Una agresión policial en Mánchester reabre el debate sobre el uso de la fuerza de los agentes

El uso de la violencia por parte de la policía vuelve a ser cuestionado en el Reino Unido, después de que un agente fuese suspendido de todas sus funciones como consecuencia de un vídeo en el que patea la cara a un joven que había sido reducido en el suelo en el aeropuerto de Mánchester. Las imágenes del incidente, que tuvo lugar el pasado martes y se saldó con cuatro detenidos y tres policías en el hospital, fueron calificadas por la misma Policía del Gran Mánchester —el área metropolitana de esa ciudad o GMP, en sus siglas en inglés— como “verdaderamente impactantes”. El propio cuerpo se puso al día siguiente en manos del regulador de conducta policial para una investigación independiente.

Después de que el episodio fuese ampliamente compartido en redes sociales, cientos de personas se congregaron en la noche del miércoles en un acto de protesta ante la comisaría de la GMP en la localidad de Rochdale (situada en el área de Greater Mánchester), de la que se cree procede el hombre aparentemente agredido, según ha informado el diputado que representa a la circunscripción en el Parlamento británico. La concentración transcurrió de manera pacífica, pero los asistentes condenaron la conducta de la GMP con cánticos de “debería darte vergüenza” (‘Shame on you’, en inglés) y denuncias de “racismo institucional” por parte del cuerpo. La víctima de la agresión policial es musulmán, según los medios británicos.

El vídeo de la polémica muestra cómo un hombre inmovilizado con una pistola Taser recibe una patada en la cara, cuando se encuentra boca abajo, por parte de un agente que lleva uniforme y, a continuación, este le golpea la cabeza contra el suelo. Además, se oye cómo sus compañeros apelan a los testigos para que no se acerquen y, adicionalmente, otro vídeo que también circula por internet refleja cómo una mujer que trata de intervenir para rebajar la tensión es apartada por la policía.

La GMP se ha puesto ya voluntariamente a disposición de la Oficina Independiente de la Conducta Policial (IOPC, en sus siglas en inglés) para que el regulador proceda a una investigación integral. El organismo ha comenzado ya las pesquisas, ayudado por, según la directora regional, por un “número significativo” de vídeos grabados por las cámaras que portaban los agentes en su propio equipamiento e imágenes tomadas a través de los circuitos de CCTV.

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Brutal agresión policial en el aeropuerto de Mánchester

Adicionalmente, la GMP ha expuesto en un comunicado que agentes armados habían sufrido antes un “asalto violento” cuando intentaban arrestar a una persona tras una pelea en el aeropuerto de la ciudad inglesa. Hasta tres oficiales recibieron puñetazos que los derribaron al suelo y tuvieron que ser llevados al hospital, una de ellos con una nariz rota, según esta versión. Asimismo, la Policía del Gran Mánchester ha subrayado que, puesto que los oficiales contaban con armas, “había un riesgo claro de que estas les fuesen arrebatadas”.

El alcalde del Gran Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha instado ya a la calma para evitar una escalada, si bien este jueves estaba prevista una concentración de protesta ante la sede de su oficina. No en vano el incidente ha reavivado, una vez más, el prolongado debate sobre el alcance de la fuerza física por parte de la policía y las acusaciones de racismo estructural y otras conductas cuestionables.

En los últimos años, sucesivas encuestas han venido evidenciando el dramático descenso de la confianza de la ciudadanía británica en sus fuerzas de seguridad, una tendencia que se ha visto agravada tanto por episodios recientes y del pasado, como por informes oficiales que han condenado una cultura de racismo, misoginia y homofobia, como hizo el llamado Informe Casey, una profunda revisión de las prácticas de la Policía Metropolitana, el mayor cuerpo del país, publicado en 2023.

La propia GMP, el cuerpo actualmente bajo investigación, fue criticada hace tan solo unos días por el trato a los detenidos, también en un informe que denunció que los agentes empleaban “su poder imprudentemente, innecesariamente y, a veces, ilegalmente”, una censura ante la que el comisario jefe tuvo que disculparse y que lo llevó también a aceptar las recomendaciones de una comisión que había sido promovida previamente tras las alertas generadas por la experiencia de mujeres bajo custodia.

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