México discute una ampliación de la Ley de Amnistía que faculta al presidente a perdonar cualquier delito en casos sin sentencia

La Cámara de Diputados discute esta semana en México un cambio en la Ley de Amnistía que faculta al presidente a conmutar penas y procesos penales, en casos “relevantes para el Estado”, sin discriminar delitos, sea cual sea su gravedad. Aprobado la semana pasada en el Senado, Morena y sus aliados esperan ratificar el cambio en la Cámara baja estos días, una petición directa del Ejecutivo, dirigido por Andrés Manuel López Obrador. En vigor desde 2020, el actual texto de la norma señala que una comisión interinstitucional debe estudiar de manera particular cada caso susceptible de poder beneficiarse de la ley.

La propuesta, que presentó Ricardo Monreal en el Senado, amplía en realidad un poder del que ya gozaba el presidente, conocido popularmente como indulto, atribución habitual de las jefaturas de Estado alrededor del mundo. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señala que la gran diferencia es que la modificación de la ley abarca todo el proceso penal y no solo casos sentenciados. “Con el cambio, una persona procesada podría beneficiarse de la amnistía”, explica. “El presidente podría sobreseer los procesos antes de que terminen”, añade.

Aguirre y otros expertos consultados estos días muestran dudas sobre la norma, que modifica la excepción marcada en la actual versión del texto para delitos graves como el secuestro o donde intervengan armas de fuego. En la práctica, el presidente tendría un poder discrecional para decidir a quién indulta, sin criterios claros sobre la cantidad y calidad de información que debe aportar la persona beneficiaria, ni límites en los delitos imputados. Así, un acusado de desaparición forzada, delincuencia organizada, tortura u homicidio doloso podría ver reducidos los procesos en su contra a la nada. “Debería ser facultad del judicial determinar si procede o no”, dice la abogada Vanesa Romero. “Me gusta, quizás, porque creo que el presidente es honesto, pero, ¿qué pasa cuándo llegue otro?”, añade.

La exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, defiende la modificación. Senadora por Morena, Sánchez Cordero señala que la reforma “está encaminada a dar una respuesta al derecho a la verdad”. La jurista destaca los candados del nuevo artículo: “Solo el presidente puede otorgar la amnistía, cuando se cumple el requisito de que la información que dé la persona beneficiaria sea comprobable. Y solo en casos de trascendencia nacional”. Y añade: “Pienso que es un paso muy importante para esclarecer crímenes, incluso cometidos por el propio Gobierno mexicano, o por el crimen organizado. No es un tema de cualquier perpetrador, no, no, es para casos trascendentes, como Ayotzinapa, Atenco, Rosendo Radilla, y así”.

Adriana Muro, directora de la organización Elementa, señala su extrañeza y preocupación con la propuesta. Muro y su equipo participan esta semana en las discusiones que mantendrán las comisiones de la Cámara de Diputados, antes de someter el cambio al pleno. “De lo que yo he buscado, no hay una experiencia de indultos en procesos abiertos y por cualquier delito. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente da habitualmente indultos por temas administrativos, no delitos. Puede llegar a haber, pero los estándares internacionales dicen que tiene que ser por delitos no graves. Entonces, mi sensación es que esto está hecho para alguien o para algunos casos en específico”, señala.

En la presentación de la enmienda hace unos días, la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, defendía que el cambio en la ley ayudaría a avanzar en procesos emblemáticos de los últimos años, en concreto, dijo, el caso Ayotzinapa. “Aquí hemos informado que hay un pacto de silencio que queremos romper. Lo que queremos es encontrar a los jóvenes y, en este sentido, estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para que puedan aportar información aquellos que conocen o que saben dónde pudiesen estar. Y la idea es contar con un marco jurídico que nos permita avanzar en romper ese pacto de silencio”, argumentó.

La velocidad con que Morena ha tramitado la enmienda en el Congreso revela cierto nerviosismo con el caso Ayotzinapa. El ataque contra un grupo de estudiantes normalistas hace diez años en Iguala, Guerrero, y la desaparición de 43 se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno. En su llegada al poder, en 2018, López Obrador prometió una nueva investigación del caso y su futura resolución. Según las pesquisas avanzaban, sin embargo, el caso se enredó, vistas las implicaciones del propio Estado, incómodas para el mismo Gobierno, caso del aparato de espionaje del Ejército.

Las dudas de Aguirre y Muro apuntan aquí a los planes que manejan el presidente y su equipo para el nuevo artículo de la ley, en el marco del caso Ayotzinapa. “Podría pensarse que está diseñado para perdonar a los militares involucrados en el caso”, dice Aguirre, aspecto en el que coincide con la directora de Elementa. “También podrían haberlo pensado para presos que los investigadores han ido a visitar, que están en proceso y que pueden tener información del paradero de los 43. Pero claro, ¿cómo va a ser verificable la información que den? ¿Cómo sabes que no lo van a hacer en lo oscurito?”, añade Aguirre.

La ley de amnistía nació con una lógica distinta. “Los supuestos que planteaba cuando se aprobó, en 2020, no estaban mal. Estaba diseñada para mujeres procesadas por temas de interrupción del embarazo, casos de sedición y casos de delitos contra la salud en modalidades menos lesivas”, dice Aguirre, en referencia a procesos por narcomenudeo. “Se constituyó una comisión de amnistía, con la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y demás”, añade. “Iba lento, pero Gobernación, a finales del año pasado, dijo que habían salido 400 personas en todo el sexenio”, cuenta.

El cambio propuesto ahora resulta extraño al texto original de la ley. “Es que le están dando al presidente la potestad de decir qué es verdad y qué no”, opina Muro. “En otros países se ha creado una arquitectura institucional para eso. Y aquí, además, no se ha pensado en un mecanismo de rendición de cuentas. Es decir, ¿quién va a saber qué verdad aporta tal o cual procesado que se beneficie de la ley? ¿Solo el presidente? ¿Cómo va a saber la sociedad? Están concentrando muchos poderes en una sola persona”, añade. La senadora Sánchez Cordero defiende que las víctimas son el muro ante un uso ilegítimo del nuevo artículo. Argumenta que en el caso de que un presidente beneficie injustamente a un procesado, las víctimas podrían ampararse para detener la medida.

La abogada Muro señala que en otros países, caso de Colombia, por ejemplo, este tipo de beneficios aparecen en el marco de procesos de justicia transicional. “La manera habitual de hacerlo es, uno, identificar el periodo de tiempo a tratar, dos, crear una institucionalidad independiente e imparcial, un mecanismo extraordinario, y tres, identificar qué delitos se pueden amnistiar de acuerdo a los estándares internacionales, en una lógica que incluya reducción de penas en los delitos no amnistiables. Luego ya, iniciar un diálogo con víctimas, con servidores públicos, etcétera. Pero es que aquí, nadie le ha preguntado siquiera a las víctimas”, zanja. Para Sánchez Cordero, este artículo “es una respuesta al Gobierno, no solo para obtener la verdad real, sino también una especie de justicia transicional”.

Si todo marcha para Morena, el miércoles podría presentar al pleno de la Cámara de Diputados el texto modificatorio. El partido guinda y sus aliados cuentan con mayoría en la Cámara baja. Su aprobación sería coser y cantar. Esta misma semana, López Obrador podría contar con una facultad prácticamente única en el mundo. Sean cuales sean sus planes para el caso Ayotzinapa, el mandatario podría contar con una nueva herramienta para avanzar en las investigaciones antes de que acabe el mes.

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