Pasó 17 años en prisión preventiva en México. Ahora ha sido detenido de nuevo: así está el caso de Daniel García

Daniel García ha vuelto este lunes al penal de Barrientos, en el Estado de México, donde pasó 17 años en prisión preventiva, el tiempo más largo que un mexicano haya estado en la cárcel sin sentencia. Entonces, era el año 2002 y García estaba acusado de ordenar el asesinato de la regidora María de los Ángeles Tamés. Su caso y el de Reyes Alpízar llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido detenidos sin orden judicial, torturados y procesados con pruebas fabricadas. La resolución está a pocos días de salir y todo apunta a que el Estado mexicano va a ser sancionado. En ese contexto, la Fiscalía del Estado de México ha vuelto a detener a García, saltándose la suspensión otorgada por un juez federal y el compromiso del país ante el tribunal internacional de que iban a permanecer en libertad. Su abogado, Simón Hernández, no tiene dudas: “Es una represalia contra él por haber llevado su caso a instancias internacionales”.

A las 13.00 horas, policías ministeriales de la Fiscalía del Estado de México han ejecutado una orden de reaprehensión emitida por un juez penal de Tlalnepantla y han esposado al abogado Daniel García. De ahí lo han llevado al centro penitenciario de Barrientos. Su hija Denisse Aribel García, quien estudió Derecho para defender a su padre en el proceso anterior, lo ha grabado entrando serio en la cárcel. Hernández teme que vayan a colocar a García en el área de la cárcel más complicada, donde ya están los condenados con sentencia firme. De momento, ya han notificado a la Corte Interamericana esta detención, que califican de “irregular”.

El proceso que vivieron Daniel García y Reyes Alpízar se ha convertido en un ejemplo de las arbitrariedades judiciales que funcionan en México. Los dos hombres fueron acusados de participar en el homicidio de María de los Ángeles Tamés, en 2001. En una primera versión de los hechos, la Fiscalía acusaba a un hombre llamado Jaime Martínez de ser el autor material, a Alpízar de haberlo acompañado y a García de haberles pagado a ambos 300.000 pesos (unos 15.000 dólares) por cometer el crimen. Cuando se comprobó que Martínez estaba recluido en una cárcel de Hidalgo cuando se cometió el asesinato, el Ministerio Público cambió de teoría y acusó exclusivamente a Reyes Alpízar de haber disparado. Esta narrativa no contaba con pruebas, pero estaba sustentada en los escritos de una decena de presuntos testigos. Solo uno de ellos llegó a presentarse en el juicio: aseguró que lo habían golpeado para firmar ese documento.

Pese a la cadena de irregularidades, García y Alpízar estuvieron presos más de 17 años, sin haber recibido ninguna condena. Gracias a la presión del grupo de trabajo de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que dejaron acreditadas las torturas y las arbitrariedades en el proceso, los dos hombres salieron de la cárcel en 2019. Quedaron bajo prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, que les controla la ubicación y les impide salir del Estado de México.

En mayo del año pasado, un tribunal del Estado de México condenó a los hombres a 37 años de prisión. Sus abogados apelaron y ese mismo tribunal absolvió hace un par de semanas a Reyes Alpízar por falta de pruebas, pero refrendó la sentencia contra Daniel García. “No tiene justificación porque no existe ningún elemento probatorio, por eso se liberó a Reyes. Nosotros creemos que es una represalia contra Daniel por haber sido el principal vocero del caso, por haber acudido ante la corte, por exhibir la forma en la que viven las personas privadas de libertad en México. Hay un malestar de parte de las autoridades del Estado de México y esta es una nueva evidencia de las acciones totalmente arbitrarias del caso, utilizando la medida más delicada, que es la privación de libertad, que es el centro de este caso”, explica su abogado Simón Hernández.

El defensor explica que esta detención comete tres infracciones: por un lado, un juez federal concedió la semana pasada la suspensión provisional de cualquier acto de posible privación de la libertad en el marco de un amparo indirecto. “Se concede la medida cautelar, para el solo efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y los quejosos Daniel García Rodríguez y Reyes Alpiza Ortiz no sean privados de su libertad, quedando a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere”, señala el documento federal. El juez notificó al juez penal. Además, en el caso de una orden de reaprehensión —especifica Hernández— sería un juez de ejecución quien debía emitirla, como tampoco ha sido el caso.

Por último, como la Corte Interamericana está analizando el caso de Daniel y Reyes, su equipo legal solicitó al alto tribunal una medida provisional para que estos no fueran detenidos mientras se resolvía el proceso. El Estado mexicano rechazó la necesidad de la medida y alegó: “No existe una probabilidad razonable de que la privación de la liberta se materialice”, con base en que primero debía resolverse el amparo directo. “En definitiva, le mintieron a la Corte Interamericana”, incide Hernández. Por esa razón, el equipo legal de García ya se ha puesto en contacto con el alto tribunal para solicitar que, ahora sí, imponga esta medida provisional. Además, en el circuito mexicano se ha notificado al juez federal que se incumplió la medida cautelar.

El caso de Daniel y Reyes ha puesto contra las cuerdas a una de las figuras estrellas del sistema judicial mexicano: la prisión preventiva oficiosa. Esta medida se impone de forma automática, sin que lo dictamine un juez, en un catálogo de 16 delitos que van desde el homicidio hasta el robo en una vivienda. Los acusados van directos a prisión sin tener una sentencia, solo por el mero hecho de haber sido imputados, aunque después se demuestre que son inocentes. La Constitución mexicana señala que solo pueden estar dos años bajo esta fórmula, pero la realidad es que los procesos se alargan durante años. García y Alpízar tienen hasta ahora el récord con 17 años sin condena. Si la Corte Interamericana da la razón a los dos hombres en su proceso, el alto tribunal podría obligar a México a modificar la Constitución para eliminar esta polémica figura, considerada por los tratados internacionales como “inconvencional”.

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