La amnistía mexicana: un olvido para los olvidados

La amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador va camino de convertirse en una política palpable. Eso es un motivo de celebración con todo y las lagunas y ambigüedades de la propuesta. Como ya se ha señalado reiteradamente, es aire fresco en un entorno donde la alternativa punitiva se había vuelto hegemónica e indiscutible. Esta amnistía tendrá sus diferencias con aquellas amnistías emblemáticas del siglo pasado en otras regiones del mundo, cuyo propósito principal fue pacificar entornos de violencia descontrolada y para las cuales el fin último de la pacificación subordinaba cualquier consideración sobre la justicia, como el castigo a los culpables de delitos asociados a la violencia. En la literatura especializada, este predicamento se conoció como el dilema de la paz y la justicia: había que elegir entre una y otra, pero las dos juntas son inasequibles. La amnistía mexicana apuesta a disolver el dilema. Quiere la pacificación a través de la justicia, no expensas de ella. Esa es su gran promesa y también su principal desafío. 

Desde sus orígenes las amnistías fueron herramientas jurídicas para pacificar. Pacificaban porque se usaban como moneda de cambio. En los casos clásicos, ofrecían un perdón legal—o mejor dicho un olvido legal para hacer honor a su etimología—a la dirigencia política para que dejara pacíficamente el poder a cambio de garantía de no persecución política. Es el caso de las dictaduras militares de Argentina y Uruguay; o a un grupo beligerante con motivaciones políticas a condición de que depusiera las armas, como las amnistías de Argelia y Uganda.

La amnistía que propone López Obrador no se concibe como una moneda de cambio ni se asemeja a las amnistías que buscan la desmovilización de grupos en conflicto

Paz por olvido, bajo el supuesto de que sin ese olvido la espiral de violencia política y/o social continuaría sin cortapisas. El célebre jurista alemán Carl Schmitt, en un ensayo que publicó al final de la Segunda Guerra y que EL PAÍS tradujo al español en 1977 en las vísperas de la transición española a la democracia, escribía en el mismo sentido que la amnistía es “la fuerza de olvidar”, aunque su alegato por el indulto era más que nada un repudio a la llamada “justicia de los vencedores” (según él, la práctica de juzgar legalmente a los perdedores bajo los criterios de los triunfadores en la guerra). 

La amnistía que propone el nuevo Gobierno mexicano no se ha concebido como una moneda de cambio. Ni siquiera se asemeja a las amnistías que buscan la desmovilización de grupos en conflicto. No existe en México un grupo beligerante reacio a soltar las riendas del poder. Por el otro, el derecho internacional restringe la autonomía de los Estados para fraguar acuerdos de paz a expensas de ofrecer impunidad a quienes han cometido violaciones de derechos humanos. En la medida en que México ha suscrito tratados internacionales como el que formó la Corte Penal Internacional un uso semejante de la amnistía está fuera de la discusión. 

Es por eso que la propuesta de López Obrador pone hincapié en que el círculo de los sujetos amnistiables será reducido, dejando fuera a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación (Interior) escribió: “Morena no busca pactar con los capos, no busca su perdón, Morena busca alternativas a los modelos fallidos, busca una amnistía a esos millones que han sido reclutados y cooptados por el crimen organizado por no tener las oportunidades que todo mexicano debería tener.” Para ilustrar el punto, Sánchez Cordero pone de ejemplo a Sebastiana, una mujer indígena de la etnia tzotzil de Chiapas, Estado al sur, encarcelada por realizar funciones de “mula”, como se llama a las mujeres que transportan droga (cocaína, en su caso) de contrabando. Mujeres y hombres como ella son la población objetivo de la amnistía. 

La amnistía mexicana será acotada, quirúrgica. Protege a quienes han sido víctimas de leyes injustas que perjudican a los más vulnerables. No solo a mulas en Chiapas, sino también a campesinos que cultivan la amapola en la sierra de Guerrero o a los informantes a sueldo, los llamados halcones, por mencionar algunos casos. Es una amnistía para la precariedad, para los eslabones débiles de la cadena delictiva, una que olvida los delitos de los olvidados y refleja esa preocupación por los más desvalidos que lleva el sello de la próxima administración. 

La amnistía mexicana podría dejar una deuda social. Al reducir el círculo de sus potenciales beneficiarios nos quedamos con una amnistía en los huesos

Por su propia moderación, la amnistía mexicana podría dejar una deuda social. Al reducir el círculo de sus potenciales beneficiarios nos quedamos al final con una amnistía en los huesos. Si su motivación es proteger a grupos vulnerables “que han sido reclutados y cooptados por el crimen organizado”, entonces la amnistía no solo debería contemplar a “mulas” enganchadas como Sebastiana o a campesinos que siembran amapola. Debería incluir también, e incluso de manera más urgente, a quienes fueron reclutados por grupos criminales mediante presiones de la más diversa índole (desde la coacción hasta la socialización tóxica) y que luego cometieron delitos graves como la tortura o el asesinato.

Los carteles tienen desplegado un pequeño ejército de niños y jóvenes laborando en sus zonas de influencia y algunos de ellos han cometido actos que sin lugar a dudas constituyen violaciones a derechos humanos. No hay lugar para ellos en la amnistía tal y como está planteada en el discurso. ¿Es esto deseable? ¿No fue justamente la condición de vulnerabilidad de estos menores de edad la que determinó su curso de vida? Y de hecho, volviendo al dilema de la paz y la justicia, ¿no sería precisamente su desmovilización la que contribuiría a la tan deseada pacificación? Si no la amnistía, ¿qué otras alternativas hay para ellos, dentro de las herramientas de la justicia transicional? 

Incluirlos no es, desde luego, una propuesta políticamente rentable. Debatirlo sería éticamente deseable. Nada de esto debe leerse, sin embargo, como una crítica al esfuerzo de la próxima administración por buscar reemplazos al caduco, injusto e ineficiente paradigma punitivo. Siempre será mejor amnistiar con modestia que criminalizar con eficacia.

Juan Espíndola Mata es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y autor de Transitional Justice and Respect after German Reunification. Exposing Unofficial Collaborators (Cambridge University Press, 2015)