Los gobernadores de los 32 Estados de México piden a la Suprema Corte mantener la prisión preventiva oficiosa

Los gobernadores de los 32 Estados de México se han puesto de acuerdo. Los mandatarios, la mayoría de Morena y sus aliados, pero también del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedirle que no toque la prisión preventiva oficiosa. El alto tribunal está preparando varios proyectos para modificar esta polémica figura, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara a México el año pasado y le ordenara retirarla de su Constitución. Sin embargo, los políticos aluden que esta figura es clave para mantener la seguridad del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha celebrado este martes en su conferencia mañanera la posición de los gobernadores.

Bajo la figura amicus curiae (amigos de la Corte), la Conferencia Nacional de Gobernadores presentó a final de abril un escrito en el buzón de la Suprema Corte. En la misiva, los mandatarios piden al tribunal que valore el “grave impacto” que tendría en la seguridad de México la modificación de la prisión preventiva oficiosa. “Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias”, se lee en la carta.

Los gobernadores hacen hincapié en “el colapso” en el que entrarían los tribunales federales si tienen que “analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”. En México hay 68.000 personas bajo esta figura en las cárceles, sin que hayan recibido una sentencia. Son un tercio de las 232.600 personas encarceladas. La mayoría están en el Estado de México (21.000), le siguen 8.400 en Jalisco, 4.500 en Veracruz o 3.300 en Michoacán.

La prisión preventiva oficiosa está recogida en el artículo 19 de la Constitución y permite enviar de forma automática a prisión a los acusados en una serie de delitos en la primera fase del proceso judicial. En México se aplica para un catálogo de 16 crímenes que va desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda. Esta figura, que es una anomalía en el resto de Latinoamérica, “es contraria las garantías internacionales”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que la considera un encarcelamiento por adelantado.

Hace un año que la Corte Interamericana sancionó a México por vulnerar los derechos de Daniel García y Reyes Alpízar, los dos hombres que estuvieron 17 años y medio en prisión sin una sentencia. Para evitar que su caso se repitiera, el alto tribunal internacional ordenó al país “adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana”. México cuenta con dos prisiones preventivas, la justificada —que también implica que el acusado siga su proceso judicial en la cárcel, pero porque un juez considera que existe riesgo de fuga o de dañar a la víctima— y la oficiosa, que es la que se aplica de forma automática. El tribunal internacional solo exige modificar esta última.

Sobre esto también se han pronunciado los gobernadores: “Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes; sin embargo, éstas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de nuestra Constitución”. Además añaden: “Es necesario mantener la supremacía constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública”.

La carta de los mandatarios tiene un objetivo definido: el proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que va a proponer eliminar la prisión preventiva oficiosa para dar respuesta a las sentencias de la CoIDH. Además hay otros dos proyectos en preparación en la SCJN: la acción de inconstitucionalidad 49/2021, presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, que va orientada a buscar el diálogo entre la Fiscalía, el Ejecutivo y la Defensoría sobre cómo inaplicar esta figura; y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que aboga por elimina esta figura pero solo para la persona que promovió el amparo, no a nivel general. Los tres proyectos llevan meses en la lista de asuntos pendientes de la Suprema Corte, pero fuentes judiciales apuntan a EL PAÍS que es probable que se discutan después de las elecciones del 2 de junio.

El escrito de los gobernadores se alinea con la postura que ha mantenido López Obrador desde el principio. El presidente ha convertido a la prisión preventiva oficiosa en un pilar clave de su estrategia de seguridad y así la ha defendido. Además, en su batalla de poderes con Norma Piña, la presidenta de la SCJN, esta figura se ha convertido en un arma arrojadiza. “Yo espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado, que están actuando jueces y magistrados, ministros...”, ha dicho este martes el mandatario, para después celebrar la postura de los gobernadores: “Está bien que los gobernadores estén pendientes de esto y demandando una actitud responsable a la Corte, porque ellos son los que padecen, y no solo los gobernadores, ministerios públicos, fiscales, las policías... porque los ajustician. Es muy irresponsable el actuar así”.

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