Estados Unidos eleva la presión sobre el Cartel Jalisco Nueva Generación y sanciona a uno de sus traficantes de armas
El Departamento del Tesoro bloquea los activos de Jesús Cisneros Hernández, sobre quien pesan 22 cargos relacionados con armas de fuego
![Beatriz Guillén](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fc3b27136-3746-4600-a1cf-84931054abd1.jpg?auth=7e2c7b39e4ac6512b7d1168cbfbfc31b91e019bdd28cfe16e1478026e4bee510&width=100&height=100&smart=true)
![CJNG: organigrama del Departamento del Tesoro de EE UU sobre el traficante de armas mexicano Jesús Cisneros](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/DVMCCIT75ZD55CBGKIXCYTJS7I.png?auth=bfc9febc944936f13c29e410d956a28de851360011f4b63963e19e3943bb50d3&width=414)
Estados Unidos ha dado un paso más en el cerco al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento del Tesoro ha anunciado este martes que ha bloqueado los activos del traficante de armas Jesús Cisneros Hernández, acusado de comprar material de armamento en Wisconsin, al norte de EE UU, y entrarlo de forma ilegal en México para ofrecerlo a una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Sobre Cisneros pesan 22 cargos por delitos relacionadas con armas de fuego. Esta sanción llega unos meses después de que el mismo Tesoro estadounidense sancionara a otro tráficante de armas, a cinco operadores del cartel y a un jefe policial de Jalisco, el Estado donde el grupo de narcotraficantes tiene su base de operaciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Gobierno de México y con la agencia antidrogas estadounidense, ha sancionado a Cisneros Hernández como parte de su estrategia en la lucha contra el narcotráfico. “El CJNG depende de armas de alto calibre obtenidas principalmente de los Estados Unidos para proteger su territorio mientras intimida a sus rivales y autoridades gubernamentales”, ha dicho el subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson. “El acceso del CJNG a estas armas contribuye a su capacidad de inundar Estados Unidos con fentanilo y otras drogas mortales. El Tesoro está trabajando con socios estadounidenses y mexicanos para exponer, aislar e interrumpir a quienes facilitan las actividades letales del CJNG”, ha añadido el funcionario a través de un comunicado.
Estados Unidos ha convertido en una prioridad el combate a la entrada masiva de drogas en su territorio que causan decenas de miles de muertes al año, e “incontables” sobredosis no mortales. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reveló que 107.602 personas fallecieron en 2021 por el abuso de sustancias, un incremento de 15% comparado con el año anterior. Más de la mitad de estos decesos están atribuidos al uso de opioides sintéticos, principalmente de fentanilo (50 veces más potente que la heroína).
En ese marco llega la sanción a Cisneros, de 33 años, que ya fue acusado en noviembre de 2021 por un gran jurado de Winconsin. Por las mismas causas, el Departamento del Tesoro sancionó el pasado julio a Obed Christian Sepulveda Portillo, a quien acusa de coordinar la adquisición diaria de armas de fuego y municiones a granel desde la frontera suroeste de EE UU hacia México a través de una red de personas que trabajan directamente con el CJNG.
Cisneros y Sepúlveda no son los únicos, la OFAC también tiene incluidos en su lista de sospechosos a varias empresas y personas vinculadas al CJNG y su aliado cercano, la organización de narcotraficantes de Los Cuinis, por lavado de activos. “Las actividades ya sancionadas en México incluyen plazas comerciales, empresas de bienes raíces, sociedades agrícolas, una productora musical y un hotel boutique de lujo”, explicaron en junio.
México y Estados Unidos tratan de unir esfuerzos contra los tentáculos del crimen organizado. La Secretaría de Exteriores mexicana afirma que entre el 70% y el 90% de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos y están detrás de más de 17.000 asesinatos solo en 2019. Con estas cifras, el país trató de emprender una cruzada legal contra 11 empresas estadounidenses a las que acusa de vender armas a los carteles. Por su parte, las autoridades estadounidenses se han comprometido a emprender medidas para reducir este flujo de armas, conscientes de que regresa de la frontera en forma de drogas ilegales.
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