Cuatro años de la Ley de Amnistía en México: de corregir injusticias a la libertad a dedo de López Obrador

Era otra mujer condenada por delitos contra la salud. Había transportado marihuana y lo había hecho porque vivía en la pobreza. El 21 de abril de 2021 fue la primera beneficiaria de la Ley de Amnistía, que había sido aprobada un año antes a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después fueron amnistiadas dos mujeres tzetlal que estaban sentenciadas por lo mismo, también un hombre que había sido obligado a mover heroína. La lista sigue: se ha liberado a 11 personas con una discapacidad permanente que fueron a la cárcel por hacer de mulas. Ha sido excarcelado un tzotzil que nunca tuvo derecho a un intérprete cuando lo enjuiciaron por cambiar el uso de suelo. Hace cuatro años que la Ley de Amnistía está en vigor y ha cambiado la vida de 374 personas. Un número lejos de los miles que llegó a prometer el Gobierno, pero un triunfo para los defensores de derechos humanos que pelean contra el voraz sistema de justicia mexicano. Ahora, esas mismas organizaciones alertan sobre la última reforma a una ley que celebran: el presidente se ha otorgado, sin cortapisas ni rendición de cuentas, el poder de liberar a dedo.

Andrés Manuel López Obrador apuntó hacia la amnistía federal antes de ser nombrado candidato por última vez. Era diciembre de 2017, en Quechultenango, Guerrero, y el virtual aspirante a la presidencia propuso la posibilidad de perdonar a quien tuviera información sobre el caso que había destrozado la paz en el Estado: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Enunció la idea de otro modo y convirtió la amnistía en una de las propuestas estrella de su campaña.

Cuando llegó al Gobierno consiguió aprobar la ley a contrarreloj, en abril de 2020, con la pandemia de covid y el terror de las cárceles hacinadas como telón de fondo. “Fue una iniciativa histórica, porque a diferencia de procesos en otros países, esta sí reconocía que el sistema de justicia penal le había fallado a las personas en situación de vulnerabilidad, la ley lo reconocía como una medida de reparación”, apunta la directora ejecutiva de Elementa, Adriana Muro.

La iniciativa presidencial estaba pensada para cinco supuestos: comunidades indígenas, mujeres presas por abortar, delitos contra la salud, robos sin violencia y sedición. La ley en ningún caso podía beneficiar a quienes hubieran cometido delitos contra la integridad ni hubieran utilizado armas de fuego. Tampoco para los 16 crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa, que van desde el robo a casa habitación hasta el feminicidio. Los delitos contra los derechos humanos, como la desaparición forzada, quedaban fuera por los estándares internacionales.

La ley nació con limitaciones. “Empezaron los obstáculos desde la construcción de la propuesta, porque en un primer momento las legisladoras de Morena habían contemplado que también se incluyera a las personas que llevaran mucho tiempo en reclusión o que hubieran sido víctimas de tortura durante su detención, independientemente del delito, pero no se llegó a eso”, relata la directora de CEA Justicia, Ángela Guerrero.

Además, la amnistía tenía una restricción principal: solo podía beneficiar a los acusados por el fuero federal, lo que dejaba en el aire a miles de presos del fuero común, que dependían de que los Estados adecuaran sus leyes locales. Aun así, el partido guinda anunció que podía ayudar a sacar de la cárcel a unas 8.000 personas. “La ley reconocía que había muchas personas en México que habían sido víctimas del combate al crimen organizado por parte del Estado y que la única forma de resolver la injusticia era la amnistía”, apunta Guerrero.

El 70% de las solicitudes rechazadas

En estos cuatro años se han presentado 2.336 solicitudes a la comisión de amnistía, formada por la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad y la de Bienestar, además del Instituto Nacional de las Mujeres y el de los Pueblos Indígenas. El 70% de las solicitudes, más de 1.600, fueron rechazadas porque no se ajustaban a los criterios de la ley: eran delitos del fuero común, calificados como graves o que no se correspondían con uno de los cinco supuestos.

La comisión sí autorizó la amnistía para 425 personas, de las que finalmente los jueces aceptaron 374, según consta en su base de datos. El 98% de los liberados habían sido acusados de delitos contra la salud (317 de ellos por transporte). Solo nueve estaban por otros delitos: cinco por robo simple, tres por transporte de extranjeros y uno por cambio de uso de suelo. Entre los liberados hay 35 imputados que pertenecían a comunidades indígenas. Por ejemplo, un mixteco, un chinanteco, un tlapaneco y un guatemalteco maya, que nunca pudieron entender de que los acusaban porque no tuvieron intérprete.

De las personas que han recibido la amnistía, 126 son mujeres. La mayoría se benefició de este perdón por su situación de pobreza y pobreza extrema, pero una decena fue porque habían recibido presiones de sus parejas o del crimen organizado. En total 18 de ellas estaban recluidas en el Cefereso 16, el conocido como cementerio para vivas, en el que las brutales condiciones han provocado en el último año una ola de suicidios.

No se ha recibido ninguna solicitud de amnistía para dos de los supuestos de la ley, los delitos de aborto (que incluía a aquellas que hubieran podido ser acusadas de homicidio por razón de parentesco “cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”), ni por sedición, que estaba pensado para presos políticos.

“¿De qué sirve sacar gente si sigues metiendo a otros por lo mismo?”

Los números reflejan 374 vidas recuperadas, pero es un impacto muy pequeño en un universo de 28.760 presos por delitos federales. “Ha sido una implantación lenta”, define Adriana Muro, “la comisión de amnistía no lleva un ritmo consecuente de reunirse y además, la defensoría pública federal ha tenido que estar litigando para demostrar que los acusados habían sido coaccionados por parte del crimen o que sí vivían en una situación de pobreza”.

La comisión se instaló por primera vez el 23 de junio de 2020, dos meses después de aprobar la ley. En su segunda sesión, en diciembre, revisaron 184 solicitudes y declararon todas improcedentes. Por eso, las primeras liberaciones no se autorizaron hasta mitad de 2021. Se han reunido entre tres y cuatro veces cada año, con un ritmo variado de amnistías: 64 en la sesión que más fueron aprobadas, y nueve en la que menos.

“Se requieren reformas para que la ley sea más operativa: el Congreso ya va tres años tarde”, valora la directora de Elementa, experta en derechos humanos y política de drogas, que propone a las cámaras revisar los delitos por posesión libre de drogas o transporte —que son la mayoría de los amnistiados— para darles una alternativa de prisión. “Eso tampoco se ha hecho. ¿De qué sirve que saques a gente de la cárcel si sigues metiendo a otros por los mismos delitos bajo las mismas condiciones? Seguimos sentenciando a los que están en los eslabones más bajos, y en ningún momento se está atacando a las redes macrocriminales”.

Además, sigue pendiente amnistiar a aquellos que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante su proceso judicial. El presidente López Obrador aprobó —como si fuera un añadido a la ley— un decreto en agosto de 2021 para liberar a 680 internos, que habían sido torturados, llevaban más de 10 años sin sentencia o eran mayores 70 años. Sin embargo, por trabas jurídicas, en Ciudad de México se han empezado a estudiar estas amnistías apenas hace tres meses, explica la directora de CEA Justicia. Esto sí se logró en algunas leyes estatales como, por ejemplo, la del Estado de México.

3.000 liberados en el Estado de México

La idea de la Ley de Amnistía era que fuera replicada por los Congresos locales. De momento, 14 Estados han creado una propia: Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, y hace apenas unos días, también Guerrero. Cada uno ha podido incluir sus propios criterios.

En el Estado de México se consiguió incorporar como beneficiarios a la ley a aquellos que un organismo público de derechos humanos —fuera local, nacional o internacional— reconociera que se advirtieron violaciones, sin importar el delito por el que estuviera acusado. “Esa ha sido la verdadera batalla jurídica, política y social”, afirma Antonio Lara, abogado del centro Zeferino Ladrillero, que indica que de momento se han liberado a 18 personas bajo ese supuesto, acusadas de delitos como extorsión, secuestro u homicidio, “la mitad fueron mujeres indígenas”.

Pero la verdadera revolución en esa entidad, que tiene la mayor población privada de libertad del país (35.000 personas), ha sido ampliar “el espectro de delitos amnistiable de forma directa”, explica Lara, como por ejemplo en el robo, que se incluyó que pudiera ser con violencia siempre que no haya causado lesiones. Ese fue el caso de Uriel Núñez, quien fue acusado de robo con violencia por machetear una sandía y tratar de robar 180 pesos. Su madre Jovita consiguió su amnistía en 2021.

El Estado también incluyó a los mayores de 65 años con enfermedades, a las mujeres acusadas de exceso de legítima defensa, o a quienes estén acusados por un delito culposo. En definitiva: más de 3.000 amnistiados en tres años. Como describe Lara: “El mayor impacto es en replantear el sistema de justicia: la ley colocó en la discusión pública los excesos y las anomalías que se pueden cometer, particularmante hacia los sectores más vulnerables. Las deficiencias de las defensas, la fabricación de pruebas, el origen socioeconómico y étnico, sí influyeron para que personas fueran indebidamente condenadas”.

El poder sin filtros del presidente

Era el segundo debate televiso de la campaña de 2018. López Obrador fue al plató y su propuesta de amnistía fue muy golpeada. No se defendió. Salieron entonces Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo a explicar la iniciativa del candidato. “Morena no busca pactar con los capos, busca alternativas a los modelos fallidos, busca una amnistía a esos millones que han sido cooptados por el crimen organizado por no tener las oportunidades que todo mexicano debería tener”, apuntaba Sánchez Cordero. “Será una ley y corresponderá al Congreso. No hay decisiones unilaterales ni habrá arbitrariedad del presidente”, dijo Durazo, para terminar: “No hay forma de que el Congreso pase una ley de amnistía en contradicción con tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos”.

Así fue durante los primeros cuatro años de la ley. Hasta hace una semana. A propuesta de Ricardo Monreal, el Congreso ha aprobado un noveno artículo a la Ley de Amnistía, que dice: “Por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”. Sirve para todos los delitos —incluido desaparición forzada o tortura, crímenes para los que los tratados internacionales impiden conceder amnistía— y también para todos los acusados, ya sean procesados o sentenciados. Solo hay una condición: “Que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado”.

“Fue una discusión rápida, sin debate de las finalidades y sin que pudieran participar quienes reivindican justicia”, apunta Jorge Peniche, del Centro Guernica 37, “de ahí salió este bicho raro que rompe con toda la lógica de la anterior ley, aquí es básicamente que el presidente estime que hay intereses relevantes en ciertos juicios para avanzar la verdad”. El abogado reconoce la larga historia de México utilizando amnistías: “La facultad para otorgarla está desde 1824, tiene ya 200 años. Pero siempre ha sido una facultad del Congreso, ese es el principal problema de esta”.

¿Dónde no logra investigar el Estado?

La reforma llega tres meses antes del cierre del sexenio. López Obrador prometió verdad para el caso Ayotzinapa, esclarecimiento para los crímenes de la Guerra Sucia, y el tiempo se acaba. “Es una amnistía a cambio de verdad: ‘no te voy a hacer nada a cambio de información’. El querer saber qué pasó es una finalidad válida, pero, ¿donde está la responsabilidad del Estado? ¿Por qué el Estado no logra investigar y tiene que recurrir a estas medidas? ¿Dónde no logra investigar?”, pregunta Peniche, especialista en temas de lucha contra la impunidad.

Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos tienen desde hace meses un reclamo: que el Ejército revele sus documentos de espionaje en la zona, para buscar ahí alguna respuesta de qué sucedió en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Pero, los archivos militares han marcado el límite del poder López Obrador. El 4 de junio, el presidente entregó 15 documentos castrenses a las familias, de los 800 que ellas apuntan que hay. El mandatario dijo que eso era todo y 10 días después se aprobó la reforma a la Ley de Amnistía.

“Nos preocupa que la búsqueda de justicia sea una salida fácil para quienes fueron funcionarios públicos y cometieron graves violaciones a los derechos humanos”, considera el abogado Antonio Lara: “Claro que es valioso saber dónde están las personas que fueron desaparecidas, pero tenemos dudas de si la ruta es la amnistía, acceder a la verdad es sano para el país, pero también acceder a la justicia. El espiritu de fondo de la amnistía es lograr paz y reconciliación con el pueblo, no con los que cometieron atrocidades en contra de ese pueblo”.

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