¿Es posible aplicar la política de paz total de Gustavo Petro en México?

En este artículo proponemos que establecer un diálogo con actores armados es una ruta que los gobiernos pueden seguir con el objetivo de construir paz. Para sostener este argumento, recurrimos a experiencias de investigación en el estado mexicano de Michoacán y en los departamentos de Medellín y Urabá, Colombia. Este ejercicio tiene sentido si se considera que este último país tiene un largo historial de emprender procesos de paz con grupos de la guerrilla política. Es en ese contexto en el que el presidente Gustavo Petro propone una “paz total” que incluye establecer un proceso de negociación con grupos armados delictivos para erradicar la violencia.

En México, no hay antecedentes ni tampoco propuestas comparables a Colombia. En la historia reciente, el único proceso de paz que se pensó como tal fue con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de 1994 a 1996. Luego, tras una década de la guerra contra el narco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscaría la paz a través de “abrazos, no balazos”. Los “abrazos” consisten mayormente en focalizar los programas sociales en aquellos municipios con la mayor tasa de homicidio doloso con el propósito de atender las causas estructurales de la violencia. Solo en algunos momentos se ha intentado algo semejante a negociar la paz con los grupos delictivos: entre estos, en 2014 y nuevamente en 2021, en el estado de Michoacán, en el centro occidente del país.

Tras seis años de investigación académica e intervención profesional en Michoacán, el mes pasado visitamos Colombia con un equipo de investigadores académicos con larga experiencia en ese país. Hablamos con diversas organizaciones con enfoque de paz, además de funcionarios municipales, departamentales y nacionales. Visitamos Medellín, que en la década de 1990 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo y, sin embargo, ahora tiene una de las menores tasas de homicidio en Colombia. También fuimos a la región de Urabá, en la costa caribeña, considerada como una de las más conflictivas del país, donde hay presencia de movimientos guerrilleros y de delincuencia organizada.

Medellín y Urabá frente a la política de paz total

En nuestra visita a Colombia, hallamos que tanto organizaciones como funcionarios ven con “buenos ojos” la propuesta de paz total. Sin embargo, resienten que el proceso de negociación se hiciera mayormente con cabecillas de los grupos armados. Las organizaciones de la sociedad civil consideran que no han sido tomadas en cuenta por el Gobierno nacional. Se espera que los actores sociales pacíficos tengan capacidad de interlocución con la presente Administración.

Igualmente, se expresó la preocupación de que, si bien la política de paz total puede ser exitosa y lograr desmovilizar a actores armados concretos, en lo relativo a delincuencia organizada, se piensa que, si la rentabilidad de las economías ilegales no se ataja, llegarán nuevos actores a solventar las demandas del mercado.

Asimismo, recogimos críticas que señalan que la Administración de Gustavo Petro es “ingenua”, en tanto imagina a los grupos delincuenciales como configuraciones jerárquicas con liderazgos claros. Según nuestros interlocutores en Colombia, muchos grupos de delincuencia organizada operan, en realidad, como redes, por lo tanto, crecen en sentido horizontal y con abundantes ramificaciones. Esto significa que no hay un mando claro con el cual negociar. Además, aun en los casos donde la estructura de las organizaciones criminales permite referir a un mando central, no existen garantías de que esta sea obedecida.

También hay perspicacia respecto a que el “sometimiento a la justicia”, la pieza central del proyecto de ley de paz total, mismo que contempla que los grupos armados entreguen información sobre sus actividades criminales, acepten responsabilidad en los crímenes y ofrezcan reparación a sus víctimas. Tal sometimiento, dicen algunos, es poco atractivo para las organizaciones delincuenciales. Además, algunos grupos delictivos insisten en que se les reconozca haber brindado orden durante décadas en sus territorios, en defecto del Estado.

Intervenciones por la paz con grupos delictivos en Michoacán

Considerando las características de las estructuras delincuenciales en México, ¿sería posible plantear un experimento similar al que se está llevando a cabo en el contexto colombiano?

En 2013, en Michoacán, se registró un levantamiento en armas de personas que se identificaban como autodefensas y decían que su movimiento social era una respuesta a la extorsión y otros abusos cometidos por la organización delincuencial de Los Caballeros Templarios. Ante dicha situación, el Gobierno federal nombró, un año después, a un comisionado de seguridad que, en términos prácticos, relevó al gobernador de Michoacán. Algunas de las estrategias del comisionado incluyeron procesos de negociación, tales como alianzas con los grupos de autodefensa para hacer frente a Los Caballeros Templarios. Incluso se creó una corporación policiaca nueva, la Fuerza Rural, y se registró a diversos sectores de vigilantes en dicha unidad policial.

En 2015 y 2016, en Michoacán, hubo un descenso en la tasa de homicidios; sin embargo, era notorio que los grupos de autodefensa habían empezado a incursionar en economías ilegales antes operadas por Los Caballeros Templarios, mientras que en otros casos se aliaron con la organización delincuencial de Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Cómo se comparan los prospectos actuales de lograr paz con grupos delictivos en Medellín y Urabá con los intentos de paz en Michoacán en 2014?

Por un lado, los intentos de paz en Michoacán han enfrentado los mismos límites señalados por nuestros interlocutores en Colombia. En Michoacán, no ha habido una estrategia real para evitar que otro grupo sustituya a los grupos que en su momento ejercían el control del territorio y de los negocios ilegales.

Por otro lado, los esquemas de paz en Colombia van mucho más allá de lo que se ha contemplado hasta ahora en México.

No se contempló en Michoacán algo semejante al sometimiento a la ley que ha sido central en los esquemas de paz de Colombia. En 2014, en el espacio de unos meses, algunos personajes pasaron de ser reconocidos miembros de Los Caballeros Templarios a ser autodefensas y, luego, a policías uniformados, para luego ser denunciados como delincuentes nuevamente. En un país donde levantarse en armas no se persigue como delito, es difícil construir una paz duradera.

De igual manera, los intentos de paz en Michoacán han hecho caso omiso de las víctimas. No se ha contado con un proceso de justicia transicional como él que se proyecta para Colombia. Si la paz requiere de un sentido de justicia para sostenerse, es difícil contemplarla en Michoacán.

En conclusión, tanto Gobierno como ciudadanos en Colombia han desarrollado, a base de décadas de victimización, perspectivas sofisticadas sobre la paz, incluida la paz con grupos delictivos.

La paz total propuesta por Petro rebasa, por mucho, lo que se ha contemplado como “abrazos, no balazos” en México. En este último país es necesario empezar a considerar la posibilidad de dialogar con grupos armados para construir una ruta hacia la paz.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país