El Gobierno británico planea reformar el modo de medir la deuda pública para garantizar la inversión

Las promesas para reforzar el estado de Bienestar al tiempo que mantenía rigor fiscal y responsabilidad presupuestaria que ayudaron en gran parte al primer ministro británico, Keir Starmer, a conquistar Downing Street se han convertido en apenas tres meses en el principal lastre de un Gobierno laborista que había anunciado una nueva era de crecimiento y “renovación nacional”. La ministra de Economía, Rachel Reeves, que debe presentar el próximo 30 de octubre su primer presupuesto, se plantea una modificación del método con que se mide la deuda pública que, sin asustar a los analistas y a los mercados, ayude a impulsar la inversión pública que muchos votantes esperaban.

El breve y caótico mandato de Liz Truss fue fructífero en bromas y risas, con aquella simpática competición entre la caducidad de una lechuga y los días que tardó la entonces primera ministra conservadora en presentar su dimisión. Pero dejó también una cicatriz invisible en la oposición laborista, aterrada ante la reacción de los mercados ante promesas sin rigor fiscal, como la rebaja de impuestos planteada por Truss. La libra, la deuda pública y la credibilidad internacional del Reino Unido se hundieron en unas horas.

Reeves, educada en la ortodoxia del departamento de análisis y estudios del Banco de Inglaterra, fue la primera en asumir sin reparos la senda de rigor establecida ya en 1997 por su predecesor laborista, Gordon Brown, y que han intentado respetar desde entonces, con más o menos éxito, todos los gobiernos. El volumen de deuda pública respecto al PIB debe ser, al final de un mandato de cinco años, menor al nivel que había al comienzo de ese mandato.

El anterior ministro de Economía conservador, Jeremy Hunt, fue designado por Rishi Sunak para poner orden en las cuentas públicas después del desastre provocado por su predecesora, Truss. Pero el rigor inicial desplegado, con recortes sociales y subidas de impuestos, se vio pronto frenado ante la amenaza de unas elecciones cercanas en las que, según todas las encuestas, la victoria laborista iba a ser contundente.

Hunt levantó el pie del acelerador, y el resultado fue una deuda pública equivalente al 100% del PIB en agosto de 2024. Un 4,3% más que un año antes, en la misma fecha. El resultado de aquel giro fue una rebaja sustancial en las inversiones públicas previstas, incluidos los planes de despliegue de la alta velocidad ferroviaria hacia el norte de Inglaterra.

¿Regreso a la austeridad?

El anuncio por parte de Reeves, nada más hacerse cargo de la Tesorería británica, de un agujero inesperado de más de 26.000 millones de euros en las cuentas públicas, cambió inesperadamente el discurso de optimismo que emanaba el nuevo Gobierno laborista.

A aquella sorpresa le siguió el anuncio de que diez millones de pensionistas iban a dejar de percibir las ayudas públicas en sus facturas de gas y electricidad. Los sindicatos, tradicionales aliados del Partido Laborista, encabezaron las protestas por esta decisión y aguaron las celebraciones del congreso del partido en Liverpool —el primero, después de la victoria— a finales de septiembre en Liverpool.

Tanto Reeves como Starmer se vieron obligados a prometer en sus discursos que no habría un regreso a la era de la austeridad, propiciada por los gobiernos conservadores de David Cameron después de la crisis de 2008, que dejó en los huesos las infraestructuras y los servicios públicos del Reino Unido.

En las últimas semanas, la ministra y su equipo se han embarcado en una discreta misión pedagógica, para convencer a analistas e inversores que un cambio razonable en el modo de medir la deuda pública —reclamado desde hace tiempo por muchos expertos para suavizar la excesiva rigidez autoimpuesta— es necesario para poder llevar adelante la inversión pública.

Es una tarea necesaria para contrastar el nerviosismo creado por el aumento del interés de los bonos a diez años desde mediados de septiembre, que ha pasado del 3,75% al 4,2%. Algunos inversores restan importancia al dato y lo consideran un reflejo de esa misma subida en Estados Unidos. Otros, sin embargo, creen que responde a la incertidumbre suscitada respecto al próximo presupuesto.

Cambio drástico o modulado

Si Reeves está decidida a cumplir a rajatabla las promesas incluidas en el programa electoral del Partido Laborista, va a tener que buscar el modo de que el Gobierno pueda endeudarse más sin que salten las alarmas.

La idea sugerida por algunos economistas de incluir en el cálculo de la deuda el valor de activos como carreteras, escuelas u hospitales podría dar al Gobierno un colchón extra de casi 60.000 millones de euros, pero hay un consenso generalizado en torno al nerviosismo que podría provocar algo así entre los inversores, y la venta masiva de bonos de deuda pública, como ya ocurrió durante el mandato de Truss.

Opciones más digeribles podrían ser, por ejemplo, la de no incorporar, a la hora de calcular la deuda, las pérdidas generadas por el Banco de Inglaterra derivada de años de ‘expansión cuantitativa’, con tipos de interés cercanos a cero. O no incluir en ese mismo cálculo el dinero público destinado a nuevos vehículos de inversión como el recién creado Fondo de Riqueza Nacional. Con medidas como estas, el Gobierno podría asegurarse un margen de entre 12.000 y 24.000 millones de euros. Suficiente como para iniciar parte de las inversiones públicas comprometidas, acallar a las voces críticas y mantener la calma en los mercados.

Evitar grandes subidas de impuestos

Junto a las promesas de rigor, el Partido Laborista también se conjuró para evitar subidas en el impuesto de la renta o en el de sociedades. Se ató de ese modo las manos, al anunciar únicamente el cobro del VAT (el IVA británico) en las matrículas de los colegios privados, y la eliminación de las exenciones fiscales para los multimillonarios no residentes en el Reino Unido.

Los expertos internos del Gobierno ya han señalado que la segunda de las medidas puede acabar provocando un éxodo de fortunas, y acabar generando más pérdidas que ingresos. Respecto a la primera, el Instituto de Estudios Fiscales ya ha calculado en apenas 1.800 millones de euros anuales el ingreso extra que aportará a la hacienda pública.

Si Starmer y Reeves mantienen su promesa de no subir otros impuestos, y a la vez la de mayor inversión pública, deberán darse a sí mismos algo de margen para endeudarse sin que cunda el pánico.