Alemania excluirá de las ayudas a los refugiados registrados por primera vez en otro país de la UE
El Parlamento endurece las normas para los solicitantes de asilo y la posesión de armas. El paquete de seguridad fue impulsado tras el atentado islamista de Solingen del pasado agosto
Mientras en Europa crece la polémica sobre las deportaciones de migrantes y sobre la posibilidad de abrir centros fuera del territorio comunitario, los diputados del Bundestag alemán han aprobado este viernes el llamado paquete de seguridad, que, entre otras medidas, endurece las normas para los refugiados y la legislación sobre armas.
En el futuro, los solicitantes de asilo que entraran en la UE por otro país diferente de Alemania quedarán excluidos de las prestaciones estatales “siempre que les sea legal y realmente posible abandonar el país”, es decir, si el país responsable, en virtud del Convenio de Dublín, ha aceptado readmitirlos. Se harán excepciones si los afectados son niños. Para ello, un grupo especial de trabajo se encargará de que los refugiados que ya estén registrados en otro país de la UE puedan ser trasladados a ese Estado. Con esto, Alemania busca rebajar la presión migratoria y apaciguar a la opinión pública. La ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, calificó el paquete como “la respuesta adecuada” a amenazas como el islamismo, el antisemitismo, el extremismo de derechas e izquierdas y la delincuencia violenta.
El Gobierno formado por socialdemócratas, verdes y liberales puso en marcha el plan tras el atentado islamista con cuchillo en Solingen del pasado agosto, que se saldó con tres muertos. El autor confeso es un refugiado sirio que debía haber sido deportado a Bulgaria en 2023. Esto llevó a la oposición a presionar al canciller, Olaf Scholz, para que adoptara medidas para aumentar las deportaciones y contra la migración ilegal. Sin embargo, el proyecto de ley para mejorar la seguridad interior y el sistema de asilo, acordado este viernes con 361 votos a favor, 290 en contra y nueve abstenciones, es visto por gran parte de la oposición como insuficiente.
El presidente del grupo parlamentario democristiano (CDU/CSU), Thorsten Frei, lo calificó como un paquete “lleno de agujeros, como un queso suizo”. El líder de la CDU, Friedrich Merz, recordó que “la devolución en las fronteras exteriores de Alemania todavía no es posible” y reclamó que los controles sean permanentes y exhaustivos.
Otra de las medidas aprobadas es retirar el estatuto de refugiado si el viaje al país de origen no es absolutamente necesario. Esto no afecta a los refugiados de Ucrania. “Quien realmente corre el riesgo de ser perseguido allí, no viaja a su país de origen”, criticó Merz. “Cualquiera que pueda viajar allí debe perder su estatus de protección” y agregó que el motivo del viaje es “irrelevante”. De igual manera lo ve el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), que lleva tiempo criticando, por ejemplo, que haya refugiados ucranios que regresen temporalmente mientras perciben ayudas estatales.
3,5 millones de refugiados
Alemania alcanzó un nuevo récord de 3,48 millones de refugiados a finales del primer semestre, según cifras del Gobierno alemán. Ciudades como Berlín reconocen estar desbordadas. El antiguo aeropuerto de Tegel se ha convertido en uno de los mayores centros de solicitantes de asilo del país, con unas 5.500 personas y capacidad para 7.000. Su alcalde, Kai Wegner, da por hecho que se va a tener que ampliar. “Cuando digo que hemos llegado al límite de nuestra capacidad en algunas áreas, también estaría hablando de estar desbordados. Y no se trata solo de Berlín”, declaró esta semana el político conservador ante la prensa extranjera.
Pero organizaciones de derechos humanos como Pro Asyl consideran que excluir a los refugiados de las ayudas sociales no es la solución. En su opinión, esto viola claramente la Constitución y “conducirá a la indigencia y al desamparo entre quienes buscan protección”. “Esta exclusión de las prestaciones cruza una línea roja”, declaró Sarah Lincoln, de la Sociedad para las Libertades Civiles, a la cadena alemana ARD. “Los refugiados dejarán de recibir dinero, atención médica y tampoco se les permitiría trabajar aquí”, señaló. “En definitiva, se exponen a la indigencia total”.
Scholz tuvo que hacer frente también a críticas dentro de sus filas contra el paquete legislativo, que incluye una prohibición absoluta de armas blancas en festivales públicos y otros actos públicos, así como una futura prohibición de cuchillos en autobuses y trenes. El canciller tuvo que llamar al orden en la reunión de su grupo parlamentario para lograr la necesaria mayoría e incluso se filtró la posibilidad de que hubiera vinculado la votación con su permanencia en el cargo, algo posteriormente desmentido por el secretario general del Partido Socialdemócrata, Matthias Miersch.
Unas horas después de su paso por el Parlamento alemán, el Bundesrat ―la Cámara alta, donde están representados los länder alemanes― ratificó las leyes que endurecen las normas para los solicitantes de asilo y la legislación sobre armas, pero rechazó la parte del proyecto de ley que preveía ampliar las competencias de las autoridades de seguridad y dar la posibilidad de comparar datos biométricos en internet en determinados casos.
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