La última oportunidad para la verdad en México

Medio en broma medio en serio, la historiadora Aleida García, integrante de la recién creada comisión de la verdad para la guerra sucia, defiende la teoría de que “la burocracia mexicana impidió que el país viviera una dictadura”. Suena a chiste, pero da una idea del tipo de nudos que genera el aparato del Estado, muchas veces en defensa propia. La hipótesis de la académica viene a cuento por la posible apertura de archivos en el marco de la investigación de la comisión, que ahora empieza. Para ella y sus compañeros, se trata de la última oportunidad para alumbrar la verdad de una época que sigue en penumbra.

Nacida en octubre, la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990″ es la última apuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el campo de la memoria histórica. A imagen de las comisiones que existieron en Uruguay, Argentina o Ghana, la mexicana tratará de entender el tamaño y la densidad de la araña contrainsurgente, tan ubicua como escurridiza, parte del Estado que dirigió el PRI durante décadas.

Se ha escrito mucho sobre este periodo, sobre los servicios de inteligencia del Estado, la temible Dirección Federal de Seguridad, la pax priista, los movimientos sociales del México posrevolucionario y sus herederos, el despertar político de las décadas de 1960 y 1970, el Partido de los Pobres en el Estado de Guerrero, Lucio Cabañas, Tlatelolco y la gran y simbólica represión del 2 de octubre de 1968... De algunos episodios, caso de este último, se sabe bastante, como explica la historiadora Eugenia Allier, integrante de la comisión. Pero la apertura de algunos archivos históricos, desconocidos hasta ahora, podría completar el panorama y alumbrar situaciones ignoradas. A día de hoy, México carece de una cifra oficial de personas desaparecidas, ejecutadas o torturadas por agentes al amparo del Estado.

Además de García y Allier, el histórico activista guerrerense Abel Barrera, el politólogo y experto en las relaciones entre México y Estados Unidos, Carlos Pérez Ricart, y el exsacerdote y defensor de derechos humanos David de Jesús Fernández integran el grupo de expertos de la comisión. Representantes de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, Hacienda y otras dependencias la completan. En las últimas dos semanas, los cinco expertos, punta de lanza de la comisión, se han reunido varias veces para tratar de organizar los meses que vienen, cuestiones logísticas y de presupuesto, pero también de división del trabajo.

En conversación con EL PAÍS, García, Allier y Pérez Ricart insisten en la idea de que es una gran oportunidad para hurgar en la memoria del estado. Aunque no es el primer intento, nunca antes las condiciones, dicen, fueron mejores. Tras décadas de gobiernos del PRI, la victoria de Vicente Fox en 2000 y la llegada del Partido de Acción Nacional al poder abrió la veda. El pasado era discutible, enjuiciable, esa era al menos la idea. El problema es que el impulso inicial duró poco. Fox creó una fiscalía para investigar delitos de la guerra sucia, pero no se consiguió condena alguna. Su Gobierno ni siquiera obtuvo un informe sobre lo ocurrido en las décadas de represión, un documento, algo a lo que agarrarse.

La idea de la comisión ahora es que sus esfuerzos se reflejen en un informe que sirva de punto de partida para posteriores esfuerzos, un kilómetro cero del estudio gubernamental de la represión estatal. “Todavía hay víctimas y perpetradores que siguen vivos y es la última oportunidad para entrevistarlos”, señala Pérez Ricart.

Para los comisionados, el acceso a archivos hasta ahora ocultos es clave. Cada uno por su lado señalan uno en concreto, el del Estado Mayor Presidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, disuelto por el actual Gobierno. “Para mí es el archivo más importante”, dice Allier. “Nos ayudaría a echar algo más de luz sobre Tlatelolco. Si ahora tenemos el 90%, esto completaría”, añade. “El archivo de la Defensa Nacional es hipernecesario por lo que puede representar en términos de investigación histórica y por el poder simbólico de abrirlo”, argumenta García, “aunque me parece difícil que podamos entrar de manera irrestricta al archivo militar”.

Para Pérez Ricart, el trabajo de la comisión es una oportunidad también para insistir en la búsqueda del archivo de la Policía Judicial Federal, el viejo brazo investigador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). “Llevo 10 años buscándolo y no está en el Archivo General de la Nación, en ningún lado que haya buscado. No es público por lo menos. ¡Era el brazo operativo de la PGR y de esa estructura no existe un archivo! Lo vamos a intentar encontrar. Estoy convencido de que lo que sabemos sobre violaciones a derechos humanos en ese periodo es solo la punta del iceberg, precisamente porque no tenemos esto”, señala.

Los tres coinciden en la necesidad de dibujar los caminos de los “circuitos criminales y de contrainsurgencia”, redes de agentes dentro de diferentes dependencias del Estado que reprimían movimientos disidentes en una o varias regiones a la vez, mediante diferentes prácticas, como tortura o desaparición forzada, a lo largo del tiempo. “Vale la pena que hagamos un trabajo de diagnóstico los primeros meses para identificar estos circuitos”, señala García.

Todos señalan igualmente la necesidad de trascender la idea clásica de represión, vinculada a movimientos políticos disidentes, sobre todo a la izquierda del Gobierno. “Queremos ver otro tipo de violencias de estado, en cuestión de género, de sexualidad, violencias no políticas o no evidentemente políticas”, explica Allier. “Foucault diría que todo es política, cualquiera lo haría. Y sí, pero es verdad que hubo desapariciones, tortura sexual, ejecuciones, por motivos no estrictamente políticos. Desaparición de presuntos delincuentes, criminales, adictos, narcos, por ejemplo. En momentos en que no había periodismo independiente u organizaciones de la sociedad civil, la policía y el Ejército desaparecieron y ejecutaron. Esta gente no tiene colectivos que les representen. Han sido anulados de ejercicios de memoria”, añade Pérez Ricart.

Uno de los objetivos de la comisión es que las investigaciones de sus cinco expertos desemboquen en la reactivación de investigaciones en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la apertura de nuevas pesquisas. García cuenta que la parte institucional de la comisión debe nombrar a otros tres expertos que hagan de enlace entre ellos cinco y la FGR. “Yo creo que es viable que reorganicemos las investigaciones para que tengan una lógica y ayude a la investigación. Y que se abran nuevas. En las siguientes dos semanas debería quedar claro quiénes son los expertos”, dice.

Pérez Ricart, que ha estudiado la presencia de agencias antinarcóticos de EE UU en México durante el siglo XX, ha escrito que el titular de la FGR, Alejandro Gertz, coordinó los esfuerzos de erradicación de cultivos ilícitos del Gobierno en la década de 1970. Es decir, que Gertz formó parte de una dependencia señalada por hospedar esos circuitos contrainsurgentes o de criminalidad de los que hablan. ¿Es relevante su papel entonces en la voluntad de ayudar de la actual FGR? “Es interesante esa presencia de Gertz allá. Falta entender su papel. Es verdad que es juez y parte. Sería un error hacerlo evidente porque entonces quizá no tendría interés en ayudar”, zanja.

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