México avanza en la ampliación de la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa

La Cámara de Diputados mexicana ha aprobado este miércoles ampliar la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa. La mayoría oficialista de Morena ha aceptado que la extorsión y las conductas vinculadas al fentanilo y a otras drogas sintéticas se incluyan en el catálogo de crímenes que llevan de forma automática a los procesados a la cárcel. La discusión en la Cámara Baja ha llevado, gracias a las reservas presentadas por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, a quitar el narcomenudeo y la defraudación fiscal, que estaban en la lista inicial. La decisión de la Cámara de Diputados se ha tomado pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa hace más de un año.

La votación de este miércoles se gestó hace nueve meses. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en su pulso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentaba al Congreso la reforma para ampliar el catálogo de crímenes sellado en el artículo 19 de la Constitución. El mandatario incluía en la lista de delitos graves que merecen la prisión automática estos cuatro que se han votado hoy. Entonces, Morena no tenía la aplanadora legislativa —ganada en las elecciones de junio—, que le ha permitido aprobar la polémica reforma judicial o la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora el camino está libre. El único contrapeso a las reformas de Morena es el propio Morena.

La prisión preventiva oficiosa se convirtió en una piedra angular de la estrategia de seguridad de López Obrador. Esta figura —creada en el sexenio del panista Felipe Calderón en 2008— envía a la cárcel de forma automática a los procesados de una serie de delitos, que van desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda. Los imputados por alguno de estos crímenes tendrán que seguir su proceso judicial dentro del penal mientras la Fiscalía investiga. Al ser de forma oficiosa, el juez no puede entrar a valorar si hay riesgo de fuga o de destruir pruebas. La Constitución marca un límite de dos años, pero en la realidad, miles de imputados pasan años en la cárcel esperando una sentencia. Daniel García y Reyes Alpízar, que ganaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron 17 años sin condena por un crimen que nunca cometieron.

Este tipo de prisión, que es una anomalía en el resto de Latinoamérica, “es contraria las garantías internacionales”, dictaminó la Corte Interamericana, que ordenó en 2023 a México que tenía que eliminarla, aunque eso implicara modificar su Constitución. Le dio al Estado un año para hacerlo. Ahora, 18 meses después, el país no solo no lo ha hecho, sino que se encamina a ampliar el poder de esta figura. La decisión final estará en manos del Senado, donde Morena también cuenta con la mayoría necesaria para hacer cambios a la Constitución.

Los diputados de Morena han defendido en la votación de este miércoles esta reforma como una “herramienta fundamental” para que los imputados de delitos de extorsión o narcomenudeo no se fuguen y no intimiden a las víctimas. En México ya hay una figura legal que permite eso: la prisión preventiva justificada. Esta medida —que no fue sancionada por la Corta Interamericana— envía al imputado a la cárcel, porque el juez considera que existe riesgo de que dañe a la víctima o al proceso judicial. De la bancada de Morena, solo la diputada Alma Rosa de la Vega ha recordado que existen otros mecanismos: “A la par de la prisión preventiva oficiosa existe la figura de la prisión preventiva justificada. Lo que en realidad nos dice que la oficiosa no es el único camino ni la vía más adecuada para fortalecer el trabajo de los órganos procuradores de justicia, sino una herramienta temporal que no lograra por sí misma una justicia plena y confiable”.

“Tenemos que combatir la inseguridad en el país”, ha dicho, en cambio, el morenista Leonel Godoy Rangel, “la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, lo necesitamos”. “La prisión preventiva no es una sanción en sí misma, pero sí sirve para que estos se los piensen dos veces”, ha añadido Estela Carina Picena, de Morena. “Estamos enviando un mensaje claro a los que buscan hacer daño a nuestra sociedad, no toleraremos la impunidad”, ha afirmado Juana Acosta, de la misma bancada. “¿A poco no queremos que se combata la extorsión?”, ha preguntado el también morenista José Alejandro Peña.

Toda la oposición se ha manifestado en contra, aunque partidos como el PAN y el PRI estuvieron a favor en años anteriores de ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa. “Las personas van a prisión antes de que los acusen, antes de que hay una investigación, porque basta con la probabilidad de que hayan cometido un delito. Apostemos por una prisión preventiva justificada, que evalúe de forma efectiva el riesgo de que el proceso pudiera verse afectado, apostemos por respetar los tratados internacionales”, ha dicho Nadia Navarro, del PRI. “En el PAN estamos en contra de esta reforma porque violenta el principio de presunción de inocencia, porque va en contra del derecho convencional. Es una herramienta para meter a inocentes a la cárcel”, ha dicho Annia Sarahí Gómez. “No están en prisión preventiva oficiosa la clase privilegiada del país, ellos enfrentan sus procesos en libertad como Emilio Lozoya”, ha dicho Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, que ha recordado que esta medida criminaliza a “los pobres y a las mujeres”.

En México, el 40% de la población penitenciaria no tiene sentencia, unas 90.000 personas, y de esas, 68.000 están en prisión preventiva oficiosa. Esta figura afecta especialmente a las mujeres, la mitad de ellas están en la cárcel sin condena. Los organismos internacionales se han posicionado en contra de la reforma. La ONU ha afirmado este mismo miércoles: “Endurece y expande una medida que debería eliminarse. Hacer que la detención sea automática y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un castigo y constituye una detención arbitraria que expone a todas las personas, especialmente a las más pobres”.