López Obrador, sobre la masacre de Chicomuselo: “Esa zona tiene un problema de seguridad”

La semana comenzó con una masacre. Once personas acribilladas en sus casas: las últimas víctimas de la guerra entre cárteles que ha tomado Chiapas y se ha ensañado con sus habitantes. En febrero, un informe de asociaciones civiles lo definía como “un conflicto armado no reconocido” desde junio de 2021, ante la pasividad de las autoridades y el relato oficial del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado más pobre de México, Rutilio Escandón, que hablan de una región en paz. Este jueves, López Obrador ha matizado su discurso ante la evidencia: ha reconocido los desplazamientos de población, al menos 10.000 personas que han abandonado por la fuerza sus hogares, y ha declarado: “Esa zona tiene problemas de inseguridad”.

Hasta la Iglesia Católica se ha manifestado en una carta de los obispos chiapanecos este miércoles ante “la ola de violencia presente en nuestras diócesis, que desestabiliza la sociedad y que en muchas ocasiones es generada por el crimen organizado; la presencia de la corrupción a todos los niveles de Gobierno, que tanto daño genera en el bienestar de las comunidades y familias. A estos, lamentablemente se suman; la migración, el pago de piso, la inseguridad, la pobreza generalizada, el rezago educativo y de salud, la falta de apoyo laboral y de conciencia en la equidad de oportunidades entre el hombre y la mujer [sic]”.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las dos organizaciones criminales más poderosas del país, mantienen una lucha sin cuartel por el control del sureste mexicano, un territorio poroso y fronterizo, fértil para los negocios ilícitos como el tráfico de drogas y de seres humanos, que ha convertido Chiapas en un campo de batalla. El frente de la guerra se encuentra desde hace meses en la sierra Mariscal, donde se encuentra Chicomuselo, el pueblo en el que este lunes los criminales perpetraron la masacre. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el sindicato de maestros, ha anunciado que en las comunidades de la sierra se dará clases a distancia por miedo al crimen organizado.

“Hay dos versiones, una que se están enfrentando dos grupos, ya lleva algún tiempo, es de Motozintla a Frontera Comalapa, toda esa región. Estamos ahí participando, está la Guardia Nacional, pero sí ha habido enfrentamientos y lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Antier fue este enfrentamiento, una agresión, los afectados sostienen que no participan en ningún grupo, sin embargo, hay quienes opinan lo contrario, que sí son parte de otro grupo y se están haciendo todas las investigaciones”, ha argumentado López Obrador, agitando la teoría de que las víctimas formen parte del crimen organizado y no de la población civil.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), organismo histórico en la región, defienden a ultranza que se trató de una masacre a población civil: cinco mujeres y seis hombres, dos de ellas catequistas de la Iglesia católica. También la prensa presente en el Estado, como el periodista Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso y Chiapas Paralelo, que ha defendido en su perfil de X (antes Twitter): “Los 11 muertos no fueron sicarios, fueron civiles acribillados en sus propias viviendas”.

“Ayer lamentablemente también hubo otro enfrentamiento e hirieron a un elemento de las fuerzas armadas, ahí también en la zona, estamos buscando poner orden y proteger a la población”, ha asegurado López Obrador. La Fiscalía estatal aseguró que ya está realizando sus pesquisas. El Frayba respondió en un comunicado: “El deber del Estado mexicano no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, sino que tiene que garantizar la debida diligencia de la misma, así como asistirles todos los derechos a las víctimas. Ante los hechos, tanto el Gobierno federal como el estatal tienen la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la agudización de la violencia en la región frontera y sierra, que está dejando como saldo graves afectaciones y riesgos a la vida, seguridad e integridad física, mental y emocional”.

Violencia electoral

De acuerdo con el relato que ha elaborado el centro de derechos humanos a partir de testimonios de supervivientes, el 10 de mayo se recrudecieron los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG “en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, ambas del municipio de Chicomuselo”. La lucha provocó el corte de la energía eléctrica, lo que incomunicó al pueblo e hizo que las noticias de la masacre tardarán en ser confirmadas. Varias familias huyeron. El 4 de enero, menciona también el Frayba en su comunicado, otra batalla entre ambos grupos ya desplazó a más de 700 personas en el mismo municipio. “Este ejido se encuentra dentro de una región estratégica para el control y extracción de los recursos minerales, en este territorio se localiza la Mina Ampliación La Revancha, operada de acuerdo a testimonios por grupos criminales”.

La proximidad de las elecciones, el 2 de junio, ha provocado también que la violencia política contra candidatos a alcaldes de municipios pequeños se dispare. Preguntado en La Mañanera por la garantía de unos comicios seguros en Chiapas, López Obrador ha desviado el foco: “Sí se puede. He estado escuchando algunas voces del bloque conservador en donde no quisieran que hubiera elecciones, al menos en algunas regiones, y siento que en algunos casos tiene que ver también con las partes de las campañas, o involucramiento politiquero, porque ni siquiera es político”

El mismo periodista ha presionado al presidente sobre la veracidad de las cifras de homicidios en Chiapas que ofrece el Ministerio Público estatal. “No ocultamos absolutamente nada”, ha respondido el mandatario. “Pues habrá que ver cómo lo refleja la Fiscalía de Chiapas porque no cuadran los números”, ha insistido el reportero. López Obrador entonces ha recurrido a su socorrido argumento de culpar a los Gobiernos pasados: “No se esconde nada, ya no es el tiempo de antes. Yo les entiendo a ustedes, 36 años de un régimen autoritario, corrupto, un régimen que reprimía, un régimen que torturaba, un régimen que masacraba, un régimen que desaparecía. Ahora no es así, imposible”.

Por su parte, los obispos han incidido en su carta también en la violencia electoral: “Consideramos que en algunas regiones del Estado que están siendo afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para que las elecciones se lleven a cabo en dichos lugares; sin, embargo, en donde sí es posible, hemos de hacer todo lo posible para participar activamente y con libertad, siendo conscientes de la responsabilidad social en la transformación de una sociedad más justa y fraterna (...) Exhortamos a los candidatos a cargos públicos, den propuestas concretas para responder a las cuestiones más urgentes: violencia e inseguridad, narcotráfico, pobreza, explotación de la tierra, migración, salud, educación. Les invitamos a no vender su dignidad, a no vender su voto porque de esa manera seguirán alimentando la corrupción que tanto mal ha hecho a nuestra Nación”.

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