México cambia su ley de seguridad y estrecha el control sobre los agentes antidroga extranjeros

La reforma de la Ley de Seguridad en México, que aumentará los controles sobre el trabajo de los “agentes extranjeros” —incluidas las operaciones antidroga— en este país, ha tensado la relación con Estados Unidos. El Congreso ha aprobado este martes la iniciativa, defendida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como necesaria para reafirmar la soberanía nacional. Washington considera por su parte que la aprobación de los cambios en la legislación es un paso atrás en la cooperación entre ambos países.

La tramitación de la reforma legislativa se ha realizado en un tiempo récord. Hace 11 días, la oficina de la presidencia mandó la propuesta de reforma al Senado. Morena —el partido del presidente— y sus aliados la aprobaron por la vía rápida y la mandaron a la Cámara baja. Hoy, último día de sesiones, Morena ha conseguido su aprobación. La iniciativa ha provocado la reacción de Estados Unidos, principal afectado. Hace unos días, el fiscal general, William Barr, que dejó su puesto el lunes pasado, dijo que “aprobar esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

La reforma no se refiere específicamente a Estados Unidos, pero toda lectura del asunto alude directamente a la relación entre ambos países. EE UU mantiene a decenas de agentes en México, muchos dedicados a la investigación de casos de crimen organizado y narcotráfico. “De aprobarse las modificaciones, se crearía un escenario altamente conflictivo en la relación bilateral con respecto a las operaciones en terreno de los agentes, dada la presión que se crearía para compartir información”, argumenta Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.

López Portillo y otros especialistas consultados por EL PAÍS indican que el acelerón legislativo de Morena, el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es una de las consecuencias del choque entre los Gobiernos de ambos países por el caso del general Salvador Cienfuegos. En octubre, la justicia estadounidense detuvo a Cienfuegos en Los Ángeles por narcotráfico. Ante las quejas del Gobierno de López Obrador por la falta de comunicación en el caso, la fiscalía de Barr decidió retirar los cargos contra el militar y mandarlo al sur de la frontera. Este lunes, la embajadora de México en EE UU, Martha Bárcena, señalaba en un diálogo auspiciado por la Rice University que la confianza en una relación como la que comparten México y EE UU es “clave”. “En el caso del general Cienfuegos, hubo un abuso de confianza”, ha dicho Bárcena. “Por lo visto”, añade López Portillo, “ese problema de confianza no fue reparado con la devolución del general. Es una fractura abierta”, dice el académico.

Entre otras cosas, la propuesta de reforma de Morena señala que los agentes extranjeros podrán trabajar en México, previa acreditación de la Secretaria de Relaciones Exteriores, que antes deberá consultar con el Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El texto incorpora una definición de agente extranjero que trasciende el ámbito de la seguridad: cualquier funcionario que ejerza funciones “de carácter de técnico especializado” estaría sujeto a la norma. Además, la reforma prevé que funcionarios mexicanos que se reúnan o hablen con agentes extranjeros deberán hacerlo siguiendo “las normas, parámetros y obligaciones previstas en la presente Ley y en los lineamientos que para el efecto emita el Consejo” de Seguridad Nacional. El Consejo es un organismo integrado por el presidente y los titulares de las secretarías del ramo de seguridad.

Para Ximena Medellín, de la división de Estudios Jurídicos del CIDE, la misma definición de agente extranjero resulta problemática. “Deberían cambiar los términos, para que no quede duda de que esto está acotado a agencias vinculadas a investigaciones de corte penal”, opina. Otro de los temas que señala es el control que la reforma impondría sobre funcionarios y servidores públicos mexicanos. “A nivel federal, el texto dice que las relaciones se sujetarán a los lineamientos del Consejo de Seguridad Nacional. Y luego a nivel estatal y local, los funcionarios tendrán, primero, que pedir autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además mandará a un funcionario para que monitoree las reuniones. Y luego deberán presentar un informe de la conversación. ¡Es un control brutal, enormemente intrusivo!”, critica.

Este lunes, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, trataba de atajar las críticas por la premura y la naturaleza de la reforma. En un escrito publicado en su blog, ha dicho: “La Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos establece que cualquier agente que no sea del servicio diplomático tiene que notificar al fiscal general. Este ordenamiento establece también los mecanismos para llevar a cabo tales notificaciones, y además limita y acota las funciones de agentes foráneos (...) Vale la pena preguntarse por qué la aprobación de una reforma similar en nuestro país podría dificultar las relaciones entre naciones”. Medellín contesta que esa ley casi no se usa. “Y además”, añade, “se pensó para combatir la propaganda nazi. O sea, una ley que se concibió para pelear contra regímenes enemigos”.

La velocidad legislativa de Morena ha sorprendido a legisladores de otros partidos. Hace unos días, el líder de la bancada del PAN en el Senado, Damián Zepeda, criticaba que “el tema no se ha abordado con la profundidad con que se merece. ¿Ya se escuchó a quienes se impacta? ¿Qué opina la Fiscalía General?”. En entrevista con este diario, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, señalaba igualmente la falta de debate. “Hay que discutir si el ordenamiento legal donde se busca inscribir este asunto -la Ley de Seguridad Nacional- es el correcto o no. O sea, los lineamientos que existían necesitaban revisión y actualización. Lo que debemos ver es sí merecen una ley aparte o si caben en otra. Y solo eso exige una discusión más calmada”.

Tagle dice que la reforma “parece un mensaje de tranquilidad a las Fuerzas Armadas. Porque sí responde al tema de Cienfuegos. Buena parte de las tareas de seguridad recae en ellos y han buscado un marco legal para actuar sin cortapisas. Y el caso Cienfuegos los sacó de onda. A la vez, la reforma manda un mensaje a EE UU en un momento de transición para ellos. Esto complica la relación, aunque operativamente no tenga mucho recorrido. Porque al final los agentes extranjeros se rigen por sus propias leyes y las convenciones internacionales”, concluye.