La Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia denuncia la falta de colaboración del Centro Nacional de Inteligencia

La Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia en México ha denunciado este martes la absoluta falta de colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en los trabajos para documentar y divulgar la política de represión del Estado entre 1965 y 1990. En febrero de 2019, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó una orden exigiendo a todas las dependencias de Gobierno que entregaran toda información disponible sobre lo ocurrido esos años. Cuatro años más tarde, el CNI, heredero de la maquinaria represiva del Estado, ha entregado únicamente una caja de archivos.

“A 22 meses de su creación, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH) no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), material crucial para la investigación de las violaciones cometidas en este periodo”, dice la comisión en el comunicado. Los cuatro comisionados, Abel Barrera, David Fernández, Eugenia Allier y Carlos Pérez Ricart, firman el documento.

Aunque los comisionados se centran en el CNI, mencionan también la falta de colaboración de otras dependencias de Gobierno, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Desde hace algo más de un año, el MEH visita el “archivo de concentración” del Ejército, donde la secretaría guarda copia de sus documentos. Pero desde hace unos meses, el acceso al archivo está plagado de trabas y condiciones que dificultan el trabajo a los investigadores. Además, Sedena niega la existencia de archivos periféricos, con sede en las distintas regiones militares del país, vitales para el MEH.

La actitud del CNI y sobre todo de Sedena recuerdan a las dificultades que han enfrentado los investigadores en el marco del caso Ayotzinapa. Desde hace años, el grupo de expertos que ha investigado el ataque contra los normalistas por mandato de la CIDH ha denunciado que Sedena no entrega información importante para esclarecer el caso. Los expertos han criticado igualmente las presiones del CNI para que la Fiscalía General de la República no use documentación que la misma agencia ha entregado estos años. A mediados de julio, el grupo, conocido por sus siglas, GIEI, decidió abandonar el caso, criticando precisamente la falta de colaboración de Sedena.

El asunto ahora es si acaso más grave, pues quienes denuncian la opacidad de las instituciones, integrantes del MEH, son parte de un organismo gubernamental, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEHJ), parte de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La COVEHJ depende directamente del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Hasta el momento, Encinas no se ha referido al comunicado del mecanismo.

Desaparición de documentos

El comunicado del MEH recoge las conclusiones de un informe de 50 páginas que detalla la falta de colaboración del CNI en la entrega de información. “Hemos tenido tres tipos de problemas”, explica Carlos Pérez Ricart, uno de los cuatro integrantes del MEH. “Por un lado, están los documentos faltantes que el CNI ya había entregado al Archivo General de la Nación (AGN) y que ya no están. Luego hay una serie de documentos de la antigua Dirección Federal de Seguridad, predecesora del CNI en los años de la Guerra Sucia, que debería haber sido entregados y no se entregaron. Y finalmente están los documentos posteriores a creación del CISEN -herederos a la DFS, predecesores del CNI- que nunca se entregaron al AGN”, añade.

Aunque todo resulta grave, el primer punto parece especialmente sensible. El CISEN, que funcionó hasta la llegada de López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, gestionó su propio fondo de archivo en el AGN, un organismo técnico, descentralizado, supuestamente autónomo. Esto, según Pérez Ricart, significa que, durante 16 años, la agencia de inteligencia controló quién pedía documentos de sus predecesoras, la DFS y otras, qué se entregaba, a quién, etcétera. El hecho de que una agencia de inteligencia gestionara un espacio en la misma sede del AGN es de por sí irregular, pero las consecuencias parecen aún más graves

El MEH ha documentado la ausencia inexplicable de cantidad de documentos que el CISEN supuestamente entregó al AGN, cuando la agencia de inteligencia gestionaba su propio espacio en el archivo. Como ejemplo, el MEH menciona en su informe “expedientes relacionados con la Brigada Blanca”, el grupo organizado a mediados de la década de 1970, integrando por agentes de diferentes cuerpos de seguridad, con el objetivo de eliminar la guerrilla urbana. Los investigadores señalan igualmente la ausencia de documentos sobre “el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y asesinatos de varios periodistas y figuras políticas, como el vicecónsul John Patterson, y de agentes de la propia DFS”.

Como escribió el propio Pérez Ricart en el diario digital Sin Embargo hace unas semanas: “Al irse -el CISEN del AGN- es probable (no hay otra explicación coherente) que se llevaran cientos de expedientes que pudieran serles problemáticos en el futuro. Esto incluye documentos relacionados con el levantamiento zapatista y a la conformación de la Brigada Blanca. La hipótesis del saqueo hormiga de documentos clave no es solo verosímil; también es probable”.

Otro de los puntos sensibles es toda la información elaborada por los predecesores del CNI entre 1985 y 1990. El MEH denuncia que la agencia de inteligencia solo ha entregado una caja de documentos, información relacionada con el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984. Nada más. Según denuncia el MEH, el CNI entregó esa información a partir de la orden presidencial de 2019. Preguntada por el resto de documentación, el CNI ha contestado que no tiene nada más. A juicio de los investigadores, esa respuesta no tiene sentido.

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