La comisión de la verdad de Ayotzinapa publica documentos de espionaje militar y lanza un dardo al Ejército

La comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa ha publicado una serie de documentos de espionaje militar este martes, relacionados con el monitoreo castrense a la red criminal de Iguala, en la época del ataque contra los estudiantes normalistas, y la desaparición de 43. Estos documentos ya eran conocidos para los equipos de investigación, principalmente el GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que los menciona en varios de sus informes de los últimos años. Ahora, la comisión publica su contenido íntegro.

Este paquete de documentos, 18 en total, no son los que el GIEI y las familias han pedido en las últimas reuniones que han mantenido con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y con los integrantes de la comisión, principalmente su responsable, Alejandro Encinas. Incorporados en los informes del GIEI desde febrero de 2022, las familias de los 43 conocían su contenido. La exigencia sigue siendo la misma, la entrega de otros 800, muchos de ellos del día del ataque, el 26 de septiembre de 2014, y las jornadas inmediatamente posteriores. En todo caso, los 18 liberados muestran una realidad fascinante: la enorme cantidad de personas a las que el Ejército interceptaba sus comunicaciones.

El gesto de Encinas y de la comisión con la publicación de los documentos merece una lectura política. Su liberación ocurre cuando aún arden las declaraciones de López Obrador sobre el buen actuar castrense. Ante las quejas de las familias sobre la opacidad del Ejército, el mandatario ha dicho hasta el cansancio que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado todo lo que tiene sobre el caso Ayotzinapa. También ha criticado posibles malas intenciones del GIEI por su filiación -la CIDH y la Organización de Estados Americanos. Pero con este paquete de documentos publicado este martes y el informe que los contiene, Encinas insiste en que el Ejército podría tener más información.

La publicación de los documentos pone en el punto de mira además a la Fiscalía General de la República (FGR), en concreto a la unidad especial para el caso Ayotzinapa (UEILCA), liderada por el abogado tabasqueño Rosendo Gómez Piedra. La información recogida en estos documentos refiere, por ejemplo, el posible traslado de un grupo de estudiantes de Iguala a Chilpancingo (CRFI 1202). La duda ahora es qué ha hecho la UEILCA este año y medio con esa información.

Diferente en la intensidad y las formas de expresarla, la lógica de las familias, del GIEI y de la comisión, respecto a la información que aún tendría el Ejército, es inapelable. El centro de espionaje del Ejército en Iguala monitoreaba a una buena cantidad de actores criminales en la región en la época del ataque, como muestra el paquete de documentos de la comisión. Esto no es nuevo. En octubre de 2021, la comisión ya publicó dos documentos que el propio Encinas había encontrado en la “Sección Segunda de Inteligencia” de la Sedena. Ambos reflejan el intercambio de mensajes entre cuatro de estos actores, algunos, autoridades, y otros, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, organización criminal predominante en la época en la zona.

En uno en concreto, una intercepción de mensajes intercambiados entre alias Gil, presunto jefe regional de Guerreros Unidos, y Francisco o Ignacio Valladares, autoridad regional, el mismo día del ataque, se habla de 17 de los 43 estudiantes, retenidos en una cueva. La investigación posterior del GIEI ha mostrado que estos documentos de octubre de 2021 eran apenas parte de un universo mayor, en el que habría más documentos y versiones más largas de los dos ya conocidos. ¿O acaso la Sedena solo monitoreo esta conversación de estos dos personajes, además de la otra, publicadas ambas en octubre de 2021? Los documentos liberados este martes muestran lo contrario.

Las pesquisas del GIEI y la comisión han señalado también que el centro de espionaje numeraba los documentos que producía. Vistos los publicados este martes, es muy sencillo observar que entre los que los investigadores han conseguido estos años, hay muchos que faltan. En el paquete que ha divulgado la comisión aparecen los documentos de nombre “CRFI 1202″, “CRFI 1203″ y “CRFI 1204″, referentes a comunicaciones intervenidas el 27 de septiembre de 2014. Luego el siguiente es ya el “CRFI 1212″, del 28 de septiembre. ¿Qué hay de los siete anteriores? ¿En qué archivo castrense figuran y por qué el Ejército no los encuentra o no los quiere entregar?

No son caprichos de las familias o de los equipos de investigación. En los documentos faltantes podría aparecer información que completara, explicara o ampliara los datos que figuran en los oficios conocidos. Así, por ejemplo, podrían existir nuevas conversaciones entre los cuatro actores que aparecen en los documentos de octubre de 2021, o versiones más largas. Esto podría dar nuevas pistas respecto al grupo de 17 estudiantes mencionados en una de ellas.

Otra posibilidad que han planteado los investigadores estos años es que los documentos faltantes podrían contener análisis de llamadas telefónicas interceptadas -cosa que por cierto no se conocía, la intercepción de llamadas-, cuyo significado es difícil de discernir, a la vista de los documentos conocidos. En el “CRFI 1203″, del 27 de septiembre, aparece por ejemplo una conversación telefónica -el documento de Sedena dice “inaudible”- en que hablan de dos de los actores principales de Guerreros Unidos, su encargado en Iguala, Victor Hugo Benítez Palacios, alias El Tilo, y Gilberto Parra, alias El Loco de Santa Teresa. Sacada de contexto, la conversación resulta confusa, pero quizá haya documentos en el acervo militar que ayuden a explicarla.

En eso insiste la comisión en su documento, precisamente al respecto de esta última conversación. “Dentro del mismo CRFI aparece un mensaje donde refieren a uno de los principales objetivos en la desaparición de los estudiantes”, señala el informe que contiene los 18 documentos publicados, sin especificar a quién se refiere si a El Loco a El Tilo. “El origen, se presume, debe ser una intervención de comunicación, la cual se debe encontrar en los archivos de Sedena, lo que permitiría a la Fiscalía realizar una investigación más exhaustiva de la participación de varios objetivos que la Sedena tenía identificados”, zanja.

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