Chicomuselo, entre el fuego cruzado del narco y los “ataques de las fuerzas armadas”

Chicomuselo se mueve por una delgada línea, cercado por la violencia y el desgobierno, atrapado en medio de un fuego cruzado entre grupos criminales y ataques indiscriminados de las fuerzas armadas, según denuncia en un comunicado la “sociedad civil del pueblo de Chicomuselo, Chiapas”. El conflicto que está devorando el Estado más pobre de México —entre narcotráfico, paramilitarismo, el Ejército, ocupación de tierras, masacres, feminicidios o población desplazada a la fuerza, entre una larga lista de tragedias— ha irrumpido en este municipio, del que ya han huido “cientos de familias”, de acuerdo con la carta pública, titulada: “Nuestros pueblos no son campo de batalla. ¡Alto a la violencia!”.

“Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional que volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no solo por la violencia del crimen organizado, ahora por el ataque de las fuerzas armadas quienes se están violentando con la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre carteles [sic]”, comienza el comunicado. La Fiscalía estatal asegura que “prevalece la tranquilidad” y llama a las cartas “publicaciones engañosas”.

El pasado 7 de enero circuló por internet, difundido por organizaciones con credibilidad sólida y décadas de trabajo en la región como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé De las Casas o la Diócesis de San Cristóbal, un primer comunicado con la misma firma que denunciaba que “el pueblo de Chicomuselo sangra”. En ese primer llamamiento desesperado, los habitantes de la región alertaban del “incremento de violencia que se está dando sin que hasta ahora haya una respuesta del Estado”. Aquella carta hablaba de un enfrentamiento a tiros de más de siete horas entre el Cártel de Sinaloa (CS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los dos más poderosos de México, que se saldó con 20 muertos el 4 de enero en el ejido de Nueva Morelia.

Entre ellos, “dos civiles” (que no pertenecían a CS o CJNG), “sin que sus familias pudieran recoger sus cuerpos por el secuestro de las comunidades y no poder salir por temor a ser acusados de ser parte de estos grupos criminales”. El comunicado protestaba ante el abandono de las autoridades que, según la carta, han dejado a la comunidad a su suerte. “El estado no ha logrado garantizar la seguridad al pueblo, vemos como sociedad civil que tanto el ejército, la guardia nacional y estatal no cumplen en su función de garantizar la paz y la seguridad para el pueblo que tantas veces lo ha exigido. El cjng mantiene secuestrada la cabecera municipal con sus retenes, camiones volteos atravesados sobre las carreteras, instalación de casetas de vigilancia y revisión a la ciudadanía [sic]”.

La situación no ha mejorado desde entonces. Este lunes estalló otra batalla entre los cárteles. Cientos de personas huyeron de la violencia. Los que decidieron quedarse, se atrincheraron contra los grupos criminales, instalaron vallas y retenes alrededor de las comunidades para protegerse de nuevos ataques. El Ejército ha intervenido la zona y, de acuerdo con el comunicado, se ha ensañado con la población, que se ha enfrentado con los militares.

“Las fuerzas armadas acusan a la sociedad civil de ser parte de un grupo criminal e irrumpieron al ejido de Nueva América quitando las cercas, con las que se habían asegurado para evitar el ingreso de los carteles. Tiraron gases lacrimógenos y amenazando a la población [sic]”, dice la carta. El comunicado también acusa que los vecinos están huyendo de la intervención militar, no solo de la violencia de los narcotraficantes.

“La población se cuestiona ¿por qué las fuerzas armadas permitieron el desalojo de varias comunidades de los grupos criminales y mantienen secuestrado al pueblo y a ellos no les dicen nada?”, continúa la misiva. La denuncia es reveladora, además de la espiral de la violencia que sufre la región, de un factor clave entre sus habitantes: la pérdida de la confianza en el Estado y sus representantes ante una vorágine de inseguridad que no ha hecho más que agravarse en los últimos tiempos, al calor de las nuevas rutas del narcotráfico o la especulación de macroproyectos turísticos o mineros.

El discurso oficial, contrario a los sucesivos episodios de violencia, defiende que la calma reina en Chiapas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se empeña en negar la realidad y juega a las estadísticas, asegurando que, comparado con el resto del país, la región tiene menos homicidios y es el Estado que más ha reducido la miseria, obviando que más del 75% de su población vive todavía en condiciones de pobreza. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, rara vez se pronuncia sobre la inseguridad, empeñado en mostrar una imagen idílica y alejada de la realidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha acusado las “interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los Gobiernos y empresas”, además de las “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. Según la institución, el Estado mexicano es “omiso, permisivo y aquiescente frente la actual violencia generalizada”, lo que ha generado la agudización de problemáticas ya existentes como los desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas o violaciones al derecho a la tierra. La desprotección de Chicomuselo es solo el último ejemplo de una historia que cada día se recrudece y deja nuevas imágenes de horror y violencia.

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