El Gobierno de Starmer anuncia que cambiará el modo de medir la deuda pública para asegurar más inversión

Los tormentosos cincuenta días de la ex primera ministra Liz Truss al frente del Gobierno británico sirvieron de vacuna al Partido Laborista, que pudo experimentar en cabeza ajena lo fácil que es poner nerviosos a los mercados con unos presupuestos mal pensados y peor anticipados. La nueva ministra de Economía, Rachel Reeves, que presentará el 30 de octubre sus primeras cuentas, ha confirmado este jueves que cambiará el modo de calcular la deuda pública para poder mantener sus promesas de rigor y responsabilidad fiscal y a la vez garantizar las inversiones en infraestructuras y servicios públicos que el Reino Unido necesita como el respirar.

El anuncio no ha pillado a nadie por sorpresa. Responde a una maniobra lenta y metódica de Reeves, que trabajó unos años en el departamento de Estudios del Banco de Inglaterra, en cuyas manos ha dejado el primer ministro Starmer el timón económico del país. La ministra reveló a finales de julio, apenas unas semanas después de que el Partido Laborista ganara las elecciones, un supuesto agujero en las cuentas públicas de más de 26.000 millones de euros, heredado de los anteriores gobiernos conservadores. A partir de ahí, para irritación de los sindicatos y las bases del partido, se fueron sucediendo advertencias de futuros recortes para ajustar las cuentas. Se trataba, explicaba la ministra y confirmaba Starmer, de tomar cuanto antes las decisiones dolorosas, para asegurar más tarde inversiones y crecimiento a largo plazo.

A continuación llegaron las sugerencias de que el próximo presupuesto incluiría subidas en la parte de las cotizaciones a la Seguridad Social (National Insurance) que pagan las empresas. Y un aumento del impuesto sobre las Ganancias del Capital para el caso de que se vendieran las acciones. El Gobierno insistía: la mayor carga fiscal recaería sobre los hombros de los más ricos, y no habría subida de impuestos para las “clases trabajadoras”.

Y durante todas estas semanas se lanzaron constantes globos sonda a los medios sobre un supuesto cambio en las reglas con las que se mide la deuda pública. Starmer y Reeves se han comprometido a mantener la norma que impuso ya hace más de dos décadas el ministro laborista de Economía, Gordon Brown, y que han mantenido posteriores gobiernos conservadores: reducir el porcentaje de la deuda respecto al PIB al final del mandato de cinco años.

Muchos expertos habían cuestionado una norma tan rígida como imprecisa —planear a tan largo plazo llevaba a errores de cálculo— que ataba de pies y manos al Gobierno. Para poder lograr algo de espacio extra, Reeves ha decidido finalmente seguir las recomendaciones de muchos centros de pensamiento económico, y utilizar para la medición de la deuda la llamada PSNFL (Public Sector Net Financial Liabilities, Obligaciones Financieras Netas del Sector Público). Con este criterio, el Gobierno puede incluir en su contabilidad nacional activos que en el momento carecen de liquidez, pero la tendrán en el futuro, como los préstamos para matrículas universitarias (cerca de 24.000 millones de euros al año), las participaciones públicas para rescatar bancos durante la crisis financiera o los préstamos del Banco de Inglaterra a instituciones financieras bajo su programa de Term Funding Scheme.

Con la nueva fórmula para medir la deuda, Reeves podría obtener un colchón de casi 60.000 millones de euros extras para poder realizar la inversión pública prometida en el programa electoral con el que ganó las elecciones el Partido Laborista el pasado 4 de julio. Reeves se ha comprometido a no gastar todo ese dinero, e imponer unos “guardarraíles” a sus nuevas reglas fiscales que aseguren ciertas reservas para evitar sustos futuros.

“Las nuevas normas fiscales, y los guardarraíles que voy a imponer a su alrededor, nos ayudarán a construir la década de renovación nacional que hemos prometido, a la vez que proporcionamos la estabilidad necesaria para apoyar la inversión”, ha escrito la ministra en una tribuna para el diario Financial Times.

Esa estabilidad responde en parte a la segunda regla prometida por Reeves: el Gobierno, asegura, solo realizará el gasto corriente que se pueda financiar con los ingresos de los impuestos, nunca con deuda pública.

La ministra ha confirmado su compromiso en Washington, donde ha acudido a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. “Lograremos que la proporción de la deuda respecto al PIB baje durante este periodo parlamentario, pero con los cambios introducidos liberaremos dinero para invertir en las cosas que aseguren un retorno a largo plazo para nuestro país y para los contribuyentes”, ha dicho en la capital estadounidense.

La tasa de rendimiento, o yield, de los bonos de deuda pública británicos a 10 años ha subido hasta seis puntos porcentuales durante este jueves, como respuesta al anuncio de Reeves, aunque ha vuelto a bajar ligeramente al final de la jornada. Es decir, la posibilidad de pedir dinero prestado se ha encarecido para el Gobierno del Reino Unido, al menos momentáneamente.