Los armenios de Karabaj piden a los asistentes a la COP29 que presionen a Azerbaiyán para que libere a los prisioneros de guerra

Con todos los ojos puestos en Bakú debido a la celebración de la cumbre anual del clima (COP29) en la capital Azerbaiyán, los armenios expulsados de la región de Nagorno Karabaj por la ofensiva azerbaiyana de hace un año esperan que la atención internacional sirva para poner sobre la mesa la liberación de los últimos prisioneros de guerra en las cárceles del país. Entre ellos, algunos dirigentes políticos y militares de alto rango como el antiguo primer ministro de la autoproclamada República de Artsaj, Rubén Vardanián; los últimos tres presidentes de esta entidad separatista, el presidente del Parlamento y el ministro de Exteriores.

El último canje de prisioneros de guerra tuvo lugar en diciembre del año pasado, cuando Azerbaiyán devolvió a 32 militares armenios y Armenia hizo lo propio con los dos últimos soldados azerbaiyanos bajo su custodia. Además, como gesto de buena voluntad de cara a las negociaciones de un tratado de paz definitivo, el Gobierno de Ereván levantó su veto para que Bakú pudiese ejercer de sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el clima. Desde entonces, no se han producido avances significativos en las negociaciones entre ambos países.

“Hoy [por el lunes] ha comenzado la COP29 y lo que esperamos es que algunas de las delegaciones internacionales hablen a favor de los armenios ilegalmente detenidos en Azerbaiyán, así como también de los propios azerbaiyanos detenidos por el régimen”, afirmó el Defensor del Pueblo karabají en el exilio, Gegham Stepanián, en declaraciones a EL PAÍS.

Desde la Primera Guerra de Nagorno Karabaj (que culminó en 1994 con victoria armenia), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha mediado en la liberación de más de 700 prisioneros de ambos países, si bien actualmente solo quedan prisioneros de guerra en cárceles de Azerbaiyán. Según el recuento oficial son 23: ocho dirigentes políticos y militares, cinco civiles y diez soldados. Algunas fuentes armenias sostienen que también están en manos de Azerbaiyán hasta 80 civiles y combatientes dados por desaparecidos en la Segunda Guerra del Karabaj (2020, vencida por Azerbaiyán) y en la ofensiva final que lanzó Bakú en septiembre del año pasado, que provocó la huida de los 100.000 armenios que quedaban en este enclave armenio en territorio internacionalmente reconocido como azerbaiyano.

“Solo la Cruz Roja tiene acceso a los líderes políticos encarcelados en Azerbaiyán. Los visita una vez al mes. Únicamente se les permite una llamada a sus familiares de dos minutos por semana. No pueden hablar con nadie más. Además, los mantienen aislados y con la luz encendida las 24 horas del día”, acusa la exviceministra de Exteriores karabají, Armine Aleksanián.

Las autoridades armenias han iniciado un proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quejándose del tratamiento de los prisioneros karabajíes y los abogados de Vardanián iniciaron en octubre varios casos en tribunales azerbaiyanos denunciando “torturas” y malos tratos, por ejemplo, negarle agua durante dos días. El multimillonario armenio y expolítico karabají se queja de que no se le haya sometido todavía a juicio, pese a que la Fiscalía azerbaiyana reconoce que ya ha terminado con las pesquisas.

Las autoridades azerbaiyanas han tachado en varias ocasiones a Vardanián de “agente ruso”, ya que hizo su fortuna en el sector financiero de ese país y llegó a asesorar a Vladímir Putin antes de renunciar a su nacionalidad rusa para instalarse en Nagorno Karabaj, donde anteriormente había financiado proyectos filantrópicos. Sin embargo, su familia alega que sus actividades en Karabaj se debieron únicamente a su “patriotismo armenio” y que, cuando se instaló allí y asumió responsabilidades políticas, sabía que podía terminar detenido, como finalmente ocurrió el año pasado mientras trataba de abandonar el enclave armenio junto a decenas de miles de refugiados.

A la mayoría de los detenidos se les imputan cargos muy vagos sobre “terrorismo” o “cruce ilegal de fronteras”. Dos de ellos han sido ya condenados a 15 años de cárcel, acusados de haber participado en la matanza de Joyali en 1992, cuando entre 200 y 600 civiles azeríes fueron masacrados por milicianos armenios con la colaboración de un regimiento ruso. Pero Stepanián denuncia que los tribunales azerbaiyanos “no son imparciales” ni cumplen los estándares mínimos que se les puede exigir a la justicia. También denuncia que las autoridades de Bakú han impedido a los armenios contratar abogados internacionales para que ejercieran su defensa.

De hecho, en una resolución del pasado 23 de octubre, el Parlamento Europeo llamó la atención sobre la falta de “representación legal adecuada” de los 23 detenidos, recordó a Bakú que la Convención de Ginebra prohíbe toda forma de tortura o trato cruel a los prisioneros de guerra y exigió su liberación inmediata.