El ‘caso Cienfuegos’ alimenta la larga historia de desencuentros entre la DEA y México

Estados Unidos mantiene agentes antinarcóticos en México desde hace casi un siglo. Su rol ha cambiado al ritmo de las necesidades del gigante norteamericano, que desde mediados del siglo pasado privilegia la guerra contra las drogas como el núcleo de su política de seguridad. Los esfuerzos de EE UU siempre han causado revuelo en México. Pero pocas veces tanto como en el caso del general Salvador Cienfuegos. Su detención en Los Ángeles en octubre y el posterior choque diplomático entre ambos países elevaron la tensión a niveles no vistos desde el asesinato de Enrique Kiki Camarena en Guadalajara, en 1985. La cuestión ahora es qué consecuencias tendrá a largo plazo.

Cienfuegos, secretario de la Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue exonerado la semana pasada en México. Estaba acusado de narcotráfico en Estados Unidos, pero fue repatriado en noviembre, bajo la promesa de que seguiría su proceso judicial en su país. El regreso del general, el mando militar de más alto rango en enfrentar un juicio del otro lado de la frontera, se convirtió en una cuestión de Estado, con gestiones diplomáticas instruidas directamente por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El caso puso en la mira la relación privilegiada que el mandatario ha construido con el Ejército. El arresto por parte de las autoridades estadounidenses, sin avisar a sus colegas mexicanos, fue una nueva señal de desgaste en la cooperación bilateral en seguridad. Para responder a sus críticos en México, López Obrador fue más allá: acusó a la DEA de “fabricación de delitos” e hizo público el informe confidencial que la agencia antidrogas reunió sobre el militar. Washington dijo que estaba “decepcionado” de la decisión del presidente mexicano y López Obrador arremetió otra vez contra la agencia: “Yo también podría decir que estoy decepcionado del trabajo de la DEA”.

“La relación entre México y la DEA ha estado marcada por las crisis y las sorpresas”, señala la académica Celia Toro, una de las primeras en estudiar los pasos de la agencia en el país. Toro afirma que la aprehensión de Cienfuegos fue una acción precipitada de Estados Unidos, quizá pensada para que la DEA “tuviera notoriedad” y que no consideró las consecuencias que podía tener en México. La especialista también cuestiona la decisión de López Obrador de escalar el conflicto. “En la confrontación no hay arreglo posible, todo se vuelve pleito”, señala la profesora de El Colegio de México.

Las operaciones antinarcóticos de EE UU en América Latina distan mucho de la lucha entre buenos y malos que ha saltado a la pantalla en series como Narcos. En su trabajo Taking the War on Drugs Down South: The Drug Enforcement Administration in Mexico (1973–1980), el académico Carlos Pérez Ricart recuerda los primeros años de la guerra contra las drogas en México. Desde la década de 1930, la obsesión de Estados Unidos era detener el tráfico de opio al país, una época en la que los cultivos de amapola en Chihuahua, Sinaloa, Durango y otros territorios al sur del río Bravo aumentaban en importancia.

Ricart cuenta que hasta los años cincuenta, la actividad de los agentes antidroga solía limitarse a las ciudades fronterizas, pero entonces el foco cambió por el flujo creciente de heroína y cocaína al norte. La FBN, agencia antidrogas de entonces, abrió su primera oficina en México en 1963. El número de agentes creció con los años. Luego la FBN desapareció y en 1973 el Gobierno creó la DEA. En 1978 ya tenían 58 agentes en México.

Los primeros choques entre la agencia y el Gobierno de México llegaron en la década de 1970, a raíz de las campañas de erradicación de cultivos ilícitos en México y la participación de la DEA en los operativos antidroga. Estados Unidos convenció a su vecino de las bondades de los herbicidas y proveyó equipo para mejorar los resultados. La DEA tuvo un papel principal en este esfuerzo binacional. El coordinador de los esfuerzos de erradicación del Gobierno entonces, Alejandro Gertz, hoy fiscal general, dijo que con los herbicidas acabaría el cultivo de drogas en medio año. También que los únicos que estaban en contra de los herbicidas eran los traficantes.

El tiempo constató que el cultivo de drogas persistió y que los quejosos no eran solo narcotraficantes, sino también campesinos. A mediados de los setenta empezaron a trascender además las primeras denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la guerra contra las drogas, perpetradas por agentes mexicanos con la complicidad de sus pares en la DEA. En 1978, México suspendió la participación de la DEA en las campañas de erradicación.

Más allá de las protestas de los campesinos y de otras explicaciones que se dieron entonces, Ricart señala que una de las razones principales fueron las quejas de los militares. Su presencia, cuenta el académico, “ofendía la extrema sensibilidad del Ejército mexicano”. Por su lado, los agentes de la DEA sospechaban que el principal motivo de la queja era el deseo del Ejército de deshacerse de cualquier supervisión y aprovecharse de sus corruptelas.

La idea de que un cuerpo policial puede operar más allá de sus fronteras fue, de inicio, problemática. La doctora Mónica Serrano, experta en crimen transnacional y relaciones internacionales, señala la “extraterritorialidad” de la DEA en particular y de EE UU en general como el germen del problema. Una estrategia invasiva que convertía toda América Latina en una extensión del law enforcement estadounidense. Desde los ochenta, la DEA tuvo mucho más poder e influencia fuera de Estados Unidos que dentro de su territorio, agrega Celia Toro.

Para Serrano, investigadora de El Colegio de México, el affaire Cienfuegos es herencia de aquella forma de funcionar. “América Latina, como espacio natural de la hegemonía norteamericana, ha sido el escenario de los excesos: la captura de Noriega en Panamá después de haber sido aliado de la CIA. O la amenaza contra [el presidente] Samper en Colombia por las acusaciones de que el narco había donado dinero a su campaña. Son acciones que atentan contra la autonomía de los Estados”, argumenta la académica. “En México no había ocurrido algo así, aunque hay un antecedente: el episodio alrededor del asesinato de Kiki Camarena y lo que eso detona, en términos de exabruptos extraterritoriales de EE UU”, señala Serrano, “aunque no había habido un incidente del tamaño de Cienfuegos”.

El margen de acción de la DEA

En el centro del conflicto está el temor de los países receptores de que la DEA cruce demasiadas líneas y la frustración de los agentes estadounidenses ante un reclamo recurrente: la desconfianza, la corrupción y las trabas burocráticas de sus contrapartes latinoamericanas. La agencia tiene cinco oficinas regionales en México con unos 50 empleados de base, pero es común que decenas de agentes “informales” crucen la frontera para recabar inteligencia durante semanas o meses, casi siempre sin avisar al Gobierno. En esa zona gris, la agencia recurre a elementos de origen mexicano, que se camuflan con mayor facilidad, y ha hecho despliegues importantes para interceptar telecomunicaciones del narcotráfico ―como las que llevaron a la captura de Cienfuegos―, un trabajo aún menos rastreable para las autoridades mexicanas, apunta el académico Raúl Benítez Manaut. “México es probablemente el país prioritario para la DEA”, comenta el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aunque la DEA tiene un perfil más burocrático que político, su margen de acción depende de dos ejes: la importancia que dé el presidente estadounidense en turno al combate a las drogas y la flexibilidad de su homólogo mexicano. La llegada de los gobiernos conservadores de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) marcó el inicio de una apertura sin precedentes a la DEA y a otras agencias, que cayó en varios excesos en los primeros años de la guerra contra el narcotráfico, apunta Benítez Manaut. Peña Nieto y López Obrador decidieron desmarcarse y la iniciativa Mérida, lanzada en 2008 como la guía maestra de la agenda bilateral en Seguridad, quedó relegada.

“El caso de Cienfuegos confirma que la justicia está más politizada que nunca”, advierte Benítez Manaut. Con la relación en punto muerto, la brecha entre ambos se ha ensanchado y el margen para operaciones al margen de la ley y los acuerdos, aumentado. López Obrador ha lanzado una serie de mensajes políticos, como una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en diciembre pasado para regular las acciones de agentes extranjeros. Para Toro, no hubo cambios en las reglas del juego. “Nos hace falta un acuerdo político que dé buen cauce a la cooperación”, cuestiona la académica, “si la cooperación no es de beneficio mutuo, ¿se le puede llamar cooperación?”.

Tras décadas de choques y crisis, los expertos consultados coinciden en que México y la DEA se necesitan mutuamente. “Si la DEA sale de México, los que ganan son los jefes del narcotráfico”, apunta Benítez. El desenlace del caso Cienfuegos, que no se ha cerrado en EE UU, puede ser determinante para marcar el tono de la relación bilateral tras la toma de posesión de Joe Biden, este miércoles. Los primeros meses de Biden, en el poder tras una de las transiciones más complejas de la historia, serán decisivos también para restablecer los contactos y dejar atrás los agravios de las últimas semanas, que atraviesan los sistemas de justicia, los gabinetes y las líneas rojas de ambos países.