de 2019 en el Estado de México.ONU-DH México

Por todo esto, el alto tribunal internacional ha ordenado a México a cerrar su proceso penal, a eliminarles los antecedentes y ofrecerles asistencia médica y psicológica gratuita. Además, de indemnizarles con 100.000 dólares a cada uno. “¿La reparación? Nadie puede devolverme la vida de mi madre y de mi hermano que lucharon por mí hasta que murieron y no me vieron libre”, dice Reyes Alpízar. Tampoco lo vieron los padres de Daniel García, de quienes ha puesto esta mañana una foto mientras hablaba ante los medios.

“Para mí esta sentencia, además de la gran importancia que tiene para otros casos y la historia de México, representa algo quizás sencillo, pero muy importante: el hecho de limpiar nuestro nombre”, apunta Daniel García. “Hay dos cosas que a mí me entregó mi familia, el oficio, que somos panaderos, y el nombre. Yo recibí ese nombre intacto y tenía la obligación de entregarlo de esa forma a mis hijos y a mis nietos. Para nosotros, con eso, es suficiente”.

El proceso de García todavía no ha terminado. El año pasado, ambos fueron condenados por un tribunal del Estado de México a 35 años. Tras una apelación, hace dos semanas Reyes Alpízar fue absuelto por falta de pruebas, pero se ratificó la sentencia a Daniel. Sus abogados solicitaron un amparo. Sin embargo, durante varios días y de forma arbitraria, Daniel García fue detenido de nuevo por policías ministeriales y reingresado en el penal de Barrientos, donde pasó los 17 años sin condena. Solo duró unos días, porque un juez exigió su liberación. Ahora, tras la sentencia de la Corte Interamericana, su caso debe ser atraído por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debe valorar si concede un amparo directo, es decir, el fin del proceso penal. “La Corte Interamericana no es un cuarto tribunal, no puede resolver el fondo, sino que se tiene que hacer en México. Pero tengo toda la certeza de que así lo va a hacer la SCJN”, explica García.

¿Qué hay después de esto? Daniel García lo tiene claro: “Impulsar el cumplimiento de la sentencia, esa es nuestra meta, nuestra nueva bandera. Esto cierra una etapa, pero abre otra. Nosotros tenemos una diferencia con las otras 13 sentencias que hizo la Corte contra México, porque la mayoría de esas víctimas, Radilla Pacheco, Campo Algodonero... Son personas muertas, pero nosotros aquí estamos, vamos a impulsar que se acabe la barbaridad que es la prisión preventiva oficiosa, ese negocio de los ministerios públicos que encarcelan sin la mediación del juez. Es obligado”.

Reyes menciona pasar más tiempo con su familiar, para recuperarse: “Porque a veces somos como extraños, no nos conocemos”, señala. A más corto plazo, va a irse a gritar esta noche al cerro. “Cuando dijeron la sentencia, yo estaba muy atento: me quedé sin palabras, tenía ganas de gritar, de llorar, tenía un nudo de la garganta... A mí no me derrumba cualquier cosa, soy un poquito fuerte”, dice este hombre que sobrevivió tres días de torturas en un sótano de la subprocuraduría del Estado de México y 17 años de cárcel sin sentencia, “y esto me dejó sin aliento”.

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Beatriz Guillén
Reportera de EL PAÍS en México. Cubre temas sociales, con especial atención en derechos humanos, justicia, migración y violencia contra las mujeres. Graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS.

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