Starmer corteja a los inversores internacionales con la promesa de menos regulación

Cualquier admirador del Reino Unido sabe de la pasión que muchos británicos tienen con sus trenes, fundamentales en el impulso y desarrollo histórico de la revolución industrial. Por eso resulta inexplicable para el profano que la alta velocidad, a diferencia de otros países europeos, sea casi inexistente en la isla. Basta una cifra para entender este misterio: cada kilómetro del proyecto HS2 (High Speed Rail 2) que conectó Londres con Birmingham costó 212 millones de euros, frente a los 119 millones que ha costado, por ejemplo, el trazado Lyon-Turín que han emprendido los gobiernos francés e italiano.

“Vamos a deshacernos de toda esa burocracia que bloquea la inversión, y vamos a asegurarnos de que todos los organismos reguladores de este país, especialmente los reguladores económicos y de la competencia, se tomen en serio el crecimiento tanto como nos lo tomamos todos los que estamos en esta sala”, ha dicho el primer ministro británico, Keir Starmer, a los representantes de bancos, fondos de inversión y gigantes multinacionales —más de 200— congregados este lunes en la Cumbre de Inversores Internacionales celebrada en Guildhall, el palacio que suele acoger las ceremonias principales de la City de Londres, el corazón financiero y legal de la ciudad.

El Partido Laborista de Starmer se ha esforzado desde un primer momento —a lo largo de varios años en la oposición— por presentarse como una formación de izquierdas aliada de los trabajadores pero dispuesta a trabajar con los empresarios.

A la incertidumbre y nerviosismo que trajo consigo el Brexit se ha sumado un marco regulador, a la hora de planificar viviendas, infraestructuras o instalaciones energéticas, que favorece los intereses locales frente a las estrategias nacionales. Un plan de construcción, por ejemplo, de una central eólica, puede suponer la entrega a la Administración de hasta 1.000 formularios legales. Cada nuevo proyecto, metro a metro, se enfrenta a un aluvión de demandas por parte de los que la jerga británica bautizó hace tiempo como NIMBYs (acrónimo de Not In My Backyard, No en mi patio trasero), ciudadanos a favor del progreso, siempre que no altere su barrio o su paisaje.

Starmer, cuyos 100 primeros días al frente del Gobierno (se cumplieron el pasado sábado) se han centrado en sofocar el incendio por el escándalo de los trajes y entradas de fútbol gratuitos y la irritación de los sindicatos por los recortes sociales, busca desesperadamente el espaldarazo de la comunidad empresarial a sus promesas de estabilidad y crecimiento.

De momento, ha empezado con buen pie. Los principales responsables de 14 mastodontes financieros —JP Morgan, Goldman Sachs, Blackstone o Bank of America, entre otros— han enviado una carta conjunta al diario The Times, horas antes del comienzo de la cumbre, en la que afirman que se ha abierto “una oportunidad real para que la economía del Reino Unido crezca, con la atracción de inversión internacional”.

Derechos laborales y boicot

Las promesas de una regulación más ligera e inteligente, menos burocrática, se han juntado en el tiempo con el inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Derechos de los Trabajadores, que pretende dificultar los despidos improcedentes desde el primer día del contrato o ampliar las ayudas económicas en las bajas por enfermedad o maternidad/paternidad.

“Sé que algunos de vosotros estáis preocupados por la normativa laboral que comenzamos a tramitar la pasada semana”, ha dicho Starmer a los asistentes a la cumbre. “Quiero que quede claro, serán normas que favorezcan el crecimiento. Porque unos trabajadores con más estabilidad laboral y mejores salarios contribuyen a un mejor modelo de crecimiento económico para este país”, aseguraba.

Sin embargo, algunos sectores del Partido Laborista más a la izquierda han expresado su frustración, al ver cómo Starmer afeaba a su secretaria de Estado de Transporte, Louise Haigh, para intentar salvar la imagen de la cumbre de este lunes.

En la presentación de los nuevos derechos laborales, Haigh recordó el episodio de 2019, cuando la compañía naviera de ferris, P&O, parte la multinacional DP World del Gobierno de Dubai, despidió de la noche a la mañana a 800 trabajadores. El Gobierno conservador de Boris Johnson llegó a sugerir entonces un posible boicot de la empresa que quedó en nada, pero la ministra laborista, cinco años después, recogió el guante, definió a la naviera como una “empresa gamberra” y exigió también un boicot a sus actividades.

Nadie había advertido a Haigh que DP World había comprometido su asistencia a la cumbre para anunciar más de 1.000 millones de euros en inversiones. La amenaza de la compañía de echarse atrás bastó para que Starmer desautorizara públicamente a su ministra. No solamente era la primera vez en que Downing Street dejaba en la estacada a un ministro desde que los laboristas llegaron al poder. El propio Starmer había reclamado en su día al entonces primer ministro Boris Johnson que rompiera toda relación con la compañía hasta que readmitiera a sus 800 empleados, cosa que nunca hizo.

El pragmatismo de Starmer, ante la promesa de cerca de 60.000 millones de inversión privada en infraestructuras, renovables o proyectos de inteligencia artificial, ha llevado al primer ministro a aparcar a un lado esa batalla, para decepción de muchos de sus aliados.