Un ministro de la Suprema Corte busca que la Fiscalía reabra las investigaciones sobre la Guerra Sucia en México

Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia podría convertirse en un parteaguas para la búsqueda de la verdad y la justicia de las víctimas de la Guerra Sucia, el oscuro periodo comprendido entre las décadas de 1960 y 1980 en el que el Estado mexicano utilizó sus aparatos de seguridad y grupos paramilitares para aniquilar a organizaciones disidentes. Que en esos años existió una política de Estado destinada a torturar, asesinar y desaparecer a personas identificadas como subversivas ha sido exhaustivamente documentado por instituciones nacionales e internacionales. No cabe duda. Sin embargo, se ha avanzado poco en el derecho a la verdad de las víctimas, la reparación del daño y el castigo a los responsables de esa política de represión, que tuvo lugar durante los años de la hegemonía del PRI y que fue aplicada con especial énfasis, o saña, en las comunidades rurales del Estado de Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido dar carpetazo a decenas de expedientes de víctimas de la Guerra Sucia, con el argumento de que en la época de los hechos no existía el delito de tortura en el Código Penal mexicano. Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara ha elaborado un proyecto de sentencia en el que se ordena a la Fiscalía considerar los delitos cometidos en ese periodo como crímenes de lesa humanidad, reconocidos desde entonces en la normativa internacional y para los que la acción penal no prescribe.

El proyecto abre la puerta a que los responsables de la Guerra Sucia finalmente sean llevados ante la justicia y declarados culpables, aun décadas después de los hechos, aun muertos, dado que, en los delitos de lesa humanidad, “ni la muerte de las víctimas ni de los victimarios extingue la acción penal”. Se trata, pues, de hacer justicia en el plano simbólico de la verdad histórica. El último gran exponente de la Guerra Sucia, el expresidente Luis Echeverría (1970-1976), murió apenas el año pasado, a los 100 años de edad, sin haber sido llamado nunca a rendir cuentas. Entre sus muertos se cuenta a los estudiantes masacrados en Tlatelolco, en 1968, cuando él era secretario de Gobierno, y los que fueron asesinados tres años después, con él como mandatario, durante el Halconazo.

Las investigaciones sobre la Guerra Sucia han dependido de la mera voluntad de los gobiernos en turno, y su estancamiento es muestra de las resistencias —o el poderío— de ciertas instituciones frente a la justicia. Recientemente, la Comisión para la Verdad de la Guerra Sucia, creada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, denunció la falta de colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) y del Ejército, que han dificultado acceder a archivos cruciales sobre violaciones a los derechos humanos bajo la política de represión del Estado. Esas resistencias recuerdan a las trabas, principalmente del Ejército, en otro caso icónico de represión estatal entrelazada con crimen organizado, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, de nuevo, siempre, en Guerrero.

Esta vez, la Suprema Corte ha puesto en la mira a otra institución, la Fiscalía dirigida por Alejandro Gertz que, lejos de facilitar el acceso a la justicia, lo ha obstruido. La actual FGR recibió todos los expedientes que estaba investigando la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2001 por el presidente Vicente Fox con la finalidad expresa de indagar los delitos de Estado de la Guerra Sucia.

A casi dos décadas, ningún expediente ha llegado a manos de los jueces (mucho menos se ha obtenido alguna sentencia condenatoria), decenas continúan en integración, y en más de 100 la Fiscalía determinó el “no ejercicio de la acción penal”, es decir, dio carpetazo a las investigaciones. Uno de esos expedientes fue la denuncia de cuatro mujeres, familiares directas del maestro rural y líder guerrillero Lucio Cabañas, detenidas y torturadas en enero de 1972 por agentes que buscaban dar con el paradero del profesor. Eran los albores de la represión a la disidencia, típicamente de Guerrero, típicamente campesina y pobre. Cabañas finalmente fue asesinado el 2 de diciembre de 1974. La FGR decidió cerrar el caso de las familiares del maestro guerrillero en enero de 2022. Las víctimas impugnaron esa decisión, y el curso de resoluciones judiciales condujo el asunto a la primera sala de la Corte, donde el proyecto de Alcántara será votado en próximos días.

La Fiscalía justificó el carpetazo con el argumento de que el delito de tortura se reguló en el orden jurídico mexicano hasta 1986. Señaló el derecho de los acusados a no ser enjuiciados retroactivamente por delitos inexistentes en la normatividad en la época de los hechos. Con este criterio, prácticamente todas las carpetas de investigación relacionadas con las torturas de la Guerra Sucia en manos de la FGR podrían ser archivadas de un plumazo. El proyecto de sentencia del ministro Alcántara es relevante porque, de ser aprobado, sentaría un precedente que beneficiará no solo a las parientes de Cabañas, sino a otras decenas de víctimas cuyos expedientes no deberán ser desestimados por la Fiscalía bajo el mismo criterio.

El proyecto instruye a la FGR reabrir la investigación de las familiares de Cabañas bajo la mirada de que el contexto en el que ocurrieron los delitos denunciados estaba marcado por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, el desplazamiento forzado y otras violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del PRI, y de la Policía Militar del Ejército. El proyecto señala que los delitos de la Guerra Sucia como política de Estado han sido reconocidos en una miríada de informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de la Verdad de Guerrero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ministro Alcántara argumenta que en el momento de los delitos ya estaba vigente una normatividad internacional que regulaba y castigaba los crímenes de lesa humanidad, entre los cuales se mencionaba el asesinato, la exterminación, la persecución y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil por motivos políticos, raciales o religiosos. Esa normatividad, señala el proyecto, fue creada como medida de protección de la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas, y su observancia era obligatoria. “No es necesaria la ratificación ni probar que un Estado la considera vinculante, ya que sería contraintuitivo afirmar que una norma imperativa requiera del consentimiento de los Estados para que tenga dicho carácter”, dice el documento.

Conforme el derecho internacional, añade, los gobiernos tienen el deber de investigar y, si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de tales crímenes. “Existe suficiente evidencia para suponer, presuntivamente, que los hechos denunciados constituyeron crímenes de lesa humanidad”, dice el proyecto. Por tanto, agrega, la decisión de la Fiscalía de no ejercer su facultad de investigar es una violación al derecho a la verdad de las víctimas. De ser aprobada la sentencia por la primera sala de la Corte, la Fiscalía tendrá un año para concluir la investigación sobre la tortura a las familiares de Cabañas, en la que “deberá evidenciar que las conductas desplegadas por las autoridades en contra de las quejosas fueron parte de un ataque en contra de la población civil”, un rasgo de los imprescriptibles delitos de lesa humanidad.

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