El presunto asesino del ejecutivo de UnitedHealthcare es trasladado a Nueva York para ser juzgado por terrorismo

Luigi Mangione, el joven detenido como sospechoso de asesinar al consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha aceptado este jueves ser extraditado a Nueva York, donde presuntamente cometió el crimen el pasado 4 de diciembre, desde Pensilvania, donde fue detenido cinco días después. Mangione, de 26 años, fue acusado este martes en Nueva York de sendos cargos de asesinato en primer y segundo grado, lo que, según los fiscales, conlleva la consideración de “acto de terrorismo”.

Encarcelado en la prisión estatal desde que fue detenido, Mangione ha comparecido este jueves en el tribunal del condado de Blair (Pensilvania) y, tras aceptar su traslado a Nueva York, pese a su oposición inicial, ha quedado bajo custodia de agentes del Departamento de Policía de Nueva York y embarcado en un avión rumbo a la Gran Manzana. Las imágenes de televisión lo muestran subiendo a una pequeña aeronave, vestido con el habitual mono color naranja de los presos, en medio de un nutrido despliegue policial. “Esto es lo mejor para él, y estamos avanzando” en el proceso, ha dicho su abogado en Pensilvania. Su letrada en Nueva York se hará cargo ahora de su defensa, ante una posible condena a cadena perpetua si es declarado culpable.

En el tribunal del condado, Mangione permaneció de pie mientras el juez leía sus derechos. El joven, licenciado por una universidad de la prestigiosa Ivy League y miembro de una rica familia de Maryland, respondió afirmativamente, con monosílabos, cuando se le preguntó si entendía y si accedía a la extradición. Un grupo de personas se había congregado a las puertas del tribunal, con carteles en los que se podía leer “denegar, defender, declarar”, las palabras escritas en los casquillos de bala hallados en el lugar del crimen, y que remedan el lema de las compañías de seguros a la hora de rechazar, con frecuencia, el pago de coberturas de sus clientes.

El asesinato de Thompson, de 50 años y padre de dos hijos adolescentes, ha aflorado el hondo malestar de muchos estadounidenses con sus seguros médicos. Relatos terroríficos sobre las condiciones draconianas impuestas por las compañías, cuando no de abusos, llenaron las redes sociales, mientras en las calles de Nueva York aparecían carteles con el nombre y la imagen de ejecutivos del sector, bajo el lema wanted (se busca) en letras rojas. Muchas empresas del ramo retiraron de sus páginas web sus organigramas, en los que también aparecía el listado de nombres y fotografías de sus ejecutivos. El FBI consideró elevado el nivel de amenaza.

Otros manifestantes congregados a las puertas del tribunal portaban pancartas que decían “Liberad a Luigi” y “El asesinato con ánimo de lucro es terrorismo”, en referencia al afán crematístico de las aseguradoras y su propósito de “obtener beneficios por encima de la salud de las personas”. UnitedHealthcare, la división de seguros de salud de UnitedHealth Group que Thompson dirigía desde 2021, vende planes de cobertura a más de 50 millones de estadounidenses.

En Nueva York, Mangione se enfrenta a una acusación de 11 cargos por parte de la Fiscalía del distrito de Manhattan —la misma que instruyó la causa contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels— y se espera que también arrostre cargos federales del Distrito Sur de Nueva York. Por los delitos federales, Mangione podría ser condenado a la pena de muerte, una posibilidad en principio poco real. Por los estatales, puede recibir una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su abogada en Nueva York, Karen Friedman, que anteriormente trabajó como fiscal superior en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, comentó el caso en un comunicado: “La decisión del Gobierno federal de acumular cargos a un caso ya sobrecargado de asesinato en primer grado y terrorismo es altamente infrecuente y plantea serias preocupaciones constitucionales sobre doble incriminación”. En los documentos de la imputación, los fiscales han calificado el asesinato de “acto terrorista” porque, subrayan, pretendía provocar terror, además de influir en las políticas del Gobierno e intimidar a la población civil.