El partido gobernante de Corea del Sur trata de hacer fracasar la moción contra el presidente
Mientras la policía abre una investigación contra Yoon Suk-yeol por declarar la ley marcial, la formación conservadora asegura que votará contra su destitución
Una vez recuperada la calma en Seúl, con los militares de vuelta en los cuarteles, llega la hora de la marejada política. La batalla se prevé intensa. El gobernante PPP (Partido del Poder Popular), la formación del presidente, el conservador Yoon Suk-yeol, ha anunciado que está dispuesta a frenar el procedimiento de destitución puesto en marcha por la oposición contra el jefe del Estado. De salir adelante, la votación, prevista para el sábado en la Asamblea Nacional (el Parlamento), supondría la caída del dirigente que impulsó el martes una ley marcial que duró seis horas, desatando la confusión y el caos en el país. Pero no será fácil sacarla adelante. Para que la moción prospere, la oposición, capitaneada por el PD (Partido Democrático), que es la fuerza mayoritaria en la Cámara, necesita recabar al menos ocho votos en las filas del PPP para alcanzar la mayoría requerida de dos tercios.
Entre tanto, mientras siguen algunas protestas de baja intensidad por las calles de la capital, la crisis institucional avanza. La policía ha abierto este jueves diligencias para investigar si Yoon pudo cometer traición al declarar la ley marcial; a su vez, la Fiscalía ha impuesto al ya dimitido ministro de Defensa, Kim Yong-hyun —la primera pieza política que se ha cobrado el episodio—, la prohibición de viajar, a la espera de que se investiguen las acusaciones de traición que también pesan contra él, según fuentes judiciales citadas por la agencia surcoreana Yonhap. La medida ha sido dictada después de que un grupo de partidos políticos menores presentara una denuncia contra el presidente, el exministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército.
Yoon, que ha nombrado este jueves al exgeneral Choi Byung-hyuk como nuevo ministro de Defensa, sigue envuelto en una sorprendente burbuja de silencio. No se ha pronunciado de forma pública ni ha dado explicación alguna desde que abortó la medida extrema en la madrugada del miércoles.
Ante la ausencia de argumentos desde la cúpula de Gobierno, quien sí ha hablado es el líder de su propio partido, Han Dong-hoon, con un lenguaje de doble filo que indica la tensión interna y el choque de trenes en la formación. Por un lado, Han ha asegurado que se esforzará en unir a su partido para bloquear la aprobación de la moción liderada por la oposición para destituir al presidente y “evitar que el caos imprevisto perjudique al público y a los simpatizantes”, ha dicho este jueves durante una reunión del partido. Por otro, ha aclarado que no pretende “defender” la abortada medida de Yoon y ha reiterado su petición de que el presidente abandone el partido. “Los responsables de inquietar a la opinión pública y causar daños mediante la inconstitucional ley marcial, incluido el presidente, deben rendir cuentas estrictamente”, ha afirmado.
Parece difícil que el presidente, que se encuentra en la mitad de su mandato de cinco años, pueda aguantar mucho más con un historial semejante en una de las democracias más sólidas de Asia, donde algunos ciudadanos confiesan la vergüenza que han sentido en los últimos días de cara al exterior. Tampoco están claras las alternativas. Varios altos cargos del círculo cercano del presidente, incluido su jefe de gabinete, se ofrecieron a dimitir en masa el miércoles. Pero el Gobierno de momento se sostiene.
Los próximos días, en los que los partidos de oposición han convocado manifestaciones y concentraciones para reclamar la caída de Yoon, unidas a la presión política de la moción de destitución en el Parlamento —prospere o no— serán determinantes. Si sale adelante, sería el primer ministro, Han Duck-so, quien ocuparía la jefatura del Estado de forma provisional, pero el procedimiento podría atascarse en el segundo requisito para la destitución: la votación del Tribunal Constitucional, donde no se han cubierto tres de las nueve vacantes, por lo que los seis magistrados con los que cuenta ahora mismo deberían votar a favor. Aunque el Tribunal ha renunciado al requisito de siete jueces para deliberar los casos, tampoco está claro si se podría ocupar de la moción de destitución sin los nueve jueces al completo. Si el Constitucional finalmente la apoya, se deberían celebrar nuevas elecciones.
La situación, en el mejor de los casos, “saldrá adelante de algún modo”, dice Chun In-bum, general retirado del ejército surcoreano y analista habitual de asuntos militares en la siempre caliente península asiática, cuando se le pregunta cómo ve los próximos días. En el peor escenario, sin embargo, podrían descarrilarse, añade, mientras sorbe un batido de chocolate helado en un local del centro de Seúl. “Este fin de semana creo que veremos numerosas manifestaciones”, dice. “Es la democracia en funcionamiento”. En las protestas, normalmente, no se producen incidentes, pero, esta vez, podría haber choques con simpatizantes de Yoon, que los tiene. Gente que cree que debería haber salido adelante la ley marcial. “Esperemos que no haya un baño de sangre. Esa es la preocupación que tengo”, dice con un halo de inquietud.
Parece imposible: mientras habla, suenan villancicos en el hilo musical del local, los clientes teclean en sus portátiles de último modelo, la vida bulle ahí fuera. Y en la plaza de Gwanghwamun, uno de los puntos calientes donde se han concentrado los manifestantes en los últimos días, a mediodía de este jueves unos operarios levantaban ya las casetas para lo que parece un mercadillo navideño. La normalidad, que se empeña en seguir su curso. Pero, al mismo tiempo, en la acera de enfrente, tres personas preparaban ya la concentración de la tarde colgando una lona entre una farola y un semáforo con el siguiente mensaje: “¡Vamos a destituir al presidente!”.
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