Trump culpa al Departamento de Educación de los malos resultados escolares: “Vamos a cerrarlo. No nos está sirviendo de nada”
El decreto firmado el jueves por el presidente permitirá a la secretaria de Educación dinamitar desde dentro el organismo, vaciándolo de la mayoría de sus competencias

Donald Trump asegura que cuando nombró a Linda McMahon secretaria de Educación, le dijo: “Linda, espero que hagas un gran trabajo en quedarte sin trabajo”. Este jueves, el presidente de Estados Unidos firmó un decreto para desmantelar el Departamento de Educación. McMahon tiene el encargo de dinamitarlo desde dentro. Para justificar su decisión, Trump señaló los malos resultados de los escolares estadounidenses. Lo que no explicó es por qué su medida contribuiría a mejorarlos. Es un texto breve, de solo tres artículos, que busca el “cierre” del Departamento de Educación, aunque lo que hará más bien es vaciarlo de contenido. “No nos está sirviendo de nada”, dijo Trump
El presidente de Estados Unidos cuidó la escenografía para cumplir ―al menos parcialmente― una de sus promesas favoritas de campaña. Firmó el decreto sentado en una pequeña mesa de madera rodeado de niños y adolescentes que firmaron sus propias réplicas y las exhibieron imitando a Trump en una de esas imágenes de esta era que se quedan grabadas en la retina.
El decreto ordena a McMahon “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los Estados, sin dejar de garantizar la prestación efectiva e ininterrumpida de los servicios, programas y prestaciones de los que dependen los estadounidenses”.
Trump aprovechó el acto para arremeter una vez más contra los demócratas. Recordó que el Departamento de Educación se creó en 1979, durante el mandato de Jimmy Carter, y que en su momento ya hubo muchas críticas a su instauración. Su eliminación ha sido un deseo de los conservadores más radicales durante décadas. Sus funciones, con todo, son bastante limitadas. Se encarga sobre todo de gestionar préstamos y becas, aunque también aporta fondos a los Estados para financiar la educación primaria y lucha contra la discriminación en la educación. También se encarga de evaluar los resultados y realiza los test para medir las competencias de los alumnos y poder compararlos con otros Estados y países.
El presidente aseguró que no había servido para sus propósitos. “Estados Unidos gasta más dinero en educación, con diferencia, que cualquier otro país, y gasta, igualmente, con diferencia, más dinero por alumno que cualquier país, pero ocupamos uno de los últimos puestos de la lista en términos de éxito”, dijo durante el acto de la firma.
El propio texto del decreto está cargado de ideología desde el primer artículo, que es la exposición de motivos. “El experimento de controlar la educación estadounidense a través de programas y dólares federales, y la burocracia irresponsable que esos programas y dólares apoyan, claramente ha fallado a nuestros hijos, nuestros maestros y nuestras familias”, comienza.
La norma presenta el organismo como un derroche. “El Departamento de Educación ha afianzado la burocracia educativa y ha tratado de convencer a Estados Unidos de que el control federal sobre la educación es beneficioso. Aunque el Departamento de Educación no educa a nadie, mantiene una oficina de relaciones públicas que cuenta con más de 80 empleados y un coste de más de 10 millones de dólares al año”, indica.

En su intervención, Trump señaló que las puntuaciones de lectura y matemáticas de los estadounidenses están cerca de mínimos históricos. La Evaluación Nacional del Progreso Educativo de este año mostró que el 70% de los alumnos de 8º curso no alcanzan suficiente competencia en lectura, y el 72% estaban por debajo del nivel exigido en matemáticas. “La burocracia educativa federal no está funcionando”, sostiene el presidente. Los datos, sin embargo, señalan que desde la creación del Departamento hubo un progreso lento, pero sostenido, que se vio quebrado por la pandemia.
El decreto hace una comparación un tanto absurda del Departamento de Educación con el banco Wells Fargo porque gestiona actualmente una cartera de préstamos estudiantiles de más de 1,6 billones de dólares, el tamaño aproximado del citado banco. “Pero aunque Wells Fargo tiene más de 200.000 empleados, el Departamento de Educación tiene menos de 1.500 en su Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. El Departamento de Educación no es un banco y debe devolver las funciones bancarias a una entidad equipada para servir a los estudiantes estadounidenses”, dice.
El decreto, en realidad, tiene un contenido muy escueto, pero contundente en su parte dispositiva. Solo tiene un artículo normativo con dos apartados. “La secretaria de Educación, en la medida máxima apropiada y permitida por la ley, tomará todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad sobre la educación a los Estados y comunidades locales, garantizando al mismo tiempo la prestación efectiva e ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”, dice el primero.
El segundo consiste en un paso más en la cruzada de Trump contra las políticas de inclusión, igualdad y diversidad. No queda claro en qué medida eso puede suponer un obstáculo para la igualdad de oportunidades de los alumnos menos favorecidos. “De conformidad con las autoridades del Departamento de Educación, la secretaria de Educación se asegurará de que la asignación de cualquier fondo del Departamento de Educación Federal esté sujeta al cumplimiento riguroso de la ley federal y la política de la Administración, incluido el requisito de que cualquier programa o actividad que reciba asistencia federal ponga fin a la discriminación ilegal encubierta bajo la etiqueta de ‘diversidad, igualdad e inclusión’ o términos y programas similares que promuevan la ideología de género”.
Eso es todo. El tercer artículo es solo procedimental y común a los demás decretos, para indicar que la nueva norma debe aplicarse de acuerdo con las leyes y otras generalidades.
Esos tres artículos (solo uno de ellos sustantivo) ponen en marcha la voladura controlada del Departamento, pero será en el momento de su ejecución cuando se compruebe su alcance. La Casa Blanca asegura que Educación seguirá gestionando, al menos por ahora, los préstamos federales para estudiantes y las becas Pell para personas con menos recursos. “Más allá de estas necesidades básicas [que en realidad son el núcleo de sus competencias], mi Administración tomará todas las medidas legales para cerrar el departamento. Vamos a cerrarlo y a cerrarlo lo más rápido posible. No nos está sirviendo de nada. Queremos que nuestros estudiantes regresen a los Estados donde solo algunos de los gobernadores aquí presentes están tan contentos con esto, quieren que la educación regrese a ellos, que regrese a los Estados Unidos, y van a hacer un trabajo fenomenal”, dijo Trump antes de firmar la norma.
Aunque Trump sostiene que el objetivo de desmantelar el Departamento es devolver a los Estados las competencias sobre educación, en realidad ya les corresponden a ellos. Son los que financian (salvo una pequeña aportación federal) a los colegios e institutos y los que fijan los programas y métodos de enseñanza. El hipotético cierre del Departamento de Educación no debería tener ningún impacto a corto plazo en el modo en que funcionan los colegios.
Trump dijo en la Casa Blanca el jueves que se disponía a eliminar el Departamento de Educación “de una vez y por todas”, pero para la supresión de una agencia federal como esa hace falta la aprobación del Congreso. Los republicanos no cuentan con la mayoría cualificada que se requiere en el Senado para ello.

Recortes en marcha
En todo caso, la demolición ha comenzado ―por obra y gracia del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk― antes incluso de que Trump firmase el decreto. Trump ya ha despedido a casi la mitad de los empleados y vaciado la división que se encarga precisamente de evaluar los resultados y progresos educativos. También ha puesto límites al área encargada de luchar contra la discriminación.
Más de dos tercios de los 224.000 millones de dólares del presupuesto del Departamento se destinan a diferentes programas de préstamos y becas. La mayor parte de los préstamos son para estudios universitarios, mientras que las becas se usan en diferentes niveles educativos. El saldo vivo de los préstamos es de unos 1,6 billones de dólares, distribuidos entre unos 40 millones de beneficiarios. El anterior presidente, Joe Biden, aprobó varias quitas de esa deuda, pero la más importante de todas fue anulada por el Tribunal Supremo.
Si Educación cerrase, la gestión del saldo vivo tendría que transferirse a otros departamentos y agencias, entre los que el Tesoro sería el candidato más obvio. No está claro qué pasaría con la concesión de nuevos préstamos y becas. Otro Departamento podría asumir esas funciones o dejar que el sector privado y las autoridades estatales se encarguen. Pero el escenario más probable es que el Departamento de Educación, en realidad, no se cierre.
Tampoco está claro el destino de otras operaciones del Departamento, como su apoyo a la educación técnica y el aprendizaje de adultos, las subvenciones para escuelas rurales y programas extraescolares, y un programa federal de trabajo y estudio que proporciona empleo a estudiantes con necesidades económicas.
Reacciones encontradas
Pese al escaso impacto inmediato del decreto, la medida fue celebrada por grupos que llevan mucho tiempo pidiendo el fin del departamento y criticada por activistas de derechos civiles y del sector educativo, informa AP. "Durante décadas, ha canalizado miles de millones de dólares de los contribuyentes hacia un sistema fallido, que prioriza el adoctrinamiento izquierdista sobre la excelencia académica, mientras que el rendimiento de los estudiantes se estanca y Estados Unidos se queda cada vez más atrás", dijo Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation.
Los defensores de las escuelas públicas dijeron que la eliminación del departamento dejaría a los niños atrás en un sistema educativo fundamentalmente desigual. "Este es un día oscuro para los millones de niños estadounidenses que dependen de la financiación federal para una educación de calidad, incluidos aquellos en comunidades pobres y rurales cuyos padres votaron por Trump", señaló el presidente de la NAACP, Derrick Johnson. Los opositores ya se están preparando para los desafíos legales, incluyendo Democracy Forward, un grupo de litigios de interés público.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, calificó la orden de "toma de poder tiránica" y "uno de los pasos más destructivos y devastadores que Donald Trump ha tomado". Margaret Spellings, que fue secretaria de Educación bajo el presidente republicano George W. Bush, cuestionó si el departamento será capaz de cumplir con sus misiones restantes y si, en última instancia, mejorará las escuelas. Spellings dijo que las escuelas siempre han estado dirigidas por cargos locales y estatales, y rechazó la idea de que el Departamento de Educación y el Gobierno federal las hayan estado frenando.
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