Los recortes de Keir Starmer tensan la relación entre el Partido Laborista y los sindicatos

El sindicato británico UNITE, que agrupa más de un millón de miembros —en su mayoría pertenecientes al ala más a la izquierda del Partido Laborista― ha propinado un duro golpe a la imagen de unidad pretendida por el primer ministro británico, Keir Starmer. En las últimas horas del congreso que los laboristas han celebrado en Liverpool ha salido adelante una moción no vinculante de la central sindical que arremete contra los recortes en las ayudas sociales del nuevo Gobierno.

Starmer dio luz verde a mediados de agosto a la decisión de su ministra de Economía, Rachel Reeves, de suprimir las ayudas universales en la factura del gas y la electricidad a los pensionistas del Reino Unido. El Gobierno acusaba a sus predecesores en Downing Street, los conservadores, de haber dejado un agujero presupuestario extra de más de 26.000 millones de euros. Una de las decisiones adoptadas como respuesta a este imprevisto ha inyectado la polémica en el seno del Partido Laborista y en la relación de su dirección con los sindicatos.

Reeves eliminó de un plumazo las ayudas que recibían 10 millones de pensionistas, que oscilaban entre los 240 y los 360 euros anuales. Solo las mantuvo para aquellos que se encontraban en situación económica vulnerable, aproximadamente 1,1 millones.

La decisión provocó la ira de muchos diputados y representantes municipales laboristas, que vieron sus buzones inundados con cartas de protesta de sus votantes. A pesar de las peticiones para que el Gobierno reconsiderara su postura, ni Reeves ni Starmer han dado su brazo a torcer. “Sé que os preocupa la decisión que hemos tomado, pero si el camino fuera popular o fácil, ya lo habríamos emprendido”, volvía a explicar este martes a los delegados del congreso el primer ministro.

La dirección del partido era consciente de que iba a perder la votación de la moción presentada por UNITE, y maniobró, ante las protestas de muchos de los asistentes al encuentro, para que fuera debatida al final del congreso. Starmer había dado el broche final con su discurso del martes. Este miércoles, muchos de los delegados ya habían abandonado Liverpool y emprendido el camino de vuelta a sus casas.

Y aun así, el debate ha sido encendido. “La gente, sencillamente, no lo entiende. Yo misma no lo entiendo. ¿Cómo es posible que el nuevo Gobierno laborista haya cortado las ayudas energéticas de los pensionistas y sigue sin tocar a los supermillonarios? Los ciudadanos no les votaron para esto. Es una decisión equivocada y tiene que ser revocada”, proclamaba entre multitud de aplausos desde el estrado del Centro de Convenciones de Liverpool Sharon Graham, la secretaria general de UNITE.

La moción, que no vincula al Gobierno de Starmer, ha salido adelante en una votación a mano alzada, que otorgó a los proponentes un victoria algo más estrecha de lo previsto, pero victoria al fin y al cabo.

El último sondeo de la empresa YouGov indica que un 46% de los británicos respalda un sistema de ayudas selectivas, y no universal, a los pensionistas, frente a un 44% que están en contra de la decisión.

El centro de la protesta reside en aquellos pensionistas que, sin llegar al umbral de pobreza que les da derecho a recibir ayudas, han perdido una subvención que les permitía pasar el invierno con menos penurias. Una afiliada del Partido Laborista que participaba en el debate previo a la votación intentaba defender, desde su experiencia personal, la decisión de Starmer. “Cada año me llega a la cuenta bancaria un ingreso de 200 libras (unos 240 euros), y lo destino a un banco de alimentos”, señalaba, para indicar que, como ella, son muchos los pensionistas que no necesitan esa ayuda.

Pero el asunto de las subvenciones energéticas a los pensionistas —una medida que puso en marcha precisamente el Gobierno laborista de Gordon Brown hace ya un cuarto de siglo y han mantenido los gobiernos conservadores—, se ha convertido en un lastre para Starmer. Difícil además de justificar después del escándalo de los trajes gratis y las entradas al fútbol y otros espectáculos que tanto el primer ministro como miembros de su Gabinete han admitido que habían recibido.

Starmer y Reeves han hecho bandera del rigor fiscal y de la necesidad de tener un equilibrio en las cuentas para atraer al votante medio y no espantar a los empresarios. Después de 14 años de gobiernos conservadores que han dejado en un estado pésimo la economía del Reino Unido —austeridad, Brexit, debacle de la bolsa y de la libra por Liz Truss—, el nuevo equipo de Downing Street quiere presentarse a los ciudadanos como responsable y prudente. La moción de los sindicatos, sin embargo, incluía entre sus peticiones, además de la revocación del recorte de las ayudas, una mayor presión fiscal sobre los millonarios, y una revisión de las reglas fiscales, para que el Gobierno tenga más posibilidad de endeudarse para invertir en unos servicios públicos en estado paupérrimo.