Starmer presenta sus primeros presupuestos para enderezar la economía con subidas de impuestos a empresas y rentas altas

Los primeros presupuestos de un Gobierno recién elegido son toda una declaración de intenciones, y la mejor oportunidad para tomar decisiones arriesgadas, con toda una legislatura por delante. El Gobierno de Keir Starmer ha hecho este miércoles las dos cosas. Con una subida histórica de impuestos, que recaerá fundamentalmente sobre empresarios y rentas altas, y un aumento del endeudamiento público para multiplicar las inversiones en educación y sanidad, los laboristas han apostado todo su capital a enderezar el rumbo de una economía maltrecha después de 14 años de gobiernos conservadores.

“En 1945, el Partido Laborista reconstruyó nuestro país desde las ruinas de la II Guerra Mundial. En 1964, fue de nuevo el Partido Laborista el que reconstruyó el Reino Unido con el ‘calor blanco de la tecnología’ [la histórica frase con la que Harold Wilson se refirió a su apuesta por la ciencia y la educación]. Y en 1997 fuimos nosotros los que reconstruimos escuelas y hospitales. Hoy le toca de nuevo a este Gobierno laborista poner en pie el país”, ha anunciado la ministra de Economía, Rachel Reeves.

El tono histórico con que presentaba sus primeras cuentas se veía reforzado por el hecho de que fuera la primera mujer en hacerlo en el Parlamento británico. Hasta ahora, el puesto de chancellor (ministro de Economía), el segundo más relevante del Gobierno, había sido ocupado por hombres.

El impacto del anuncio ha sido grande. Y ello a pesar de que el Gobierno laborista —escarmentado en piel ajena con el hundimiento de la Bolsa y la libra que provocó el mini-presupuesto de la ex primera ministra conservadora Liz Truss— ha ido anunciando desde hace semanas las medidas que pensaba aprobar, para que los mercados las dieran por descontadas.

La subida de impuestos, por unos 48.000 millones de euros, supera a las aprobadas en su día por el laborista Gordon Brown o los conservadores George Osborne o Rishi Sunak cuando estaban al frente de las finanzas británicas. Esta medida sitúa la presión fiscal del Reino Unido en niveles históricos.

Reeves se encontró a su llegada al ministerio con un agujero fiscal de más de 26.000 millones de euros. Era la herencia envenenada del anterior Gobierno conservador, que no había destinado partidas presupuestarias para los miles de millones comprometidos en subidas salariales de funcionarios, e indemnizaciones astronómicas para las víctimas de dos escándalos: el de las transfusiones de sangre contaminadas y el de los dueños de las franquicias de las oficinas postales injustamente condenados por un fraude inexistente, fruto de las fallas del sistema informático.

Carga contra los empresarios

El Partido Laborista prometió, en su programa electoral, que no subiría ni las cotizaciones a la Seguridad Social, ni el IVA ni el impuesto sobre la renta a las clases trabajadoras. Es ese último matiz, “a las clases trabajadoras”, la excusa a la que se ha aferrado el nuevo Gobierno para negar que haya incumplido sus promesas. Porque el mayor anuncio de subida fiscal que contienen los presupuestos presentados este miércoles es precisamente un aumento del 1,2% de la parte de las cotizaciones que paga el empresario, que pasa a ser del 15%. A ese incremento se suma el hecho de que el umbral de salario a partir del que debe comenzar a pagarse baja de los 10.700 euros a los 6.000.

Son muchos los expertos que señalan que el aumento de la carga a la empresa acaban sufriéndolo los trabajadores, con una reducción o congelación salarial o con menos contratación.

“Este presupuesto es duro de tragar para los empresarios”, ha reaccionado al anuncio Shevaun Haviland, la directora de las Cámaras de Comercio Británicas. “Aunque la ministra haya anunciado una pequeña protección para las empresas, el aumento en las cotizaciones va a suponer una enorme carga para todas ellas”, anunciaba.

Junto a ese aumento de las cotizaciones, Reeves anunciaba además una subida del salario mínimo profesional un 6,7%, hasta los 14,60 euros por hora. Casi 1.700 euros más al año para un trabajador a tiempo completo.

Del total de la subida de impuestos, la suma del alza en las cotizaciones y en el salario mínimo pueden suponer hasta 30.000 millones de euros.

El resto, hasta los 48.000, procederían de un aumento en el impuesto a las ganancias de capital, que sube su tipo mínimo del 10% al 18%, y el máximo del 20% al 24%; la imposición del IVA en las matrículas de los colegios privados; una reducción de las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y la supresión del régimen de privilegio que tenían los millonarios cuya residencia oficial estaba fuera del Reino Unido.

Inversiones en educación y sanidad

Reeves ha vuelto a confirmar lo que ya anunció la semana pasada, para mantener tranquilos a los inversores. El Gobierno, como habían sugerido muchos expertos, ha modificado el método con el que calcula la deuda pública, para poder mantener sus promesas de rigor y responsabilidad fiscal, pero poder seguir recabando préstamos de los mercados para realizar inversión en infraestructuras y servicios.

La ministra ha decidido finalmente seguir las recomendaciones de muchos centros de pensamiento económico, y utilizar para la medición de la deuda la llamada PSNFL (Public Sector Net Financial Liabilities, obligaciones financieras netas del sector público). Con este criterio, el Gobierno puede incluir en su contabilidad nacional activos que en el momento carecen de liquidez, pero la tendrán en el futuro, como los préstamos para matrículas universitarias (cerca de 24.000 millones de euros al año), las participaciones públicas para rescatar bancos durante la crisis financiera o los préstamos del Banco de Inglaterra a instituciones financieras bajo su programa de Term Funding Scheme.

De ese modo, el nuevo Gobierno laborista ha podido anunciar un incremento del gasto corriente de más de 27.000 millones de euros, destinado al Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), junto a 3.700 millones más para inversión en nuevo material médico y nuevas tecnologías, con la voluntad de enderezar una sanidad pública muy deteriorada.

Reeves se ha comprometido además a destinar cerca de 4.300 millones de euros a la educación pública, con el propósito de contratar más de 1.000 nuevos profesores.

La promesa de estabilidad y rigor fiscal contenida en los presupuestos ha hecho que en un primer momento subieran los bonos de deuda pública y la Bolsa británica. Pero la advertencia de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el organismo independiente que analiza la viabilidad de las cuentas públicas, de que los presupuestos de Reeves podían añadir medio punto a la inflación, así como el cálculo del Tesoro de que el Gobierno se va a acabar endeudando este año por valor de casi 360.000 millones de euros (frente a los 330.000 millones previstos) ha provocado un descenso del valor de los bonos que, en cualquier caso, estaba muy lejos de la estrepitosa caída que supuso la fatídica bajada de impuestos de la exdirigente conservadora Liz Truss.