Bruselas calcula que Ucrania necesita casi 136.000 millones de euros hasta 2027

El tiempo corre, el invierno acecha a una Ucrania cada vez más necesitada de fondos en plena guerra con Rusia que no tiene visos de concluir y la Unión Europea sigue estancada en la búsqueda de fondos para apoyar a Kiev. Que necesitará, según calcula ahora Bruselas, casi 136.000 millones de euros para cubrir sus necesidades macrofinancieras y militares hasta 2027. Y los primeros fondos deberían estar listos para la próxima primavera.

El principal obstáculo a la vía más rápida de ayuda, el uso de los activos rusos congelados para emitir un “préstamo de reparación” por hasta 140.000 millones de euros sigue siendo Bélgica, en cuyo territorio se encuentra la mayor parte de esos activos y que bloquea esta alternativa temerosa de las represalias de Moscú. Hay dos alternativas a esta vía, pero podrían salirle muy caras a todos los Veintisiete. Según advierte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una carta distribuida este lunes a todas las capitales exponiendo las tres “opciones” posibles para ayudar a Kiev, otras fórmulas implicarían que cada país deberá dedicar cada año hasta el 0,27% de su renta nacional bruta a sostener a Ucrania.

En el caso de España, esto supondría algo más de 4.000 millones por ejercicio. Y eso, siempre y cuando la guerra acabe en 2026 y que terceros países también aporten ayudas complementarias, advierte la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Bruselas no ha ocultado nunca su preferencia por la vía del “préstamo de reparación”, que requeriría el uso de los activos congelados en Euroclear, una institución financiera con sede en Bruselas. Así lo dejó claro también la semana pasada la propia Von der Leyen, cuando, en un discurso ante el Parlamento Europeo, afirmó que esta fórmula es “la forma más eficaz de apoyar la defensa de Ucrania y su economía”, además de constituir “la forma más clara de hacer comprender a Rusia que el tiempo no está de su parte”, dijo el jueves pasado.

Un día más tarde, la política alemana se reunió durante al menos una hora con el primer ministro belga, Bart De Wever. Un encuentro a puerta cerrada y tras el que no hubo comentario oficial alguno, síntoma de la falta de avances ante una Bélgica que desde la última cumbre europea, a finales de octubre, sigue sin dar su brazo a torcer pese a que el tiempo para encontrar una solución —antes de que acabe el año, si se quiere poder empezar a ayudar a Ucrania antes de la primavera, cuando se quedará sin fondos— se agota rápidamente.

En un intento más de convencer al Ejecutivo belga, Von der Leyen propone ahora garantías “legalmente vinculantes e irrevocables” por parte de los demás Estados miembros. Además, plantea el compromiso de que la cobertura de los riesgos asociados al uso de los activos congelados rusos continuará incluso después de que se levante la inmovilización de estos fondos tras el fin de la guerra. Tras su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha reconocido que el Gobierno de De Wever, con quien también se reúne este lunes, tiene “preocupaciones políticas y legales” legítimas que ha dicho confía se puedan resolver antes de la próxima cita de mandatarios europeos en diciembre, porque en juego está la “supervivencia” de Ucrania.

La carta que Von der Leyen ha enviado este lunes a las capitales corresponde al mandato que estos le dieron en el último Consejo Europeo, en el que le pidieron que presentara todas las opciones posibles para ayudar a Ucrania y desgranara bien las implicaciones que tiene cada una de ellas (una de las críticas que se hizo a la Comisión fue que llegó a la última cita de líderes europeos sin haber despejado todas las dudas de Bélgica sobre garantías ante eventuales represalias de Moscú).

La primera de las opciones ahora esbozadas es un paquete de “ayudas no reembolsables financiadas por los Estados miembros”. Es decir, que cada país proporcione subvenciones bilaterales voluntarias a la Unión, que esta después convertirá en esa ayuda no reembolsable a Kiev. El mínimo a recaudar para el periodo 2026-27 sería de 90.000 millones de euros, lo que supondría un “impacto para los Estados miembros de entre 0,16 y 0,27% de su renta nacional bruta por año”, especifica la Comisión. Dada su renta nacional bruta en 2024, esto supondría que a España le correspondería una contribución de hasta unos 4.300 millones de euros anuales.

Una segunda opción es que la UE financie la ayuda a Ucrania mediante la contratación de deuda en los mercados financieros, la opción hasta ahora menos deseada, sobre todo por aquellos socios comunitarios con menos espacio fiscal para aumentar su déficit o deuda, como Francia o Italia. La advertencia que lanza la Comisión sobre esta opción no parece que vaya a calmar esas inquietudes: “Las medidas que implican garantías de los Estados miembros tienen más probabilidades de repercutir en la deuda y el déficit nacionales”, recuerda Bruselas, que también subraya que “además del tratamiento de los préstamos, los costes de los intereses que deben cubrir los Estados miembros como contribuciones afectarían directamente a su déficit y deuda”.

Una alternativa a esto sería, apunta la Comisión, que los préstamos de la UE vayan respaldados por el margen presupuestario de la UE. Pero más allá de que esta opción requeriría una “enmienda de las actuales normas”, Bruselas señala que la medida podría impactar en los tipos que la UE paga por otros programas financiados mediante empréstitos en el mercado de capitales, como los fondos de recuperación tras la pandemia NextGeneration UE o el programa SAFE de préstamos para la compra conjunta de armamento para Ucrania.

La tercera y última opción que presenta la carta de Von der Leyen es la vía del préstamo de reparación que sigue objetando Bélgica pero que, insiste en una demostración más que es la privilegiada por el Ejecutivo comunitario y la mayoría de capitales europeas, “no requiere ningún préstamo directo de la Unión en los mercados de capitales para financiar el préstamo a Ucrania”.

En un intento de convencer al Gobierno de De Wever, la carta asegura que esta opción contará con garantías “legalmente vinculantes, incondicionales e irrevocables” de parte de los demás Estados miembros. Unas garantías que también se extenderían a los “riesgos procedentes de tratados bilaterales de inversión vinculados a la inmovilización de los activos soberanos rusos”, pero “también después de que se haya levantado la inmovilización de activos”.

Bruselas también promete “salvaguardias legales adicionales” y que los “riesgos residuales sean compartidos entre los Estados miembros”. Entre otros, con un compromiso de “cubrir costes y consecuencias financieras que surjan de laudos arbitrales o de otras decisiones judiciales contra un Estado miembro” debido al uso de los activos congelados.

Aunque Bélgica es el principal beneficiario de estas garantías adicionales, dado que Euroclear alberga la mayor parte de los activos financieros rusos, la Comisión propone que se amplíe la iniciativa de usar fondos congelados a “los saldos de efectivo asociados a los activos soberanos rusos en poder de otras instituciones financieras de la Unión, como los bancos comerciales, pero con exclusión de los bancos centrales”. Algo que agregaría unos 25.000 millones de euros, calcula. También asegura que, de activarse esta tercera opción de “préstamo de reparación”, este será diseñado de tal manera que “se preserve la estabilidad financiera de las instituciones que albergan los activos inmovilizados” y que se mitiguen todos los riesgos.

Cualquiera de las tres opciones, subraya Von der Leyen, requieren un “compromiso colectivo” de los Veintisiete y una “solidaridad fuerte” de toda la UE. La jefa del Ejecutivo europeo recuerda también la “urgencia” de encontrar una solución y manifiesta su esperanza de que el acuerdo para ello se dé en la próxima cita de líderes europeos, a mediados de diciembre en Bruselas.